La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, culminó su período como presidenta del Consejo Fiscal Asesor (CFA). Si bien, su salida se produjo porque vencía el plazo legal establecido por decreto, la última polémica con el gobierno por los gastos comprometidos versus presiones de gastos dejó otra sensación ambiente para la economista de MIT.

"No es casualidad que el ministro (Felipe Larraín) haya sacado a los tres consejeros que fueron incómodos con respecto a esta situación de gastos comprometidos versus presiones de gastos", precisa.

¿Cuál es el balance que hace de su paso por el Consejo Fiscal Asesor?

-Durante los últimos cuatro años cumplimos con nuestro deber de revisar que el cálculo del balance estructural estuviera bien hecho de acuerdo a la metodología oficial. También hicimos cambios relevantes en cómo funciona la regla y la metodología de cálculo. Una de las modificaciones más importante fue el abrir la postulación al comité de expertos del PIB tendencial y del cobre. Hicimos ajustes, como retirar el ajuste al precio del molibdeno del cálculo de ingresos, ya que dejó de ser relevante en los ingresos fiscales. Hicimos informes sobre el Fondo de Infraestructura y del uso del Fondo de Reserva de Pensiones, entre otros. Hicimos nuestro trabajo de asesoría, en ocasiones planteando diferencias con los ministros.

¿Qué tipo de diferencias?

-Hicimos algunas alertas, en el caso del Fondo de Infraestructura, sobre su gobierno corporativo. A principios de marzo de este año, cuando se hizo evidente el problema de contabilidad de Codelco por las pérdidas que había tenido en el pasado, optamos por no realizar un cambio en la metodología aun cuando nos lo pidió el ministerio. Un Consejo Fiscal que no es incómodo no está cumpliendo su trabajo.

¿Pero a diferencia de lo que pasó con los gastos comprometidos versus presiones de gasto por qué no se generó polémica?

-La diferencia con lo que pasó con este último caso es que el ministro Felipe Larraín publicó su informe, su metodología, hizo anuncios comunicacionales y luego nos preguntó a nosotros. Si hubiera sido al revés, tal vez el ministro hubiera hecho algo distinto, porque la mayoría del consejo no estaba de acuerdo ni con la metodología ni con la forma de anunciarlo. Todo esto quedó reflejado en el acta.

¿Cuándo se enteraron de la información de estos mayores gastos?

-Al igual que el resto de la ciudadanía. Ese mismo día nos citaron a una reunión.

Respecto de la renovación del CFA, el ministro de Hacienda cambió precisamente a los consejeros que lo criticaron en la polémica de los gastos comprometidos y solo mantuvo a quienes apoyaron su visión, ¿hubiera esperado otra resolución?

-No es casualidad que el ministro haya sacado a los tres consejeros que fueron incómodos respecto de esta situación de gastos comprometidos versus presiones de gastos.

¿Afecta este tipo de decisiones la institucionalidad fiscal?

-Sí, estoy convencida de que afecta la institucionalidad. De hecho, hoy tiene un consejo que está bastante desbalanceado en términos políticos. Un consejo fiscal tiene que ser lo más neutro posible, y el proyecto de ley que ellos están proponiendo tampoco asegura eso.

¿El consejo anterior, que usted presidió, no fue condescendiente al tener una mayoría de integrantes de centroizquierda?

-A lo largo de los cuatro años, hubo diferencias con las posturas del ministerio y también entre los consejeros. Algunos consejeros aparecieron en la prensa hablando con su opinión sin generar el tono que tuvo la última discusión. Esto tiene que ver con que siempre tuvimos la oportunidad de trabajar a puertas cerradas antes de dar nuestra opinión, lo que ahora en este último episodio no ocurrió.

¿Fueron un consejo que incomodó a Hacienda?

-Sí, en ocasiones, pero eso no tuvo repercusión pública. Si nadie sabe que hubo desacuerdos con Hacienda, nadie dice nada y no se arma este revuelo. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo de la manera lo más seria posible y creo que hicimos un muy buen trabajo en varias dimensiones.

Felipe Larraín valoró el rol que tuvo el consejo en detectar una anomalía en el cálculo del déficit fiscal estructural de 2017, sin embargo, no hizo lo mismo con el debate sobre los gastos comprometidos, donde la mayoría del consejo no respaldó la manera en que se hizo. ¿Qué lectura hace de la forma en que Hacienda está realizando sus anuncios fiscales?

-Si se analiza la forma en que Hacienda ha entregado la información durante los últimos meses, más allá de este hecho puntual, vemos que hay una comunicación que tiende a distorsionar la realidad. Por ejemplo, se dijo que la rebaja de las contribuciones sería un gesto para la clase media; sin embargo, los números dicen que se beneficia a la clase alta. Luego inventaron gastos comprometidos que no eran tales. La mejor muestra es que buena parte de esos gastos que ellos detectaron eran sobre ejecución en salud; dijeron que había que hacerse cargo y financiarlos, porque eran "comprometidos". Sin embargo, ahora anunciaron reducciones al presupuesto de salud. Después hicieron un anuncio de que había aumentado la dotación de manera extraordinaria del sector público en el último trimestre del año pasado, pero resulta que la mitad eran casos de regularización de personas que ya estaban en el Estado y ahora habían pasado a contrata, y la otra mitad era personal civil de la PDI y Carabineros, por lo que no era contratación nueva. Esto de alguna manera refleja que hay una estrategia comunicacional de Hacienda que desvirtúa la realidad y que se suma a esto que pasó con el CFA.

El nuevo consejo quedó integrado por Klaus Schmidt-Hebbel, Andrea Tokman, Aldo Lema, Gonzalo Sanhueza y Jorge Rodríguez Cabello. Esa conformación para algunos economistas quedó inclinada hacia un pensamiento de centroderecha, ¿cuál es su visión al respecto?

-Si uno mira quiénes lo integran hay una inclinación a la centroderecha. Schmidt-Hebbel en su entrevista enfatiza el currículum profesional, ya que dice que lo que importa es la trayectoria que cada uno tenga. Pero para ser consejero no basta solo con eso, sino que la neutralidad es crucial. Se necesita un consejo que no sea partisano, que tiene que estar disponible para pelear y discutir con el gobierno.

El presidente del CFA, Klaus Schmidt-Hebbel, criticó al consejo anterior señalando que a diferencia de sus predecesores hablará de política pública solo a través del consejo, limitando que otros consejeros emitan su opinión.

-Está criticando no solo a los consejeros que se fueron; también a los que se quedaron, quienes hablaron por los medios durante el tiempo que estuvieron en el consejo. Además, no sé si esta es una decisión solo de Klaus Schmidt-Hebbel o es algo que se acordó en el consejo. En todo caso, es un consejo bastante uniforme, por lo que no me extrañaría que no hubiera mucha diferencia entre ellos.

Autonomía CFA

Sobre el proyecto de ley que presentó el gobierno, que otorga autonomía al Consejo Fiscal, el hecho de que sea el Presidente de la República quien nombre a su timonel y que, además, su período culmine justo con el del gobierno que lo nombró, ¿le resta independencia, considerando, además, que tiene voto dirimente?

-La fórmula que se propone está marcada por el cuoteo político, como buena parte de los comités técnicos que se designan vía esta modalidad. Eso ahora está agravado porque el presidente del consejo será elegido por el Presidente de la República sin siquiera pasar por el Senado. Un Consejo Fiscal tiene que de vez en cuando incomodar a Hacienda si de verdad está realizando su trabajo y, por lo tanto, tiene que en algún minuto estar en desacuerdo con el ministro.

¿En el actual proyecto no se asegura esa distancia con el Ejecutivo?

-Es muy difícil estar en desacuerdo con el ministro cuando el grupo es políticamente favorable y no es neutral. Siempre es fácil esconder las preferencias como técnica; por ello, uno quisiera un consejo neutral y alejado de Hacienda. Este consejo que están creando por ley es un consejo consultivo de Hacienda, en Teatinos 120. Está pensado para asesorar y no para ser un contrapeso. Además, los consejeros debiesen ser académicos o personas en jornada completa, que no trabajen en el sector privado, porque la información a la que tendrán acceso es privilegiada y eso genera eventuales conflictos de interés.

¿Cuál habría sido la mejor fórmula para asegurar la autonomía de un Consejo Fiscal?

-Los objetivos de un Consejo Fiscal son promover la responsabilidad fiscal, la transparencia y elevar la calidad del debate público. ¿Cómo se consigue eso? Con una entidad que de verdad sea autónoma e independiente del Ejecutivo, que tenga la capacidad técnica y los recursos, y una estrategia comunicacional apropiada para que su mensaje sea entendible para la ciudadanía. Entonces, si se nombra un consejo que es muy cercano a Hacienda no se cumple con el mínimo de independencia.

¿Pero no lo ve como un avance en la institucionalidad fiscal?

-El avance está en entregarle recursos y una mayor posibilidad de generar transparencia.

La estrategia fiscal del gobierno apuntará a reducir el déficit fiscal estructural en 0,20% por año. ¿Esto era el mayor esfuerzo que se podía hacer?

-Hay que pensar que el gobierno no parte de un déficit estructural de -2% del PIB al cierre del 2017, sino que de -1,6%. Ello se debe a problemas contables asociados a la pérdidas de Codelco en años recientes, algo que se resuelve solo, sin esfuerzo fiscal. Eso y el que la meta esté en un contexto en que la economía está mostrando todas las señales de recuperación pareciera ser poco ambiciosa. Este es el minuto para hacer un esfuerzo mayor.

¿Por qué dice que parte con un déficit de -1,6%?

-Porque las pérdidas de Codelco se revierten y, por lo tanto, sin ningún esfuerzo y solo por motivos contables, en unos meses más será -1,6% sin que el gobierno haga algo.

El gobierno argumenta que el no avanzar más rápido se debe a la gestión del gobierno anterior...

-Eso no guarda relación con la realidad.

Algunos califican como irresponsable el manejo fiscal durante el gobierno de Bachelet y principalmente cuando Alberto Arenas era el ministro de Hacienda.

-Hay que remontarse un poco más atrás. Para la crisis 2008-2009 hubo un impulso fiscal importante que fue financiado por el boom del precio del cobre. Este impulso ha sido muy difícil de frenar, estamos en una situación de inercia del gasto fiscal que no se ha detenido. El gobierno pasado de Michelle Bachelet no lo detuvo, pero tampoco lo hizo el primer gobierno de Piñera. Desde 2012, el déficit efectivo se ha ido empeorando y los mayores deteriores sucedieron en 2013, cuando el déficit aumentó un punto del PIB bajo el gobierno de Piñera y en 2014 bajo el gobierno de Bachelet. Las dificultades para detener el gasto fiscal no son peculiaridad de Chile, sino que un problema de todas las democracias del mundo. En el gobierno pasado, el ministro Valdés fue quien más esfuerzo hizo para contener el gasto, y no lo logró.

¿Ustedes como CFA alertaron esa situación?

-El ministro Valdés nos pidió asesorías en muchos temas. Tuvimos muchas reuniones de trabajo entre nosotros con y sin el ministro para discutir varios temas. Con Alberto Arenas no nos reunimos tanto y fue primordialmente para revisar la planilla del balance estructural.

"Después de la reforma tributaria no se debió seguir con la laboral. No se le puede pedir tanto a la economía"

Mirando en retrospectiva, ¿cuál es su diagnóstico de la reforma tributaria de Bachelet?

-Buscaba generar más recursos precisamente por la necesidad de financiar mayores gastos, pero se hizo en un momento económico cíclico errado, de una manera muy voluntarista y todavía no podemos dilucidar si consiguió sus objetivos, porque todavía falta que se termine de implementar.

¿Lo recomendable era no haber hecho la reforma como se hizo?

-Yo participé en el programa y nuestra propuesta era distinta a la que presentó el gobierno. Propusimos incentivos a la inversión, que sigo pensando son potentes, pero que después no incluyeron.

¿Faltó un trabajo prelegislativo y de un mayor diálogo?

-Sí, se debió haber conversado más, porque se presentó el proyecto de ley sin discutirlo con nadie y probablemente muchas de estas cosas, como los incentivos a la inversión, se hubieran arreglado. También se podría haber hecho mucho más gradual. Además, después de la reforma tributaria no se debió seguir con otras reformas como la laboral. No se le puede pedir tanto a la economía de una sola vez.

Respecto de lo que está haciendo el gobierno, finalmente se decidió mantener la tasa de impuesto de primera categoría en 27%, sin embargo, avanzaría en integrar el sistema, ¿hacia dónde debería apuntar los cambios?

-Reintegrar el sistema no es una simplificación ni una modernización, es una reforma. Y, a mi juicio, un retroceso. Lo recomendable sería avanzar hacia la desintegración, pero no veo espacio político.

Sobre la discusión de que un mayor impuesto corporativo frenaría la inversión y el crecimiento y que Chile debería acercarse a las tasas de países Ocde, ¿cuál es su visión al respecto?

-La relación de impuestos, crecimiento e inversión es mucho menos lineal de lo que se dice en los medios y en los modelos de introducción a la economía, porque estos no miran el contexto, porque se olvidan que se debe analizar qué otras normas tributarias hay de apoyo a la inversión. Por ejemplo, ¿qué descuentos existen para la inversión? La depreciación instantánea, que es algo mucho más potente para la inversión, porque cada peso invertido se descuenta completamente de inmediato, haría irrelevante la tasa de impuestos. Esta insistencia de bajar la tasa y que eso genera crecimiento es algo que se debe mirar con mucho más cuidado y sobre todo con mucho más rigor. Por lo demás, no se pueden comparar tasas entre un sistema desintegrado como lo tienen en la Ocde con un integrado como el que tenía Chile hasta hace poco.

¿Hay consenso de que el sistema actual se debe simplificar o es una lectura política?

-¿Qué es una simplificación? La reforma de Bachelet simplificó regímenes: ya no hay 14 bis ni 14 quáter, por ejemplo. En muchas dimensiones esto es más simple de lo que había, en otras probablemente no. Me parece que la discusión de que el sistema se hizo más engorroso es acomodaticia. También creo que la norma antielusión no se debe tocar, porque nos subió al estándar Ocde.

De lo que se conoce de la reforma de pensiones de Piñera es que se subirá en un 4% la cotización individual y que se creará un seguro de dependencia, ¿cuál es su visión sobre esa medida?

-El aumento de 4% generará mejores pensiones en 40 años más, pero aquí la gran interrogante en la reforma de pensiones es cómo se mejoran las pensiones de hoy, y también a quién se los vas a dar.

Es decir, ¿si se fortalecerá el pilar solidario o se apuntará a mejorar las pensiones de clase media?

-Sí, ahí la discusión es si los recursos se destinarán al grupo que está en el pilar solidario, o bien a las personas de clase media, que si bien tienen pensiones en pesos que son más altas, su tasa de reemplazo es del orden del 25%, mientras que en el pilar solidario superan el 100%. La pregunta es cómo se suben las pensiones hoy, porque para el largo plazo ya lo sabemos: aumentando la cotización, porque el 10% actual es muy poco.

En materia de crecimiento, el ministro de Hacienda dijo que durante su primera administración se hicieron reformas estructurales, ¿cuál es su lectura?

-El primer gobierno de Piñera pasó sin pena ni gloria en cuanto a reformas estructurales para el crecimiento de largo plazo. No se me ocurre ninguna reforma que haya ido en la dirección para que el crecimiento fuera más permanente. Ahora tiene una segunda oportunidad.