El pasado miércoles, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, participó en un conversatorio organizado por la oficina de abogados García Nadal & Cía., cuyo socio principal es representante en el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia (COSOC), junto con el Colegio de Abogados, en conmemoración del décimo aniversario de la Ley N°20.720.

Durante el evento, la autoridad hizo un balance sobre el impacto y los avances de la normativa que, desde 2014, regula los procedimientos de insolvencia en Chile. Sánchez destacó que, desde la entrada en vigencia del texto legal, se han llevado a cabo más de 48.000 procedimientos concursales, una cifra significativamente superior a los 5.300 realizados durante los 34 años de vigencia de la antigua Ley de Quiebras.

Sin embargo, aunque hace un año entraron en vigencia las mejoras introducidas por la Ley 21.563, los últimos cambios no han logrado convencer a los expertos que asesoran a empresas y personas de alto patrimonio en procesos de reorganización de deudas. Hace dos semanas, Ricardo Reveco, socio de Carey, y Ernesto Solís, socio de Fix Partners Advisor, enviaron una propuesta de ajustes a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, en su calidad de directores de TMA Chile, capítulo local de la Turnaround Management Association, la mayor organización mundial dedicada a la recuperación de empresas.

TMA Chile propuso al superintendente Sánchez una serie de modificaciones a la Ley 20.720 con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente el sistema concursal chileno. Entre las propuestas más destacadas se incluye la posibilidad de permitir la reestructuración coordinada de grupos empresariales, lo que facilitaría la acumulación de procedimientos ante un solo tribunal y un mismo veedor, reduciendo así costos y tiempos. Además, sugieren que la protección financiera concursal se active automáticamente desde la presentación de la solicitud de reorganización, evitando los retrasos que pueden poner en riesgo a la empresa deudora.

Otro cambio relevante es la facultad para rescindir contratos gravosos que afecten la estabilidad financiera de la empresa en reorganización, como arriendos o leasings, con la protección correspondiente de los derechos de los acreedores. También resaltan la necesidad de que la Tesorería General de la República (TGR) participe activamente en los procesos de reorganización judicial, otorgando mayor flexibilidad en la renegociación de deudas fiscales, para evitar que estas se conviertan en un obstáculo para la reestructuración.

La organización también sugiere mejoras en el acceso a financiamiento mediante el fomento del Debtor in Possession (DIP), proporcionando incentivos para la banca y una mayor protección a los acreedores que otorguen este tipo de crédito. Además, proponen extender la preferencia de pago a proveedores esenciales que hayan suministrado bienes o servicios antes y después de la resolución de reorganización, y simplificar los acuerdos de reorganización extrajudiciales, reduciendo quórums y ofreciendo protección financiera similar a la reorganización judicial.

En este contexto, Pulso consultó a un grupo de expertos en insolvencia sobre la más reciente reforma a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

Nicolás Mena, abogado y veedor concursal, señaló que, aunque la reforma a la ley 20.720 representó un avance, especialmente al eliminar la categoría de empresa de la persona natural que emite boletas de honorarios, se desaprovechó la oportunidad de avanzar en tres aspectos clave para el mercado concursal chileno. Primero, destacó la falta de incentivos para que las empresas reorganizadas accedan a capital de trabajo, un problema que en países como Estados Unidos se soluciona mediante el Debtor in Possession (DIP) financing, una herramienta esencial para el éxito de las reorganizaciones. Mena subrayó que “desde 2014, solo 467 empresas se han sometido a un proceso de reorganización” debido a la falta de financiamiento, lo que lleva a compañías como Latam a preferir la legislación estadounidense. Además, criticó que la reorganización simplificada no haya incluido suficientes incentivos para las micro y pequeñas empresas, como la creación de una escala de honorarios para los veedores, lo cual habría abaratado costos. Finalmente, lamentó que “no se aprovechara la oportunidad para fortalecer a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

Por su parte, Valeria Cañas, liquidadora y veedora concursal, centró su análisis en la ampliación del plazo para interponer acciones revocatorias. Según Cañas, el plazo actual de un año desde la Resolución de Liquidación es insuficiente, ya que “las pesquisas sobre los posibles bienes del deudor suelen extenderse más allá de este tiempo”, lo que limita la eficacia de las acciones revocatorias. En cuanto a la posibilidad de realizar más mejoras durante este gobierno, Cañas fue tajante: “No parece haber espacio suficiente para ello”. Sin embargo, destacó la importancia de que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuente con los recursos adecuados para gestionar el creciente número de procedimientos concursales, enfatizando que “la fiscalización conforme a derecho es fundamental para el buen funcionamiento del sistema”.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda & Pino Abogados, resaltó que la última modificación de la ley 20.720 trajo mejoras significativas, sobre todo en materia de protección financiera concursal. Sin embargo, indicó que los procedimientos simplificados para micro y pequeñas empresas a veces generan incertidumbre sobre si estas califican para dicho régimen, lo que retrasa el proceso. Castañeda propuso que “las empresas deudoras puedan optar voluntariamente entre la normativa de Reorganización Judicial general o la simplificada”, con el fin de facilitar los procesos. Además, señaló la necesidad de reformas estructurales, como “el inicio de la protección financiera concursal desde la presentación de la solicitud de reorganización” y la creación de “procesos únicos para grupos de empresas relacionadas”, una propuesta que TMA Chile está socializando para modificar la Ley Concursal.

Frente a la solicitud de nuevos cambios, el superintendente, Hugo Sánchez, explicó a Pulso que “es habitual que a la Superintendencia lleguen propuestas de ideas para mejorar la ley de insolvencia por parte de distintos grupos de interés”. tal como ocurrió con la propuesta de TMA Chile presentada por Ernesto Solís y Ricardo Reveco. La autoridad añadió que recientemente también recibieron una propuesta de la Asociación de Liquidadores, que agrupa a los sujetos fiscalizados que administran liquidaciones de personas y empresas.

Sánchez afirmó que la Superintendencia siempre ha estado abierta a recibir estas propuestas, que suelen recoger ideas discutidas en seminarios, congresos y conferencias nacionales e internacionales. Sin embargo, transformarlas en un proyecto de ley requiere un trabajo más profundo. Según Sánchez, este proceso implica “un análisis jurídico de todas las leyes y normas que se pueden relacionar con las modificaciones”, y la necesidad de demostrar empíricamente los beneficios de las propuestas mediante hechos, estadísticas y resultados pasados. “El beneficio debe demostrarse de manera empírica”, subrayó, destacando la importancia de evaluar el impacto real de las modificaciones.

Respecto a las propuestas de TMA Chile, Sánchez reconoció que muchas de estas ideas, como mejorar los mecanismos de financiamiento de empresas en estrés financiero, ya han sido discutidas tanto en Chile como a nivel internacional. “Son ideas que se han tratado con anterioridad en el mundo de la insolvencia”, señaló, y añadió que la reciente modificación legal que entró en vigencia el año pasado estuvo enfocada en las micro y pequeñas empresas, así como en personas naturales. A pesar de las mejoras logradas, “aún queda un margen por mejorar en este ámbito”, admitió.