Complejas pareciera que serán las negociaciones durante los próximos seis meses entre los controladores de Nuevo Pudahuel, los franceses Aeroports de Paris y Vinci Airports, y el Estado chileno. El gobierno reaccionó este miércoles a la intención de los principales accionistas del consorcio que en 2015 se adjudicó la concesión del aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez (AMB), y que fue comunicada el martes al Presidente de la República, de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El conflicto se activó cuando Nuevo Pudahuel solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) extender el plazo del contrato de concesión producto de la pandemia, que en 2020 les generó pérdidas netas por US$37 millones, pero la cartera no accedió a la petición, argumentando que se debían respetar los términos firmados y resguardar los intereses del Estado.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se mantuvo en su posición. Tras participar este miércoles en una actividad pública, se refirió a la acción de los controladores de Nuevo Pudahuel, y dijo que ni el contrato, ni la Ley de Concesiones, establece “que los chilenos tengamos que pagar por la pérdida económica que ellos hayan tenido durante estos meses o las que pudieran continuar”.
El secretario de Estado recordó que en los últimos cinco años, Nuevo Pudahuel ha percibido ingresos por entre US$300 millones a US$400 millones. La empresa, por su parte, dice que ya han comenzado la inyección de US$61 millones, adicionales a la inversión de US$1.000 millones de la obra, para cumplir el acuerdo financiero, entregar un nuevo terminal internacional a Chile, y evitar una quiebra, pero que sin intervención externa, al 2022 Nuevo Pudahuel no podrá cumplir sus compromisos financieros.
“Las empresas tienen que cumplir con lo que se les ha pedido, y no pueden esperar a utilizar otros mecanismos para recibir lo que no corresponde. No está en juego nada de las cosas que se dicen, ni el servicio de los pasajeros, ni el mundo de los vuelos, ellos lo que están buscando es que se les alargue el contrato, que significa miles de millones”, comentó.
“Desde el año 2015 hasta ahora, han recibido más de $240 mil millones, o sea entre US$300 millones y US$400 millones de ingresos. Es una empresa importante, tiene grandes ingresos, estuvo muy bien durante ese periodo, le ha tocado un periodo malo, pero ya veremos en el próximo tiempo, si le va a ir bien o le va a ir mal. Como todos los negocios va a tener un muy buen resultado final, de lo cual me alegraría, o va a tener un resultado regular o malo, algo que también es posible, pero en la cual los chilenos nada tenemos que hacer ni que decir, sino esperar que nos brinden el servicio que está contratado y nosotros por supuesto cumplir con todas y cada uno de los requisitos y obligaciones que establece la licitación que hemos tenido”, agregó.
Por otra parte, dijo que la “pandemia nos ha golpeado a todos, lamento que también haya influido sobre el aeropuerto pero es uno más, personas mucho más débiles que ellos han sido afectados” y que en segundo lugar, añadió, “llama mucho la atención que pudiera criticarse las restricciones que han sido necesarias para salvar la vida y la seguridad, y no hay obligación alguna de que los chilenos tengamos que pagar por las pérdidas que tenga la empresa en estos meses, como tampoco recibir beneficios cuando les ha ido bien o les vaya bien en el futuro”.
El ministro, además, con un tono más duro, criticó a la empresa y la acusó de que “ha hecho lobby en todos los ministerios que existen en este país, con todas las autoridades” y dijo que aquello “no es necesario”. “Tenemos un contrato entre una empresa de enorme magnitud, con el Estado de Chile, nosotros somos serios, somos responsables y cumplimos los contratos y la ley a carta cabal, y eso es lo que vamos a hacer. Y nuestro objetivo es uno solo, el servicio que queremos que nos brinden y defender el interés de los chilenos y del Estado, y no nos van a mover de esa posición que es la que corresponde”, señaló.
El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, también se refirió a la decisión de Aeroports de Paris y Vinci Airports. Dijo que “si la disputa llega a ser de carácter internacional, defenderemos nuestro innegable compromiso con el Estado de Derecho y el pleno respeto de nuestras obligaciones internacionales, tal como fue recientemente reconocido por el Tribunal del caso Alsacia”.
“Una cosa son las diferencias que el MOP y Nuevo Pudahuel puedan tener en el marco de su contrato de concesión de obra pública, y otra muy distinta es el eventual incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el acuerdo de protección de inversiones entre Chile y Francia. Un eventual juicio ante el Ciadi tiene esto último por objeto y el reciente laudo que pone término a la demanda de los accionistas de Alsacia y Express en contra del Estado es clarísimo en distinguir las acciones del Estado de naturaleza contractual y aquellas realizadas por el Estado en su calidad soberana”, sostuvo.
