Mucho se habla hoy en día del aporte que las empresas hacen al desarrollo y sus proyectos a los territorios donde se insertan. Este tema tiene una especial relevancia, tomando en cuenta la importante cantidad de conflictos socioambientales pendientes en nuestro país.
En lo concreto, y según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile existen 116 conflictos, de los cuales 92 (alrededor del 78%) están activos o latentes.
Este hecho no solo impacta a aquellos proyectos de inversión que tienen especial relevancia para el crecimiento de nuestro país, sino que perjudica también a los territorios, impidiendo que dicho crecimiento sea compartido con quienes habitan en las zonas donde se llevarán adelante estos futuros proyectos de inversión.
Hoy los denominados acuerdos colaborativos de desarrollo territorial que están contemplados en el proyecto que propone la creación de una Agencia de Diálogo Territorial - iniciativa de Alianza Valor Minero y una diversa plataforma de actores del mundo gubernamental, privado, académico y de la sociedad civil- , son una oportunidad real para todos quienes participan de este proceso.
La iniciativa de Agencia de Diálogo, que fue entregada a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y presentada recientemente en la Cámara de Diputados, en el contexto de la tramitación del proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que en la denominada mesa de diálogo, instancia donde participan el titular, el Estado y las comunidades, se acordarán entre las partes, iniciativas de desarrollo territorial prioritarias; el diseño de un plan de ejecución de las iniciativas de corto, mediano y largo plazo; y la definición de indicadores de seguimiento y monitoreo durante toda la existencia del proyecto de inversión.
El objetivo de esta instancia no es lograr beneficios desde una lógica transaccional, situación que solo favorece a quien sabe negociar de mejor forma. Los acuerdos colaborativos de desarrollo territorial apuntan a una amplia diversidad de ámbitos como, por ejemplo, la distribución de utilidades; la generación de inversiones que aportan valor, tanto a los habitantes del territorio como a las empresas; el desarrollo de infraestructura compartida; proyectos de inversión social; e incluso, la transferencia de conocimiento e información sobre el territorio.
Esta es la lógica que debe imperar en el relacionamiento de los inversionistas y las comunidades. Hoy son las autoridades las llamadas a transformar en realidad la propuesta de política pública, una de cuyas fórmulas es través del mejoramiento del proyecto de ley que reforma el SEIA, iniciativa tramitada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Solo así la lógica de la transacción será superada por los bienes públicos y el desarrollo territorial para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan los territorios.
