Gran impacto ha generado la decisión de Maersk de cerrar la planta de fabricación de contenedores refrigerados en San Antonio, que había sido inaugurada el año 2015. Lo más lamentable, por cierto, es la pérdida de la fuente laboral que afecta a 1.209 trabajadores, pero no es lo único. La empresa estaba también contribuyendo positivamente a configurar un polo de actividad industrial en la zona, que se estaba potenciando con la creciente actividad que surge del puerto de San Antonio.
La pregunta que surge es si el argumento de la sobreoferta de contenedores refrigerados en el mundo, así como la mayor dificultad para acceder a materias primas, serán la causa fundamental de esta decisión extrema. Sin duda estos son factores que han influido, pero no cabe duda que la razón de fondo es la de una pérdida de competitividad que enfrentó la empresa. De hecho, la producción de contenedores la continuarán realizando, pero en la planta que tienen en China.
Cabe recordar que en 2010, en un contexto de fuerte crecimiento en la demanda por contenedores refrigerados, Maersk tiene que tomar la decisión de abordar el problema ampliando la planta que poseían en China, o alternativamente construyendo una nueva planta en otro lugar. Considerando que desde Chile se exporta un volumen atractivo de carga refrigerada, hacía sentido la idea de fabricar los contenedores en San Antonio, ahorrándose así el costo que significa traer contenedores vacíos desde el país asiático, para ser posteriormente cargados con mercaderías en Chile.
Y es en este contexto en el que Maersk postula al programa Corfo de "atracción de inversiones de alta tecnología", orientado a facilitar su instalación en el país -el que tuvo un importante componente de capacitación de la mano de obra que se iba a necesitar-, comprometiéndose así una contribución estatal por un monto total aproximado a US$2 millones, en el marco de un proyecto de inversión cercano a los US$200 millones.
El principal interés de Maersk en recibir apoyo de una agencia gubernamental no era tanto por los recursos monetarios involucrados -que no representaban más de 1% del total-, sino que por el compromiso del Estado subyacente, y que para ellos se concentraba en una contribución para capacitar a la fuerza de trabajo que iban a necesitar.
Ante los hechos ya conocidos, cabe preguntarse por las lecciones que surgen de este lamentablemente episodio. La más importante es que las condiciones de contexto son fundamentales para el buen desarrollo de un proyecto de inversión, las que se pueden resumir en una sola palabra: competitividad.
El acceso a las materias primas fundamentales, la capacitación de sus trabajadores y las relaciones con los sindicatos no estuvieron exentas de dificultades, lo cual se tradujo para la empresa en una pérdida de competitividad que no pudieron soportar.
La segunda lección que surge es que la mejor política industrial no es la que entrega más recursos y prebendas a un extranjero para que se instale en el país, sino que la generación de condiciones que le hagan sentir que Chile es una locación competitiva para el desarrollo de nuevos proyectos. Aprendamos de esta experiencia.
