Jorge Bofill anticipa nuevas demandas de Australis contra Isidoro Quiroga en Chile

El 27 de octubre se cumplirán dos años desde que Australis Seafoods —controlada por la china Joyvio— presentó su primera autodenuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente. En ese tiempo, la compañía ha implementado un plan significativo de reducción de operaciones, en medio de una disputa total entre la empresa china y el empresario chileno Isidoro Quiroga. Los asiáticos acusan haber sido víctimas de una estafa en la compra de la salmonera, valorada en US$921 millones a finales de 2018, alegando que durante años se incumplieron normativas ambientales para aumentar la producción. Isidoro Quiroga y sus abogados rechazan categóricamente las acusaciones.

Desde Australis afirman que, debido a las malas prácticas de su excontrolador, la empresa ha tenido que realizar ajustes significativos, reduciendo su producción en un 50% en 2023 y 2024, alcanzando niveles cercanos a las 50 mil toneladas. Esto ha ocasionado pérdidas por US$ 80 millones en 2023 y por US$ 34 millones en el primer semestre de 2024. Además, han cerrado varias instalaciones de agua dulce y centros de operación en el mar, incluyendo el cierre de su planta de procesamiento en Punta Arenas, en octubre, lo que ha implicado la desvinculación de más de 1.300 empleados directos.

En conversación con Pulso, uno de los abogados de la salmonera, Jorge Bofill —socio de Bofill Escobar Silva— hace un balance de la ofensiva legal y destaca que este no es un conflicto meramente entre privados, y subraya la importancia de proteger la imagen del país como destino de inversión extranjera. Bofill también compara a Quiroga con Bernard Madoff, responsable de una de las mayores estafas en la historia de Wall Street.

¿Cuáles son los frentes abiertos por el conflicto con el empresario Isidoro Quiroga?

-En Chile existe un arbitraje internacional en contra de las empresas vendedoras de Australis, que son propiedad de la familia Quiroga. En ese arbitraje se busca la resolución del contrato de compraventa y, en subsidio, se demanda una indemnización por perjuicios, equivalente a la diferencia entre el valor pagado y el valor real de la compañía al momento de la compra. El 30 de agosto concluyó la presentación de pruebas. Aún quedan algunos escritos pendientes, y es probable que la sentencia se dicte hacia el final del primer semestre del próximo año.

Además, en Chile hay una investigación penal que corresponde a la acumulación de dos querellas. Una de ellas fue presentada por Joyvio y su vehículo de inversión en Chile, Food Investment, mientras que la otra fue interpuesta por Australis, por administración desleal. La primera querella es por estafa, la cual se amplió posteriormente a un delito bajo la ley de Mercado de Valores, por la entrega de información falsa a la CMF y al mercado. En el caso de administración desleal, también se amplió a lavado de activos.

Todo esto está bajo la investigación de la Fiscalía Oriente, específicamente de la Unidad de Alta Complejidad, que ha estado trabajando en el caso desde abril del año pasado. Este es un caso grande y complejo, por lo que no es sorprendente el tiempo que ha tomado la investigación. Creemos que estamos llegando a un punto donde la Fiscalía tomará la decisión de formalizar o no la causa.

¿Cuáles son las consecuencias de la última sentencia del tribunal británico? ¿Cree que su contraparte está malinterpretando el dictamen?

-Yo no usaría el eufemismo “malinterpretando”, porque ellos están directamente tergiversando lo que dice la sentencia. Inicialmente le pidieron al tribunal que rechazara nuestra demanda, pero el tribunal negó esa solicitud. Luego solicitaron que se declarara que habíamos actuado de manera irrazonable al presentar nuestra demanda en Inglaterra, y el juez determinó que no era necesario pronunciarse sobre ese punto. Sin embargo, si hubiese tenido que hacerlo, sostuvo que actuamos correctamente, ya que para demandar en Chile, al menos uno de los demandados debe estar domiciliado en el país.

Ellos argumentan que Martín Guiloff (ejecutivo de confianza de Quiroga) estaba domiciliado en Chile, lo cual es falso, ya que él estaba domiciliado en España. El juez concluyó que Guiloff no vivía en Chile y que, al momento de presentar nuestra demanda, nadie lo hacía. Por ello, fue completamente razonable que demandáramos en el domicilio del demandado principal, el señor Quiroga, que residía en Inglaterra, y que lo notificáramos allí.

Ahora, dado que Quiroga se trasladó de nuevo a Chile, el juez dijo que debía pronunciarse sobre este hecho al momento de la audiencia, no al momento de la demanda. Y como recién en abril de este año Quiroga informó que se fue a vivir a Chile, el juez determinó que el juicio debería llevarse a cabo en Chile.

Logramos que el señor Quiroga volviera a Chile para poder demandarlo aquí, y es lo que haremos ahora.

¿En qué sede se presentarían esas acciones judiciales?

-Estas acciones judiciales tienen como sede natural los juzgados ordinarios civiles de Santiago, dado que el señor Quiroga tiene aquí su domicilio. Él ha sostenido en diversas instancias que deberíamos demandarlo en el arbitraje internacional, y es probable que repita esa alegación cuando presentemos la demanda. Sin embargo, nos ocuparemos de esa argumentación en su debido momento, ya que el juez británico ha dejado claro que los tribunales competentes para conocer esta materia son los juzgados civiles chilenos.

¿Es una demanda de indemnización de perjuicios lo que viene?

-Sí, porque esta es una acción civil derivada de los delitos de estafa y administración desleal. Estos delitos, por definición, generan perjuicios. Lo que vamos a demandar son los daños causados por ambos delitos ante un tribunal civil. Nos referimos a los perjuicios sufridos tanto por Australis como por Joyvio.

¿Existe una estimación de los perjuicios sufridos por ambas compañías?

-No quiero equivocarme con los números, pero diría que en el caso de Joyvio estamos hablando de alrededor de US$1.000 millones, y en el caso de Australis, al menos de un par de cientos de millones de dólares.

¿Realmente cree que se puede rehacer o anular la compra de una empresa salmonera por más de US$900 millones?

-Probablemente nunca ha ocurrido algo similar, ya que en la historia de Chile no ha habido un fraude de esta magnitud. Es difícil encontrar comparaciones para este caso. Personalmente, no recuerdo un fraude de tales dimensiones en el país, que además haya involucrado a tantas personas y autoridades engañadas. Este caso está muy lejos de ser un simple conflicto entre privados, en el que, por un lado, está el señor Isidoro Quiroga y, por el otro, los compradores chinos.

Es importante recordar que esta compañía estaba listada en bolsa, lo cual es particularmente relevante, ya que los resultados que reportaba se basaban en malas prácticas empresariales sostenidas durante varios años. La empresa, mientras cotizaba en bolsa e informaba al mercado, infringía en todos sus centros de cultivo los máximos permitidos por las resoluciones de calificación ambiental.

¿Pero ustedes apuntan directamente a entidades regulatorias que debieron haber fiscalizado lo que estaba pasando con Australis?

-Este caso no es simplemente un asunto entre privados, ya que involucra a distintas autoridades que fueron engañadas durante muchos años, al igual que nuestros clientes. El precio de compra y venta se fijó sobre la base de información falsa, ya que los números reportados eran incorrectos. Esto representa dinero mal habido, pero además es un caso gravísimo desde el punto de vista de la reputación del país. Recordemos que Joyvio, que en parte pertenece al Estado chino, es el segundo socio comercial de Chile.

En todo el mundo, cuando se adquiere una compañía cotizada en bolsa, se presume que la información proporcionada a la bolsa es correcta. Por lo tanto, al comprar acciones en el mercado bursátil, no se realiza un due diligence exhaustivo, ya que se confía en la veracidad de la información entregada por la empresa. Aquí se jugó con la fe pública durante muchos años.

Además, en China, para que una compañía pueda realizar una inversión extranjera como esta, debe contratar asesores independientes que realicen su propio análisis de la empresa objetivo, en este caso Australis, y entreguen informes independientes a las autoridades chinas. Estos informes son necesarios para registrar la inversión, acceder al mercado cambiario y pagar el precio de la compañía.

Pues bien, tres asesores de grandes firmas chinas vinieron a Chile, viajaron a Santiago y al sur, a Puerto Varas, donde realizaron entrevistas con el equipo ejecutivo de Australis sobre, entre otras cosas, la existencia de contingencias. Recopilaron toda la información requerida y enviaron sus informes al gobierno chino, específicamente al ministerio correspondiente, indicando que la compañía estaba en orden. Sobre esa base se autorizó la inversión.

Decir que este es un problema entre privados es una simplificación gigantesca de un tema mucho más grave y profundo, dada la relevancia que tiene para el país.

Insisto. Un país no puede funcionar cuando no se respetan las reglas del juego.

¿Qué balance hace del arbitraje?

-Ahora que el arbitraje ha concluido, en el cual estuve presente y conozco de primera fuente lo que sucedió, puedo decir con tranquilidad que en Chile hacer trampa no estaba permitido en 1990, ni en 2010, ni en 2020. La defensa de los abogados de Quiroga sostiene que era legítimo hacer trampa hasta el año 2020 o 2021, cuando, supuestamente, lo cual es una gran mentira, la Superintendencia del Medio Ambiente y las autoridades encargadas de fiscalizar la acuicultura habrían cambiado de criterio. Esa es su defensa. Para sostenerla, contrataron a varias personas para argumentar que hubo un cambio de criterio. Ese argumento es simplemente falso porque las reglas han sido las mismas durante muchos años en Chile, y eso lo sabe toda la industria.

¿Han tenido que reestructurar sus deudas también?

-Por supuesto. Las consecuencias patrimoniales para Joyvio y Australis han sido enormes. Pero este no es solo un problema de dinero; es un problema de malas prácticas y trampas, y los abogados de Quiroga están tratando de normalizarlas.

Acá hay consecuencias económicas muy graves en un país que ya tiene muy poca inversión, y nos damos el lujo de no actuar. Si no prosperamos con estas acciones, es equivalente a permitir que las malas prácticas y trampas de Quiroga sean legitimadas. Esto afectaría gravemente la reputación de Chile como destino de inversiones, llevándolo a una categoría nula.

¿La empresa china dueña de Australis busca normalizar su operación para venderla?

-No estoy al tanto de los planes comerciales de los propietarios chinos. Nuestro encargo es gestionar las consecuencias legales y económicas de esta transacción, si así lo deciden. La demanda arbitral tiene como objetivo principal que se les devuelva el dinero, y por lo tanto, el arbitraje busca que Australis vuelva a manos de Quiroga y que él, a su vez, devuelva los fondos.

¿Hubo también una falta de fiscalización por parte del Estado chileno al no supervisar la sobreproducción de Australis?

-No, eso sería culpar al mensajero. Seguir ese argumento sería darle la razón a Quiroga. Si hiciéramos eso, estaríamos echando la culpa al carabinero por no estar presente cuando Quiroga pasaba a 250 km/h por la carretera. La responsabilidad aquí está muy clara: recae sobre Quiroga y la manera en que administró la empresa durante varios años, antes de venderla. No se debe culpar a la autoridad. Quiroga era completamente consciente de sus malas prácticas y se dedicó a engañar al mercado durante años, manipulando sus reportes financieros a la CMF y a los bancos de inversión, quienes requerían información para realizar valorizaciones de la compañía. De hecho, en 2018 se hicieron varias valorizaciones que concluían que la empresa valía lo que finalmente se pagó por ella.

Los compradores no fueron ingenuos; Isidoro Quiroga diseñó un esquema que le funcionó durante mucho tiempo. Hay antecedentes históricos de personajes similares: (Bernard) Madoff hizo algo muy parecido, engañando a muchas personas y al mercado entero hasta que fue descubierto y encarcelado. Por lo tanto, no cambiemos el foco sobre quiénes son los responsables. Si bien sería deseable que la Superintendencia del Medio Ambiente hubiera resuelto antes la autodenuncia, lo importante ahora es normalizar la situación de la compañía.