Arrau, Quiroz, Landerretche, Edwards y FK Economics: La guerra de informes económicos del caso Australis
Ambas partes, la china Joyvio y el empresario Isidoro Quiroga, han acompañado informes legales a los juicios arbitrales y penales, pero también estudios económicos. Varios nombres conocidos aparecen en esos informes: exministros, economistas, consultores y un ex presidente de Codelco.
El caso Australis reúne pesos pesados en todos los aspectos. La batalla entre la china Joyvio y el empresario Isidoro Quiroga por la venta de la salmonera Australis en 2019, en US$ 921 millones, se libra en la justicia penal y arbitral, además de algunas acciones radicadas en Estados Unidos e Inglaterra.
En la discusión penal en Chile, Joyvio es asesorada por los especialistas Gabriel Zaliasnik y Jorge Bofill, en un numeroso equipo legal encabezado por Alberto Eguiguren, mientras Quiroga trabaja con Juan Domingo Acosta y el socio de Claro & Cia., Alex Van Weezel. En esa arista, la Fiscalía pidió formalizar a Quiroga y otros dos ex ejecutivos de Australis, Santiago Garretón y Martín Guiloff, por los delitos de estafa y administración desleal, audiencia que fue fijada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para el 15 de enero.
En el tribunal arbitral, Joyvio trabaja con Sebastián Oddó, y Quiroga, con el estudio Claro & Cia., en un equipo liderado por el socio Cristóbal Eyzaguirre. El tribunal está formado por tres integrantes: el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara; el socio de Jana & Gil Dispute Resolution y árbitro internacional, Andrés Jana; y el académico de la Universidad Católica, Ramón Cifuentes. El juicio está en su etapa final durante este mes de diciembre: las partes presentan sus últimos alegatos y el tribunal, con ello, estaría en condiciones de resolver, en un plazo de tres a seis meses.
Mientras Joyvio acusa que Isidoro Quiroga y sus asesores implementaron un plan productivo de siembra y cosecha, con infracción de la normativa medioambiental, excediendo los volúmenes máximos permitidos en las Resolución de Calificación Ambiental, ocultando esa información en el proceso de venta; los abogados de los vendedores afirman que no hubo engaño, que todos los antecedentes productivos estuvieron a la vista de los compradores y sus asesores, y que la autoridad cambió, tras la venta, su criterio sobre los incumplimientos medioambientales.
En los juicios, las partes han presentado varios informes en derecho. Pero no solo eso: también han presentado reportes económicos de especialistas para apuntalar cada una de sus posiciones.
Entre otros reportes, Joyvio encomendó un informe económico a la consultora FK Economics, del economista Jorge Fantuzzi. Joyvio acusa que la sobreproducción impulsada por su anterior propietario forzó a la empresa a comprometerse con la Superintendencia de Medio Ambiente a compensar aquello con reducciones productivas que tienen sus plantas operando a muy baja capacidad, lo que ha ocasionado costos fijos en exceso que ese cifra en más de US$ 200 millones, concluyó el reporte de Jorge Fantuzzi, revelaron fuentes ligadas al caso.
Los abogados de Quiroga encomendaron otros análisis. Lo dijo así la semana pasada a La Tercera el abogado Alex Van Weezel: “El delito de administración desleal, que ellos dicen que sería cometido, supone que ocasionó un perjuicio, y tiene que acreditarlo, que demostrarlo. Y eso no ha ocurrido, por el contrario. Si aquí hubiese que considerar que hubo un exceso de producción, tiene que compensar lo que ganó una empresa, por lo tanto, los accionistas, con lo que le corresponda sufragar a consecuencia de eso. Y ese balance es siempre positivo. Vale decir, siempre gana dinero y mucho dinero”, argumentó.
El abogado dijo que encargaron para ello un reporte al economista Patricio Arrau, de Gerens. “Hace un cálculo comparando, en primer lugar, el valor que la misma Australis le asigna al costo de sus programas de cumplimiento, a raíz de la autodenuncia. Australis tiene un cálculo que hizo, y después eso se compara con los beneficios obtenidos por la compañía por esta supuesta sobreproducción. Y además analiza la razonabilidad, desde el punto de vista del negocio, de las inversiones en plantas de proceso, en Torres del Paine y Dumestre, y concluye que para cualquier persona situada en ese momento eran inversiones perfectamente razonables. Y además compara las imputaciones que hace Joyvio hoy día con lo que ellos informan en su estado financiero y que no son consistentes en absoluto”, explica.
Además, dijo Van Weezel, encomendaron otro reporte al académico y ex presidente de Codelco Oscar Landerreche, al ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo y al especialista Ronaldo Bruna. Ese reporte, dice el abogado, “hace un ejercicio similar, pero se concentra, sobre todo, en analizar el informe de perjuicios que presentó la contraria, elaborado por una empresa FK Economics. Dicen que ese informe no tiene sustento y lo analizan en detalle y validan también las conclusiones a las que llegó Patricio Arrau”, sostuvo a La Tercera Van Weezel.
También pidieron la opinión a otro especialista, el economista Jorge Quiroz, quien testificó lo siguiente: “En los hechos, no hubo engaño alguno porque se dispuso a conocimiento del comprador las producciones máximas consignadas en las RCA así como las proyecciones efectivas de producción, que superaban dichos máximos. Y los compradores no solo recibieron toda la información relevante, sino que incluso su asesor y negociador la utilizó y procesó en detalle para modelar las diversas proyecciones de cosecha que presentó a los compradores”.
En respuesta al reporte de Quiroz, los abogados de Joyvio contrataron un análisis al economista Sebastián Edwards, profesor de la UCLA, quien controvirtió las conclusiones de Quiroz, dicen quienes conocieron sus conclusiones, afirmando, además, que el caso genera efectos en la estructura jurídica y económica del país.
El abogado Alberto Eguiguren opinó sobre los informes de Joyvio que “en todas las instancias en que se han discutido ha quedado de manifiesto que las opiniones emitidas por los señores Laderretche, Quiroz y Arrau entre otros, parten de la misma premisa falsa, referida a un supuesto cambio de criterio por parte de la autoridad ambiental. Lo anterior resulta una mentira flagrante que ha sido demostrada en las instancias judiciales pertinentes”, afirmó.
Y agregó: “Adicionalmente, en dichos procesos los informantes de Isidoro Quiroga declararon expresamente no haber recibido información en detalle del caso, emitiendo por ende un juicio meramente teórico y académico, alejado por ende de las circunstancias relevantes del caso”
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