Esta tarde un equipo del gobierno de Alberto Fernández entró a las oficinas de Vicentin, donde ambas partes firmaron “el acta acuerdo de traspaso formal de la empresa”, hito con el que se concreta la intervención estatal y que figura como el primer paso para la expropiación.

Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Productivo argentino en un comunicado, donde detallaron que el gobierno estuvo representado por el recién designado interventor, Luciano Zarich, a quien lo acompañó el escribano oficial de la cartera, Carlos Gaitán, en un diálogo con directivos de la agroexportadora.

El evento antecede a otra reunión clave que tiene lugar en este preciso momento. En la residencia presidencia, Quinta de Olivos, se encuentran Fernández y el CEO de la compañía en cuestión, Sergio Nardelli, para ahondar justamente en el proceso de expropiación, que genera alta tensión entre la Casa Rosada y el empresariado local, donde temen que Vicentin sea la primera de varias empresas que encuentren la ayuda estatal de esa manera.

Lo anterior a pesar de que el mandatario subrayó recientemente que “la excepcionalidad de esta decisión es absoluta por su naturaleza”. En efecto Vicetin es una de las empresas protagonistas de las exportaciones de soja, la actividad que figura como la fuente principal de ingreso de dólares al país.

Además, cabe destacar que el principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, con US$18.500 millones. De hecho, los últimos acontecimientos han llevado a que la Justicia transandina haya puesto su lupa sobre el entramado de 28 prestamos otorgados por la institución días antes que Mauricio Macri dejara el poder.

Según detalla hoy el diario El Cronista, a un juzgado civil ahonda sobre los montos que representan el 40% de lo que adeuda la compañía al banco estatal, debido a que a diferencia del procedimiento usual, no fueron aprobados por el directorio, sino que por una “vía excepcional”.