Acreedores chilenos contratan estudio de abogados experto en litigios para oponerse al plan de reorganización de Latam

La primera batalla entre Latam Airlines y un grupo de acreedores chilenos no ha terminado y ya se asoma en el horizonte una segunda. Mientras el juez James J. Garrity se ha tomado más tiempo de lo previsto para aprobar el plan de reorganización propuesto por Latam en noviembre de 2021, algunos tenedores locales de bonos, representados por BancoEstado, ficharon a un estudio de abogados que los representará en su oposición a las propuestas de Latam en los tribunales chilenos: Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo. El caso lo abordarán los socios Cristóbal Jimeno y Pedro Pablo Gutiérrez, este último un especialista en litigios que fue socio de Carey y que ha tenido protagonismo en casos como las Chispas, La Polar, SQM y la disputa entre Anglo American y Codelco.

Los bonistas chilenos reclaman que el plan de reorganización de Latam los discrimina en relación a los acreedores internacionales: mientras los locales recibirán el 19% del valor nominal de sus deudas, los extranjeros obtendrán el 100%, acusan. Además, han cuestionado operaciones realizadas en 2019, las que “no fueron reveladas oportunamente por Latam a sus acreedores y al mercado”, acusaron en diciembre, y que habrían permitido a los acreedores extranjeros mejorar su posición de recuperación. Los comités de tenedores de bonos locales están integrados por las AFP Provida, Capital y Cuprum, además de la AFC, el banco Bice y las compañías de seguros de vida de Metlife y Security. Hasta ahora, ese grupo trabaja también con el estudio Honorato Delaveau en Chile y Paul Hasting LLP, en Estados Unidos.

La participación de abogados en Chile es relevante porque lo que se resuelva en el tribunal de quiebras de Estados Unidos deberá, luego, ser reconocido en los tribunales chilenos. “Como está, el convenio infringe las normas chilenas”, dicen en el grupo de bonistas que acusan que, según la legislación local, no puede haber un trato discriminatorio para acreedores de una misma clase, en este caso, los no garantizados.

El chapter 11, al que se acogió Latam en mayo de 2020, ha sido informado en Chile en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, pero hasta no ha sido controversial. Pero las habrá. Cuando sea el momento de ratificar el convenio, los acreedores descontentos activarán su ofensiva legal.

¿Tiene peso lo que diga un tribunal chileno sobre la decisión de Estados Unidos? Sobre los activos chilenos, sí, responde un abogado consultado sobre este caso. Además, los acreedores podrían entorpecer todo un plan por más de US$8.000 millones: la emisión de acciones y de bonos incluida en el plan debe ser realizada desde Chile y en ella, alertan, tendrá que opinar también la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).