Andrea Repetto: “No veo que vaya a cambiar la protección a la propiedad privada, que es central para un sistema económico basado en la libertad para emprender”

Forma parte activa del movimiento Independientes No Neutrales que logró 11 escaños en la Convención Constituyente. Por su rol de asesora técnica, ha seguido de cerca todos los detalles de las elecciones. Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), dice que dada la diversidad de quienes redactarán la nueva Constitución, “no les queda otra” que ponerse de acuerdo. Señala que habrá un rol más preponderante del Estado, pero en ningún caso un cambio de modelo económico.

Asimismo, la economista hace una autocrítica sobre el rol que han jugado los técnicos durante los últimos años. “Mirar la realidad sólo de los números agregados es parte del problema”, sostiene.

¿Cómo lee lo sucedido el domingo pasado, donde los dos grandes bloques y sus políticas públicas fueron castigadas por el electorado?

-Hace ya tiempo que la ciudadanía expresa malestar en ámbitos centrales de su vida, como las pensiones y la salud. Pero el sistema político no ha sido capaz de avanzar en estos ni en otros temas sustantivos. ¿Cuántos años llevamos hablando de reformas a salud, pensiones, Carabineros, capacitación y salas cuna, entre muchos otros, y las reformas no suceden?

¿Hay un cierto castigo a las políticas públicas que se realizaron durante los últimos años?

-Diría, más bien, que se trata de un castigo a no haber reformado esas mismas políticas. Sabemos hace mucho tiempo que, por ejemplo, las pensiones son insuficientes. El Pilar Solidario ha sido un apoyo importante a personas que cotizaron poco o nada, pero no se ha dado una solución razonable a los grupos medios que, a pesar de haber participado del sistema, tienen pensiones que son muy bajas en relación a sus salarios previos. Este es sólo un ejemplo de muchos otros que explican que la vida diaria a veces se vuelve pesada, y que el sistema político no ha logrado avanzar en soluciones.

Sobre este punto, si bien las cifras de pobreza, desigualdad y crecimiento muestran que los últimos 30 años son el período más exitoso de la historia chilena, ¿ve que algo hizo mal el mundo técnico de la centroizquierda?

-Los avances en indicadores globales son indesmentibles. Pero aún hay muchas personas que experimentan carencias sustantivas en áreas centrales de su vida. Eso es justamente lo que mide el indicador de pobreza multidimensional. La pobreza y la vulnerabilidad es una experiencia que va más allá de la falta de recursos monetarios. Es experimentar desventajas en ámbitos como la salud, la malnutrición, la educación, el empleo, el barrio donde se habita. Y, por cierto, también tiene que ver con cómo nos relacionamos: el maltrato y la poca posibilidad para participar en decisiones que nos atañen. Mirar la realidad sólo de los números agregados es parte del problema.

La visión de los técnicos ha ido perdiendo fuerza en el debate legislativo de los últimos años. ¿Ve que esto se va a mantener en la discusión de los constituyentes o habrá espacio para que sean escuchados?

-La discusión técnica desde la economía ha tenido muchas falencias desde hace mucho tiempo, y no es de extrañar que se le escuche poco. Hay de todo en las distintas profesiones, pero en economía el debate es bastante blanco o negro. Cuando se discute una política, se habla mucho de “buenas” y “malas” como una forma de descartar el debate. Se habla desde una especie de verdad única. Desde la derecha, las políticas se describen como el paraíso. Por ejemplo, dicen que bajar impuestos genera mucho empleo, y por el otro lado, la debacle cuando dicen que las regulaciones van a acabar con el empleo. Desde la izquierda, creen que las regulaciones y los impuestos no hacen nada, que no cambian el comportamiento. La realidad no es blanca ni negra. A ello se agrega que no estamos preparados para comprender muchos otros ámbitos de la vida de las personas. Hay otras técnicas muy importantes que han sido marginadas del debate público. Los economistas debemos señalar costos y beneficios potenciales de las medidas. Otros deben complementar ese análisis. Y es la política la que debe tomar la decisión final.

Pensando en la discusión que se dará en la convención, ¿cómo espera que se vayan canalizando las distintas posturas en materia económica y social?

-La convención tiene muchas voces diversas. Nadie es experto en todos los temas. Nadie tiene por qué ser experto en todos los temas. Necesitarán apoyo y asesoría. Va a ser interesante ver a quiénes escuchan y cómo se canaliza ese apoyo.

Más que la diversidad, lo que preocupa en el mundo económico es el giro a la izquierda que hubo con la convención, y que eso pueda llevar a debilitar en demasía la economía de mercado. ¿Existe el riesgo de un cambio sustantivo del modelo económico?

-El cambio más sustantivo va a ser el rol más activo que se le dará al Estado para que asuma de manera decidida la garantía, regulación o provisión de los bienes básicos, permitiendo la solidaridad en esa provisión. Me parece que lo demás quedará para la discusión de las leyes.

En mayor o menor grado, ¿este “nuevo modelo” seguirá estando dentro de lo que se conoce como capitalismo?

-No tengo dudas de eso. No veo que vaya a cambiar la protección a la propiedad privada, que es central para un sistema económico basado en la libertad para emprender. Como decía, al mismo tiempo veremos un rol más importante del Estado en corregir desigualdades, en particular en lo que se refiere a servicios básicos como la salud, la seguridad social, y la posibilidad de adoptar políticas basadas en el principio de la solidaridad.

¿Dada la conformación de la convención, puede terminar siendo una Constitución maximalista?

-No sé si la discusión sobre la Constitución maximalista o minimalista tiene sentido. La Constitución será lo que acuerden quienes fueron elegidos para esta tarea. Hoy día es bien mínima en algunas cosas como en derechos sociales garantizados, y máxima en libertad de elección en torno a esos derechos.

Desde el sector empresarial y los economistas anticipan un período de alta incertidumbre por la composición de la convención, el desarrollo de su trabajo y el resultado al que lleguen. ¿Suscribe ese escenario?

-Sin duda que estamos en un periodo de incertidumbre. La convención aún no empieza su trabajo y no sabemos a qué llegarán. Imagino que van con ánimo de conversar y lograr acuerdos sustantivos. Pero asumir esta incertidumbre es algo bueno que le pasó al país. La convención es el camino democrático que adoptamos para resolver los problemas de nuestra democracia. No haber seguido este camino sí que nos habría llevado a una situación de incertidumbre que creo era intolerable.

También han señalado que hay un mundo de independientes hacia el cual se deben tender puentes para conocer lo que piensan e incidir en el debate. ¿Cómo espera que el sector empresarial-gremial asuma este debate de la convención?

-Los independientes que compitieron por un escaño son personas interesadas en lo político, pertenecientes a toda la diversidad del país, que encontraron un espacio para participar, para llevar ideas y la realidad de sus vidas y de las de quienes trabajan con ellos, pero que sienten que han sido ignoradas por mucho tiempo. Conocerlos a ellos es comprender la diversidad del país. La convención definirá un reglamento al inicio e imagino que invitarán a todos quienes deseen incidir en el debate a conversar.

¿El reglamento y quiénes sean el presidente y vicepresidente de la convención es un elemento clave para dar una mayor certidumbre al proceso?

-El reglamento va a tener un impacto relevante en los resultados de la convención. Pero no necesitan aprobarlo por completo de inmediato. Pueden avanzar por mientras, por ejemplo, en los temas a deliberar y en reunir antecedentes sobre ellos. Creo que puede ser bueno para el resultado acordar una mesa directiva pluralista, de un tamaño suficiente de modo de representar a las distintas posturas que fueron electas. Lo mismo respecto de las comisiones temáticas, para que en cada una haya un balance razonable de representatividad.

Dentro de la convención hay posturas bastante radicales, ¿ve posible lograr grandes acuerdos?

-No les queda otra. Electas hay personas que representan la diversidad ciudadana, incluso algunas que votaron rechazo y que prefieren no modificar la Constitución. Ahora, imagino que va a haber un amplio acuerdo respecto de garantizar derechos sociales.

De acuerdo a un sondeo que realizó Pulso a los constituyentes independientes, la mayoría de ellos piensa modificar el derecho de propiedad en lo que se refiere al agua y recursos naturales. ¿Cómo ve que se dará ese debate y hacia dónde se debería transitar en esas materias?

-En minería, me parece que la Constitución debe ser explícita en que el Estado tiene derecho a apropiarse de las rentas, en el sentido ricardiano de la palabra, que produce la explotación minera. Se trata de una compensación por la pérdida de un patrimonio que es de todos, que se produce con la extracción, además de sus consecuencias ambientales y sociales. En el caso del agua, hoy existe un desbalance en que los derechos privados de uso están en la Constitución, pero su declaración como bien nacional de uso público está en el Código de Aguas. Debiera ser al revés. La Constitución también debe resguardar el agua para consumo humano y el cuidado de la ecología. Una vez asegurado eso, la ley debe decidir cuál es la forma más eficiente de asignar su uso.

Mayoritariamente, los convencionales comparten la visión de que en la Constitución deben quedar estipulados mayores derechos sociales. ¿Hasta dónde se debe avanzar en ese ámbito, considerando los recursos que tiene el país?

-La Constitución actual busca garantizar más bien la libertad de elección en relación a estos derechos y no su contenido. La forma en que se garantizan algunos derechos básicos en Chile es a través de tribunales, los que han dado acceso al agua donde es escasa o a tratamientos costosos de salud, invocando el derecho a la vida. Esa no es una buena solución para garantizar condiciones básicas de vida. Puede ser inequitativa, porque no todos los jueces piensan igual.

¿Ve que los cambios que se propondrán y el cómo quedará la Carta Magna significará de todas maneras un mayor gasto fiscal?

-Sin duda alguna. Garantizar condiciones básicas a la ciudadanía, para que todos puedan llevar adelante sus planes de vida, tiene un costo que se debe asumir a través de financiamiento sostenible. Un Estado endeudado es un Estado frágil, que no puede asumir apropiadamente sus compromisos hacia la ciudadanía. Por lo mismo, creo que el contenido específico de los derechos sociales debe quedar para las leyes. Eso permite asegurar que cuenten con mecanismos de financiamiento adecuados. Al mismo tiempo, permite que las garantías se entreguen con equidad.

Sobre el rol del Banco Central, la mayoría de los convencionales es partidario de mantener la autonomía, pero algunos mencionan que se deben analizar sus funciones para que su objetivo no sea sólo la inflación. ¿Qué espera de ese debate?

-Creo que la autonomía del Banco Central no está en cuestión. Sí creo que va a terminar con un objetivo dual: a la estabilidad de precios se agregará la actividad económica. Son pocos países los que tienen un mandato así. Pero si Estados Unidos y Nueva Zelanda lo tienen, va a ser muy difícil argumentar por qué Chile no podría también. Detrás de esto está la idea de que al Central no le importa el empleo, y me parece que esa es una visión equivocada de la realidad. Es cosa de ver cómo ha actuado en la pandemia.

¿En materia previsional el sistema debe quedar explícito en la redacción de la Constitución o solo marcar los ejes generales? En tal contexto, ¿qué futuro le ve a las AFP?

-Imagino que la convención acordará un conjunto de derechos sociales garantizados que incluirá el derecho a la seguridad social. No me parece que se deba cerrar la puerta a la provisión mixta, pero si los privados participan en la provisión de servicios que son centrales para la vida de las personas, y si además se nos obliga a comprar esos servicios, entonces se debe hacer con reglas de lo público y no con las reglas de un mercado libre. Independiente de lo que suceda en la convención, las AFP, como las conocemos hoy, tendrán un rol menor, si es que tienen alguno, en el sistema de pensiones en el futuro. Creo que seguiremos teniendo un componente de cuentas individuales, eso es algo que la ciudadanía valora.

El cambio de escenario político, social y económico que tendremos después de la convención y con la nueva Constitución, ¿nos hará ser un mejor país? ¿Cuál es su expectativa?

-Yo creo que la ciudadanía entiende muy bien que no existen las soluciones mágicas y que los problemas del país necesitan abordarse de manera progresiva. El trabajo de la convención es un paso importante en esa dirección, pero no es el final del proceso. Dada la composición de la convención, en que ninguna coalición tiene una mayoría sustantiva, la regla de los 2/3 es un mecanismo para lograr acuerdos sustantivos y duraderos. Como dijo alguien por ahí: conversar, conversar, conversar.P