El 11 de noviembre, el gobierno junto a los diputados y senadores de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos firmaron un protocolo de acuerdo que buscaba destrabar la discusión del Presupuesto 2023. Y si bien con esa firma se esperaba que el trámite avanzara más rápido, la discusión de entrampó en la Cámara de Diputados enredando el primer erario fiscal del gobierno de Gabriel Boric tanto así que, en el último día del plazo constitucional, el Congreso lo despachó a ley.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la buena disposición durante todo el proceso del trámite parlamentario “que nos obliga y responsabiliza por la ejecución de los recursos el próximo año”. Además, agradeció el trabajo del equipo de la Dirección de Presupuestos y su directora Javiera Martínez, y de los parlamentarios, con quienes firmó un Protocolo de Acuerdo con una serie de compromisos que el Ejecutivo trabajará durante todo el próximo año”.

Pero qué pasó en el camino. Lo primero es que varios de los diputados de Chile Vamos y Republicanos se desmarcaron de ese acuerdo rechazando algunos programas de ministerios, glosas y partidas, pero también ingresaron indicaciones que, por implicar aumento del gasto público, el gobierno los declaró como inconstitucionales.

Entre ellos se rechazó los recursos variables de la partida del Ministerio del Interior, así como algunas asignaciones específicas para las cuales se solicitó votación separada. Asimismo, la sala declaró admisible varias indicaciones de parlamentarios de la oposición que establecían nuevas materias o posibilidades de uso de los recursos asignados.

También se opusieron algunos programas correspondientes al ministerio de la Secretaria General de Gobierno, en particular el gasto en personal. En Agricultura se rechazó la asignación de Conaf con 60 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. El programa de Áreas Silvestres Protegidas, en tanto, se rechazó con 58 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Además, se rechazó el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio al Patrimonio, que incluye los fondos para el Museo de la Memoria. También los recursos para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Todo eso, con algunos ajustes, fue repuesto en el Senado, que posteriormente en su mayoría fue respaldado por la Cámara en su tercer trámite legislativo.

No obstante, quedaron tres materias pendientes que tuvo que resolver una nueva comisión mixta. Entre esos temas estaba la rebaja de los recursos de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría de Comunicaciones, y una norma introducida en la partida de Educación.

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, en esa instancia se repusieron parte de los recursos rechazados para la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Comunicaciones, por un monto de $1.140 millones. También se reemplazó la glosa sobre Aula Segura por la creación de una mesa de trabajo que revisará las condiciones para acceder a los beneficios de la gratuidad universitaria, ante casos de delitos en la escolaridad más avanzada, la que evacuaría un informe en marzo 2023.

La mesa tendrá una composición que refleje la diversidad parlamentaria y asegure una representación equitativa. Sus resultados se presentarán al Congreso Nacional durante el primer trimestre de 2023.

Además, se incrementaron los recursos para expulsiones judiciales, destinados al Servicio Nacional de Migraciones, alcanzando la suma de $1.200 millones, y se acordó un aporte adicional por $1.000 millones para poder resolver problemas de transporte de los alumnos del Servicio Local de Educación Costa Araucanía.

También, se generó un nuevo programa en Sercotec para pymes afectadas por el estallido social llamado “Reconstruye tu Pyme”, por $1.100 millones. Finalmente, se eliminó una glosa y se retomó la regla general establecida en la ley de Transparencia que indica que las encuestas y sondeos de opinión realizados por el gobierno dejarán de ser reservados al final del período presidencial.

De esta forma finaliza el trámite legislativo del Presupuesto que aumenta el gasto en 4,2% sustentado en tres ejes: dar seguridad económica, ciudadana y social.