Durante casi cinco años, el abogado Pedro Hernán Águila representó en las causas civiles asociadas al caso cascadas al expresidente de SQM, Julio Ponce Lerou. Águila asumió su defensa a fines de 2014, cuando Ponce decidió no renovar el contrato de servicios que hasta entonces mantenía con Raimundo Labarca, quien lo defendió durante la investigación que la entonces Superintendencia de Valores y Seguros desarrolló por operaciones bursátiles sospechosas realizadas con acciones de las cascadas que controlaban SQM. En su momento, Labarca se fue por discrepancias en torno a sus honorarios, aunque en el entorno de Ponce aludían más bien al cierre de un ciclo. La salida de Águila tiene la misma motivación: el dinero adeudado.

El abogado representaba a Julio Ponce en cuatro juicios de indemnización de perjuicios presentados por las AFP Provida, Habitat, Cuprum y Capital. La primera fue ganada por Provida en primera instancia, Habitat y Cuprum perdieron y la de la Capital está aun pendiente de fallo. Las tres primeras están siendo revisadas por la Corte de Apelaciones. A todas esas causas, Águila renunció esta semana formalmente, aduciendo que Ponce no cumplió “lo pactado respecto de los honorarios” fijados en otro juicio aún más trascendente para Ponce: la reclamación de la multa que la SVS le fijó, por 1,7 millones de UF, en septiembre de 2014. Ese juicio es el fundamento de las demandas de las AFP, lo que, según Águila, hace “incompatible mantener el patrocinio y poder en esas circunstancias”, según escribió en textos de renuncia que ingresó esta semana en tribunales de justicia.

Lo que reclama Águila es el no pago de los honorarios pactados en la reclamación de la multa en la Suprema, algo que cercanos a Ponce consideran una simple “diferencia de opinión”.

El caso que Águila defendió hasta hace poco más de un mes en tribunales es clave para las finanzas de Ponce: la Tercera Sala debe resolver si confirma el fallo de la Corte de Apelaciones y mantiene la multa de 75 mil UF (US$ 2,6 millones) o si lo revoca y queda a firme el dictamen de primera instancia, que ratificó la histórica sanción de 2014 de la SVS -hoy Comisión para el Mercado Financiero-de 1,7 millones de UF (US$ 60 millones al precio de ayer). Una tercera opción es anular la multa cursada y determinar que no existió infracción a las leyes de mercado de valores y sociedades anónimas. Ponce fue acusado en 2013 y sancionado en 2014 por ser, según la autoridad administrativa, “el ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”.

Cambio a días del final

La multa de la SVS de septiembre de 2014 fue confirmada por el 18 Juzgado Civil de Santiago el 15 de abril de 2016. La Corte de Apelaciones ratificó la infracción en febrero de 2019, pero la redujo a 75 mil UF. Ello porque, el Tribunal Constitucional determinó -por seis votos a cuatro en el caso de Ponce- que la norma que permitía a la SVS multar hasta por el tercio del monto de una operación irregular era inconstitucional y redujo así el monto máximo a solo 75 mil UF. El caso llegó a la Suprema en junio de 2019. Y Águila se preparó para su batalla final.

El 5 de mayo pasado, Águila se inscribió para alegar la causa. Tres días después, confirió poder a otro abogado que ha asesorado a Julio Ponce en las aristas penales del caso cascadas y del caso de las platas políticas: Jorge Bofill. A petición de su cliente, Julio Ponce, Águila salió de escena y ante los ministros de la Tercera Sala expuso Bofill. Cercanos a Ponce dicen que la designación de Bofill obedeció a que estaba mejor preparado para esos alegatos, ya que conocía el caso en todas sus dimensiones. Otros lo atribuyen a su ascendiente en tribunales superiores. El 12 de mayo, el ministro Sergio Muñoz, manifestó tener dos causales de inhabilidad en relación con el abogado Bofill, algo que, según abogados del foro, había ocurrido antes en otras causas. Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que defiende la tesis de la multa original de US$ 60 millones, decidió no recusarlo y Muñoz se mantuvo en la vista de la causa.

Los alegatos se hicieron finalmente el martes 26 de mayo. Alegó Jorge Bofill y el consejero del CDE, Raúl Letelier. Ese mismo día, la Tercera Sala, integrada por Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, más los abogados integrantes Pedro Pierry y Diego Munita, dejó en acuerdo un fallo que marcará el futuro de Ponce, pero también de todos los otros implicados en el caso cascadas, para quienes también el TC rebajó sus respectivas multas y un pronunciamiento de la Suprema a favor o en contra de Ponce podría servir como feliz o infeliz precedente.