La inflación llegó para quedarse. Al menos por un tiempo mayor al previsto hace unos meses. “Ha sido más persistente”, dice la economista jefa del grupo Quiñenco, Andrea Tokman. Afirma que el Banco Central ha actuado bien subiendo la tasa de interés, pero que es probable que deberá seguir elevándola con fuerza.

Sobre el proceso constitucional, sostiene que más allá del resultado, su implementanción no será de corto plazo, sino que de al menos unos 10 años, por lo que señala que mientras eso avanza, el país no puede quedarse paralizado. Asimismo, asevera que “es muy relevante pensar cómo se financiará el creciente conjunto de derechos sociales que la sociedad pide”, porque “lo que puede pasar es que vamos a tener una lista larga de derechos, sin saber exactamente hasta dónde llega y tampoco sin poder generar una medición de cuántos recursos se requieren para eso”.

Las perspectivas de crecimiento del PIB se han ido ajustando a la baja, acercándose al rango del Banco Central de entre 1% y 2% para 2022, y con la probabilidad de una contracción en 2023. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene para la economía?

-El escenario macro es cada vez más malo. No hay duda que el mundo y Chile, en particular , han ido ajustando sus proyecciones de crecimiento para este año, el próximo y mediano plazo. Estamos saliendo de una crisis con una economía sobrecalentada y no nos queda espacio para las políticas macro, y ya nos pegó una nueva crisis: la invasión a Ucrania. En los últimos meses hemos visto caer el crecimiento mundial esperado en un punto y la inflación subir dos puntos. El mundo crecerá un poco más de la mitad que el año previo y los precios crecerán tres veces más rápido de lo usual. En Chile pasaremos de crecer casi 12%, a cerca de 1%, y de una inflación promedio de 3%, a una que llega a los dos dígitos. A ello se suman las secuelas de la invasión rusa. Estamos en un momento de ajuste importante, pero con un elemento distinto a lo que habíamos visto en tiempos anteriores: estaremos acompañados de un alza muy relevante de la inflación y esa es una mezcla dolorosa, porque afecta a los grupos más vulnerables y hay un imperativo moral de hacer cargo de eso.

La inflación retomó un protagonismo que en Chile se había olvidado, ¿es mucho más persistente de lo que se estimaba?

-Lo que hemos visto es que ha ido cambiando el diagnóstico de la persistencia de la inflación. Al principio pensamos que era un shock transitorio, pero lo que hemos visto es consistente con un cambio de escenario donde es cada vez más persistente y por la forma con que opera la inflación se vuelve cada vez más difícil de atacar. Cuando se empieza a no creer que la inflación volverá al rango meta del Banco Central en los próximos dos años, se empieza a ajustar el comportamiento de compras y se genera un círculo que va reforzando esa inflación y, al mismo tiempo, tenemos varios temas internos y externos que le van quitando un poco el piso a la política monetaria. Nos estamos dando cuenta que el cuidar las finanzas públicas no es un capricho de los avaros, sino que es relevante. La institucionalidad del Banco Central y su objetivo de la estabilidad de precios es súper relevante para el bienestar de las personas. No es algo tan increíble o externo como se pensaba.

Y en ese sentido, ¿cómo evalúa lo que ha hecho el Banco Central?

-Lo estamos viendo en el resto del mundo y cómo los bancos centrales han tenido que subir las tasas de política monetaria. El Banco Central de Chile reaccionó bastante temprano, pese a eso, nuestra inflación hoy día está tres veces sobre el rango meta. La inflación sería mucho más alta si es que el Banco Central no hubiera actuado todo lo que actuó, pero le queda camino, e incluso es posible que con la nueva información que tenemos, más algunos ruidos institucionales que vienen de la Convención Constitucional, el aumento de la tasa de interés tenga que ser aún mayor y eso es súper difícil de compatibilizar con esta visión de que Chile tendrá varios trimestre negativos, pero la política monetaria tendrá que seguir siendo restrictiva.

Para controlar la inflación han surgido varias ideas entre los parlamentarios, como fijar precios o bien reducir impuestos, todas ellas descartadas por el gobierno, ¿A qué responde que vuelva este tipo de propuestas?

-Claramente la inflación se tomó las primeras planas de los diarios y de las discusiones habituales entre las personas en lo cotidiano, y por eso traspasa la frontera de lo económico a lo social y político. Se empieza a buscar culpables, se generan desconfianzas y acusaciones al voleo que dañan fuertemente al país. Un ministro y un grupo de parlamentarios pidiendo la investigación del mercado del aceite, cuando importamos casi todo y los precios internos reflejan la evolución internacional, o un nuevo rol al Consejo Superior Laboral de monitoreo de precios para detectar anomalías y presentar el reclamo a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuando sospechen que éstas existen, todo amparado en una supuesta búsqueda de mayor transparencia. Esto desvía la atención de los verdaderos problemas que se deben atender y sus causas. Además, genera más desconfianza y quita legitimidad al accionar de nuestro sistema de fiscalización de la competencia que siempre puede mejorar, pero no a través de un órgano eminentemente político como es el Consejo Superior Laboral.

Si bien la forma para combatir la inflación en el corto plazo es a través del alza de la tasa de interés por parte del Banco Central, ¿qué se puede hacer en el mediano plazo?

-El problema de la inflación a nivel global se explica, en gran medida, por la falta de oferta. La menor disponibilidad de bienes, acompañado de un aumento en su demanda, presionan los precios al alza. En Chile, además, la situación se ha complejizado por factores internos como fueron los retiros o algunos bonos universales que inyectaron mucha liquidez a una economía que estaba parada. Si el problema de la inflación pasa por una menor oferta de bienes, tenemos que volver a crear más bienes y servicio. Echar a andar la economía y volver a crecer.

¿Y cómo se logra?

-Primero, no inmovilizarnos. Es cierto que estamos en un momento definitorio para el país por el proceso de la Convención Constitucional, pero todavía falta mucho tiempo hasta que se llegue al diseño final de la Constitución, cualquiera que ella sea y, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de quedarnos esperando. El gobierno, los privados, las personas, debemos apuntar a que durante este tiempo podamos seguir avanzando en reformas que a todas luces son necesarias. Tenemos que dar algo más de estabilidad a nuestra perspectiva y, sobre todo, evitar seguir deteriorándonos lentamente como lo hemos hecho ya por demasiado tiempo.

¿Y ve que el gobierno ha caído en un cierto inmovilismo a la espera de lo que determine la Convención Constitucional y el plebiscito de salida?

-Estamos definiendo las reglas para el futuro, pero pasará mucho tiempo para llegar al diseño final de la Constitución, más allá de lo que pase en el plebiscito, y no nos podemos dar el lujo de quedarnos esperando. El gobierno ha hecho un par de guiños en ese sentido al decir que no va a tratar algún tema hasta que termine el plebiscito, pero no podemos darnos el lujo de quedarnos esperando. Hay demasiada incertidumbre, esperanza y todos tenemos que apuntar a que en este tiempo se siga avanzando en dar estabilidad a nuestras perspectivas de crecimiento de largo plazo y ponerle un freno al deterioro que ha tenido la economía chilena. Eso es algo que el gobierno actual tiene que enfrentar.

Una de las dudas que está presente en el debate público es cómo compatibilizar la viabilidad de los derechos sociales que se han ido aprobando, con el debido financiamiento para que se puedan materializar. ¿Cómo se debería avanzar en ese sentido?

-Es muy relevante pensar cómo vamos a financiar el creciente conjunto de derechos sociales que la sociedad pide, y me preocupa la adjetivación que se le está dando a cada uno de esos derechos: por ejemplo, ¿qué es un precio justo en el caso de expropiación? ¿Qué es una vivienda adecuada? ¿Cuál sería el salario o pensión digna? Me complica su indefinición por las expectativas que puede generar y luego frustrar, y por la operatividad y porque los recursos que requerirán son inciertos y, por lo tanto, difícil de cumplir una norma básica que es, gastos permanentes financiados con ingresos permanentes.

¿Cuando llegue el momento de que la ley tenga que implementar estos derechos sociales, puede darse el conflicto de que no haya recursos para satisfacerlos?

-De todas maneras y es normal y cualquiera que sabe cómo operan las constituciones sabe que muchos de estos derechos. De hecho, sucede en la Constitución actual. Por ejemplo, el derecho a un medioambiente limpio, pero claramente ese es un derecho que nadie ha podido exigir. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una lista larga de derechos, sin saber exactamente hasta dónde llega y tampoco sin poder generar una medición de cuántos recursos se requieren para eso, y por lo tanto, no se tendrá preparada la estructura fiscal ni la institucionalidad para hacerle frente y es parte de este proceso que tomará 10 años. No será aprobamos y esto seguirá avanzando. Es un proceso que será lento, complicado, no exento de dificultades, pero no nos debe dejar paralizados.

Con respecto a las reformas estructurales que prepara el gobierno, como la tributaria y la de pensiones, se ha abierto un proceso de diálogos ciudadanos. ¿Qué le parece esa fórmula?

-Me gusta el ánimo de acuerdo, de consenso. Refleja la intención de conversar, de escuchar. Me recuerda a mejores tiempos, donde se podía opinar sin miedo a la funa. Los pactos son tremendamente necesarios, pero hay que hacerlos de verdad. Con disposición a escuchar para ajustar diagnósticos. Con disposición de dejarse convencer. Si no es así, es sólo una linda foto y muchos decepcionados en el camino. Un ejemplo de esto es la participación ciudadana en la redacción del texto constitucional. Creo que muchos se han sentido pasados a llevar, partiendo por los que presentaron iniciativas populares de ley que ni siquiera fueron revisadas por el pleno.