“Uno no puede negar las condiciones difíciles, externas e internas, en las que estamos hoy día, en el mundo y en Chile. Pero no basta con decir cuáles son esas condiciones difíciles, tenemos que hacernos cargo proactivamente de enfrentarlas y torcerle la mano a los pronósticos”. Con esta frase, el Presidente Gabriel Boric comenzó su intervención en el lanzamiento del plan “Invirtamos en Chile”.

La frase resume la ambiciosa meta que se propone la agenda, que cuenta con seis ejes de acción y 28 medidas específicas, que es evitar la caída de la inversión en 2023. Un objetivo que, al mirar las proyecciones de los agentes económicos, se ve cuesta arriba. El Banco Central, en su IPoM presentado la semana pasada, estimó una caída de la Formación Bruta de Capital Fijo de 3,3% para el próximo año.

A la previsión del ente autónomo se suma la visión del grupo de expertos que son consultados en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), quienes fueron más pesimistas, y calculan una caída de 3% para este año y de 4% para el próximo.

Sin embargo, la agenda pro inversión del Ejecutivo -que contempla medidas administrativas y otras que requerirán cambios legales, a través de proyectos de ley- busca revertir esas estimaciones.

“Es el objetivo más ambicioso del conjunto de medidas. Esperamos poder contener y revertir esa proyección negativa que existe de parte del Banco Central y de distintos analistas”, dijo a Pulso el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. El secretario de Estado confirmó que la estimación del costo fiscal para implementar la agenda rondará los US$1.500 millones, siendo el grueso gasto tributario.

Según explica, el impulso a la inyección de recursos provendrá tanto por las medidas tributarias -que serán incluidas en las indicaciones que presentará el Gobierno a la reforma tributaria- así como medidas administrativas. Algunas de ellas, incluso, ya están en ejecución, afirmó Grau.

En ese grupo se encuentran medidas de apoyo, de gestión y recursos “a una serie de servicios que están explicando el grueso de los cuellos de botella en la parte de permisos sectoriales, y eso ya se está ejecutando y continúa en 2023″.

En concreto, son seis los ejes de la agenda: estímulos tributarios a la inversión privada; mejoras al acceso al financiamiento; propuestas para mejorar la inversión pública; promover la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.

El primero consta de seis medidas, entre las cuales están: modificar mecanismo de compensación por postergación del pago del impuesto a la renta a través de sociedades con rentas pasivas; crear un incentivo tributario para proyectos de inversión con efecto multiplicador y verde; aplicar mecanismo transitorio de depreciación semi instantánea durante 2023; postergar la entrada en vigencia de cambios respecto al tratamiento de las pérdidas tributarias; rebajar la tasa ad-valorem para proyectos cupríferos nuevos y de expansión; extender la reducción en el impuesto de primera categoría para las pymes por dos años; y eliminar cambios en tributación de contratos de leasing.

El segundo contempla crear una garantía estatal en financiamiento del 10% del pie del crédito hipotecario para la adquisición de la primera vivienda nueva; extender el porcentaje de la cobertura hasta el 100% del financiamiento de la compra de viviendas nuevas, en caso de remate del inmueble; y la creación de un programa de créditos de segundo piso Corfo, donde se cuentan $64.073 millones destinados al refinanciamiento de créditos otorgados por la banca e instituciones no financieras a proyectos de pequeñas y medianas empresas, para 2022, y agregar otros $69.040 millones destinados a proyectos de hidrógeno verde y la implementación del Plan Chile Apoya, en 2023.

En el tercer eje, se buscar aumentar inversión pública en 2023 y mejorar procesos administrativos; actualizar las Normas, Instrucciones y Procedimientos de Inversión Pública (NIP) para simplificar los trámites de obras de menor complejidad; actualizar circular 33 para simplificar el proceso de autorización de las conservaciones; la recuperación de obras públicas inconclusas; la ampliación de cobertura de reajuste polinómico; coordinar la cartera de inversiones regional con los gobiernos regionales; crear un comité a partir de septiembre que monitoree la cartera de inversiones con encadenamiento productivo; el establecimiento de la herramienta Confirming por parte de BancoEstado para anticipar el pago de facturas a proveedores; acelerar la construcción de ciclovías de alto estándar; y desarrollar una colaboración técnica entre CAF y los gobiernos regionales para su capacidad de gestión, identificar brechas técnicas para la ejecución de la inversión, desarrollar capacidades y fortalecer las competencias de los equipos.

En cuanto a las inversiones extranjeras, se proponen la reapertura de agregadurías de inversión en Europa y América del Norte, mercados que representan el 60% del stock de Inversión Extranjera Directa (IED) del país; y el fortalecimiento equipo de promoción de inversión, con miras a aumentar significativamente el número de proyectos de inversión y viabilizar los proyectos que ya están en evaluación, proponiendo una meta de atracción adicional de más de US $2.000 millones el año 2023.

Sobre la eficacia de permisos y regulaciones, se buscará el fortalecimiento de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía; crear un fondo para fortalecer los servicios críticos en la tramitación de proyectos; y crear una agencia que coordine la implementación de una ventanilla única para los permisos sectoriales. Este último, estará a cargo de un comité de expertos y podría traducirse en modificaciones legales.

Finalmente, para las alianzas público-privadas se establecen grupos de trabajo para promover la inversión, que significarán cuatro mesas sectoriales -Construcción, Energía, Transportes y Minería-, las que serán coordinadas por los ministerios de cada ramo y sesionarán periódicamente para evaluar su avance y actualizar su curso.