La semana pasada la Superintendencia de Salud verificó las nuevas propuestas que fundamentaron las isapres para alzar los planes de salud, en línea con lo que le instruyó la Corte Suprema el pasado 18 de agosto, cuando la Tercera Sala del máximo tribunal falló contra las aseguradoras y frenó los incrementos del precio de los planes para la totalidad de los afiliados del sistema, pero instruyó al regulador iniciar un nuevo proceso de adecuación.

Así, el jueves 15 la Superintendencia informó que, según su proceso de verificación, la variación del costo operacional promedio que tuvo cada isapre en el periodo analizado corresponde a 6,6% en el caso de Colmena; para Cruz Blanca fue de 4,3%; en Vida Tres un 1,4%; en Banmédica un 5,6%; en Nueva Masvida un 7,8%; y en Consalud un 14,4%.

Sin embargo, el máximo que puede subir cada aseguradora en este proceso corresponde a un 7,6%, por lo que estas últimas dos isapres no se podrán exceder de esa cifra.

Lo que no se sabía hasta ahora, era en qué porcentaje había solicitado cada isapre adecuar sus planes de salud en este proceso, y cuánto argumentaban que habían aumentado sus costos operacionales para el periodo en análisis (2019-2021). Esa información, que no había sido revelada, salió a la luz esta semana, luego de que la Superintendencia publicó las resoluciones exentas donde se detalla el análisis de la referida verificación.

Ahí se muestra que todas las isapres habían pedido alzar sus planes hasta el máximo permitido para este proceso: 7,6%, justificando que sus costos fueron bastante mayores a ese nivel máximo que podían incrementar los planes, pero el regulador, para casi todas, no llegó a los mismos números y concluyó que sus costos fueron menores a los que reportaron.

Para ello, Colmena fundamentó un alza de costos de 19,99%, lejos del 6,6% que finalmente verificó la Superintendencia. Cruz Blanca dijo que sus costos subieron 12,3%, el triple que el 4,3% que calculó el regulador. Vida Tres fue la que estuvo más alejada del cálculo de la Superintendencia, ya que lo estimó en 10,1%, versus el 1,4% que determinó la autoridad.

Por su parte, Nueva Masvida reportó un alza de costos de 36,1%, lo que se compara con el 7,8% que estimó el regulador. Banmédica calculó una variación de 30,3%, lejos del 5,6% en que terminó. La única isapre que llegó prácticamente al mismo resultado que el regulador fue Consalud, con una diferencia de una décima: la isapre calculó un alza de costos de 14,3% para el periodo, versus el 14,4% que estimó la Superintendencia.

¿Por qué la gran distancia? Lo cierto es que las cifras que sustentan la conclusión de las isapres y el regulador fueron las mismas, con algunas pequeñas distinciones que no habrían movido tanto la aguja, pero lo que pesó finalmente es que hubo diferencias importantes en el método de cálculo.

Mientras las isapres en algunos casos compararon los costos de 2018 versus los de 2021, y en otros casos sacaron cálculos en base a la variación promedio anual de costos y los multiplicaron por tres (considerando que son tres años), el regulador lo que hizo fue un promedio anual ponderado único para la totalidad del periodo, sin multiplicar por tres años. Ello, en línea con el cálculo que anteriormente había hecho la autoridad para determinar el tope de 7,6% que las isapres podían subir sus planes, donde también se calculó un promedio ponderado para definir este Indicador de Costos de la Salud del Sistema de Isapres ICSA.

La Asociación de Isapres la semana pasada dijo que “las isapres entregaron todos los antecedentes requeridos para la verificación, pero la autoridad estableció una nueva fórmula de cálculo que subvaloró la variación real de costos”. Y agregaron que “lo anterior obedece a la aplicación de un método de cálculo anómalo por parte de la autoridad, que dificulta la correcta operación del sistema”.

Para calcular cuánto podían adecuar sus planes de salud, las isapres debían evaluar cuál fue el aumento de sus costos operacionales experimentado en el trienio 2019-2021. Todo ello medido en UF, para ver cuál fue la variación por sobre la inflación. Allí principalmente debían considerar los gastos que hicieron por beneficiario en prestaciones de salud, además del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).

¿Qué fue lo que hizo Consalud para llegar a casi el mismo resultado que el regulador? En la comunicación que envió la isapre de propiedad de Inversiones La Construcción (ILC) a la Superintendencia, concluyó que “la variación promedio anual de costos totales de nuestra institución para el periodo 2018-2021 (...) considerando la misma metodología de cálculo definida por la Superintendencia de Salud mediante circular del antecedente, asciende a un 14,3% por sobre el IPC”.

Lo que hizo Consalud fue calcular el promedio de las variaciones anuales ponderadas por los costos de los años 2018 a 2020, teniendo en cuenta lo siguiente: la ponderación de la variación anual 2018-2019 es igual al costo total de 2018, en UF, dividido por la suma de los costos totales de 2018, 2019 y 2020, en UF. Y usó esa misma fórmula de ponderación de la variación anual que allí se ejemplifica (2018-2019) al evaluar cada uno de los otros periodos.

Ahí la Superintendencia concluyó que para los años en cuestión, los costos operacionales de Consalud fueron de 14,4% en promedio anual ponderado para los tres años, una décima por sobre lo que calculó la isapre.

En todo caso, en la comunicación que envió Consalud al regulador, a continuación de ese cálculo que le arrojó 14,3%, la isapre destacó que “sin perjuicio de lo anterior, el incremento real de costos totales de isapre Consalud en los años pertinentes, considerando los años en que no se aplicó adecuación de valor base, corresponde a 30,7%. Esta cifra refleja la variación del costo plan por persona beneficiaria en UF del año 2021 contra el 2019, de acuerdo a la tabla de variación promedio de costo total, que fue el último año en el que se pudo aplicar adecuación de valor base”.

Este último cálculo fue el que también hicieron otras isapres para justificar sus alzas de costos, pero que finalmente no fue verificado por el regulador.

En el caso de Cruz Blanca, la isapre calculó que el costo de prestaciones de salud y de SIL fueron de 24,4 UF en 2018, 26,3 UF en 2019, 24,6 UF en 2020, y 27,6 UF en 2021. Ello significó una variación promedio anual de 4,1% “representativa de un periodo de 12 meses”. Es por esto que la isapre de propiedad de Bupa argumentó que en realidad su variación de costos desde 2018 a 2021, “corresponde a la suma de tres variaciones promedios anuales, lo que resulta en una variación de un 12,3% (4,1% x 3)”.

Sin embargo, la Superintendencia de Salud verificó que, para los años 2019, 2020 y 2021, “la variación de los costos operacionales de la isapre Cruz Blanca alcanzó 4,3% en promedio anual ponderado para los tres años, mientras que la isapre estimó que esta variación alcanzó 4,5%”.

Lo anterior significa que, mientras la isapre calculó que esa era la variación promedio anual, y que debía ser multiplicada por cada año en que no adecuó, la Superintendencia en realidad definió que no había que hacer tal multiplicación. Ese es el criterio que usó el regulador para calcular el alza de costos de todas las isapres.

Según Colmena, sus costos en prestaciones y SIL por personas beneficiarias fueron de 27,31 UF en 2018, y de 32,77 UF en 2021, esto es, según la isapre, una variación de costos real del gasto de salud de 19,99%. Este cálculo compara el costo que tuvo la aseguradora en 2018 versus el de 2021, pero no considera el costo obtenido en 2019 (un total de 29,4 UF por persona) y el de 2020 (26,1 UF por persona).

De esta manera, como la Superintendencia calculó la variación de los costos operacionales de la isapre como un promedio anual ponderado para los tres años, ahí el resultado que obtuvo el regulador es de 6,6%.

Nueva Masvida determinó el costo total de salud por año sumando prestaciones y SIL, “y luego el porcentaje del costo total que presenta cada uno de sus componentes (% de prestaciones y % de SIL) para determinar la variación de costo total para cada año, se pondera las variaciones en función de los porcentajes de cada tipo de costo (prestaciones y SIL)”. Finalmente, sobre la base de las variaciones totales de costo, calculadas para los años 2019, 2020 y 2021, se determina la variación de costo total de salud para el periodo 2019-2021″. Ahí concluyó que en total su costo de salud fue de 36,1% para el trienio.

Sin embargo, la Superintendencia sostuvo que la variación de costos operacionales de la isapre fue de 7,8% en promedio para los tres años, “mientras que la isapre estimó que esta variación alcanzó 10%”.

En el caso de Banmédica, concluyó en su presentación al regulador que “el costo en prestaciones de salud y subsidios por incapacidad laboral por persona beneficiaria, en UF, aumentó un 30,3% entre los años 2018 y 2021, pasando de 21,2 UF por persona a 27,7 UF por persona al año. Esta variación total de costo por beneficiario justifica plenamente el alza de 7,6% que se informa mediante esta presentación”. Con todo, aunque la isapre calculó allí la variación de 2018 versus la de 2021, en una tabla la isapre también mostró que en 2019 el costo por persona fue de 23,2 UF, y en 2020 fue de 21,7 UF.

En la resolución, la Superintendencia comenta que luego de que Banmédica reportó toda esta información, el 6 de septiembre la isapre pidió un “reprocesamiento de los datos en los archivos maestros, particularmente en aquello que dice relación con los subsidios de incapacidad laboral. En términos simples, implicaba agregar por concepto de costos, nuevos datos a la información que maneja la Superintendencia de Salud, aumentándolos en un monto ascendiente a $118.638 millones”. Sin embargo, agrega el regulador que “dicha solicitud fue denegada (...) dado que modificar la información que ya se encuentra validada por esta Superintendencia habiendo iniciado ya el proceso de notificación de la adecuación, resulta improcedente”.

Y respecto a la variación de los costos operacionales, la Superintendencia concluyó finalmente que la variación alcanzó un 5,6% en promedio para los tres años, “mientras que la isapre estimó que esta variación alcanzó 6,0%”.

En Vida Tres ocurrió algo similar a Banmédica. La isapre dijo que “el costo en prestaciones de salud y subsidios por incapacidad laboral por persona beneficiaria, en UF, aumentó un 10,1% entre los años 2018 y 2021, pasando de 31,7 UF por persona a 34,9 UF por persona al año. Esta variación total de costo por beneficiario justifica plenamente el alza de 7,6% que se informa mediante esta presentación”. Adicionalmente, Vida Tres hizo la misma solicitud de Banmédica para agregar información, pero fue denegada por el regulador.

Sobre la variación del costo operacional, la Superintendencia concluyó que para los años en cuestión “la variación de los costos operacionales de la isapre Vida Tres alcanzó 1,4% en promedio anual ponderado para los tres años, mientras que la isapre estimó que esta variación alcanzó 1,9%”.

Las isapres tienen hasta este domingo para notificar a sus afiliados sobre los incrementos. Ya todas comenzaron con ese proceso. En todo caso, las personas afiliadas tendrán 10 días corridos para pronunciarse, es decir, para oponerse al alza, cambiar de plan o desafiliarse, frente al aumento de precio aplicado por cada isapre. Esto ocurriría entre el 25 de septiembre y hasta el 5 de octubre de 2022. Si el afiliado no se pronuncia en este plazo, se entiende por aceptada el alza. De esta manera, los incrementos se empezarían a producir en octubre.

No obstante, para aquellas personas que no se pronunciaron y donde se asuma tácitamente la aceptación del alza, de todas maneras, los afiliados tendrán hasta el 30 de noviembre para cambiarse de plan o desafiliarse, en cuyo caso las isapres deberán restituir las diferencias por adecuación.

Sobre el proceso de restitución de los montos que cobraron las isapres entre junio y agosto por el alza de 7,6% que ya habían implementado, la Superintendencia determinó que esta devolución, que se hará por medio de excedentes, se realizará de la siguiente manera: el porcentaje de alza cobrado en junio será reconocido como excedente en el mes de octubre, lo cobrado en julio se reflejará como excedente en la cuenta del afiliado en noviembre y lo cobrado en agosto se depositará en diciembre. La restitución de estos fondos es totalmente independiente de la nueva adecuación que harán las isapres desde octubre.