Andes Iron pide que se de luz verde al proyecto Dominga y se acabe con “la judicialización interminable”

Andes Iron (controlada por la familia Délano) vio, en la anulación de la resolución del Comité de Ministros que rechazó permiso ambiental de Dominga, un respaldo a su iniciativa minera que, según su juicio, debería ser el definitivo. Ante esto, la firma pidió terminar con la historia judicial de la iniciativa con más de 10 años de historia de tramitación ambiental y dar paso a su desarrollo que compromete una inversión de US$ 2.300 millones.

“Andes Iron manifiesta su esperanza en que las decisiones de la autoridad y de las organizaciones medioambientales respeten la institucionalidad, y respondan también a la necesidad de poner fin a un espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha proyectos”, dijo la firma en un comunicado.

El llamado de la firma se dio en el contexto del reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA en contra de la resolución adoptada en enero de 2023 por el Comité de Ministros, la que fue notificada formalmente el 29 de junio de ese año, y que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo.

Andes Iron respaldó sus comentarios comentando que, “el proyecto Dominga ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido”.

“En 2017 obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en tres oportunidades diferentes, incluida ésta, el Tribunal Ambiental de Antofagasta – en total, nueve jueces diferentes- ha confirmado que Dominga se ajusta plenamente a la institucionalidad ambiental”, agregó.

En esa línea, Andes Iron estimó que el paso del proyecto por las instancias ambientales y judiciales, tras 12 años, darían cuenta de que la iniciativa “cumple cabalmente desde un punto de vista técnico, ambiental y jurídico”.

“Como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible. Asimismo, reiteramos nuestra disposición al diálogo con las autoridades y la comunidad, en beneficio del desarrollo sostenible de la actividad y de la Región de Coquimbo”, añadió.

La firma también destacó el proyecto porque, según su evaluación, es “moderno y diseñado con los más altos estándares en materia de sostenibilidad, cuenta con una sólida alianza con la comunidad -cuya inmensa mayoría respalda la iniciativa”.

“Proveerá hierro de alta ley y concentrado de cobre, y privilegiará el uso de energías renovables, que permitirán aportar a la descarbonización del planeta”, cerró en su comunicado.

Ahora, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dio 15 días para que el Comité de Ministro vuelta a pronunciarse para resolver las reclamaciones en contra de la RCA de Dominga de acuerdo con las conclusiones de los Órganos de la Administración del Estado con Competencias Ambientales (OAECA). Una instancia que se debe replicar sin las ministras que, según el tribunal debieron inhabilitarse por haber “manifestado previamente su parecer”: la ex ministra de Minería, Marcela Hernando, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Mientras que, el mismo plazo de 15 días tienen los opositores al proyecto, que expira el 26 de diciembre, para interponer ante la Corte Suprema un recurso de casación con el objetivo de revocar la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que dio luz verde al proyecto.

Sin embargo, los plazos podrían extenderse. Oceana y parte de los pescadores podrían solicitar al máximo tribunal del país la suspensión de los efectos del fallo mientras se resuelve la casación.