Diversos economistas han presentado su visión sobre cómo la nueva Constitución debe abordar temas fiscales, ante la invitación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Javiera Martínez, asesora económica de Boric, presentó sus propuestas el 10 de noviembre y la semana pasada le tocó a Cecilia Cifuentes, asesora de José Antonio Kast.

La presentación de la economista de la Universidad de Los Andes, parte con el reconocimiento de que “parece existir una conciencia clara, pensando en las futuras generaciones, de que el crecimiento económico no puede ser a expensas de deteriorar el medio ambiente, eso es correcto y debe ser incorporado en la Constitución”.

Sin embargo, la toma de conciencia no sería la misma en temas que son igualmente importante desde su punto de vista. “Pareciera actualmente que se busca entregar mayor bienestar a las personas hoy a costa de las generaciones futuras, tanto en materia fiscal como de pensiones”, se lee en la presentación disponible en el sitio web del CFA.

Así, destaca que “descuidar hoy el medio ambiente genera para las generaciones futuras un daño equivalente al de no preocuparse por la sostenibilidad fiscal o la sostenibilidad de las pensiones. Estas consideraciones deben ser parte de una futura Constitución”.

Principio de sostenibilidad

En ese marco, Cifuentes precisa en su presentación qué el principio de sostenibilidad se basa en la comprensión de que “los derechos sociales implican recursos fiscales, que en algunas materias tienen costos crecientes en el tiempo producto de la demografía”, por lo tanto “la entrega de esos derechos debe tener en consideración a las futuras generaciones”.

Con lo anterior como base, destaca que “un equilibrio adecuado se logra cuando, junto con incorporar mayores derechos sociales, se toma en consideración que eso no sea a expensas de la sostenibilidad fiscal”.

Dar con el cumplimiento con ese principio no ha sido la norma, indica quien ha asesorado a Kast desde su primera candidatura presidencia. “En el último medio siglo sólo en algunos períodos la política ha sido neutra o contracíclica respecto al precio del cobre. Lo fue en los primeros años de la regla fiscal estructural, pero dejó de serlo en los últimos años”, indica.

En ese marco, considera que “parecen necesarios perfeccionamientos de la regla fiscal, en la línea de las propuestas del CFA”, además de lo cual advierte que “parece existir un problema para definir el precio del cobre de largo plazo, podría entonces perfeccionarse la metodología”.

Este punto es particularmente relevante, de acuerdo a lo establecido en la presentación, dado que “el alza del precio del cobre de largo plazo es políticamente muy fácil de enfrentar, pero genera la llamada ‘paradoja de la abundancia’”, esto implica que una caída posterior en el valor del principal producto de exportación tiene efecto “muy complejos de afrontar”.

Implicancias para la Constitución

El abordaje de esto en la escritura de la nueva Constitución no es del todo claro, dado que según reconoce la propia Cifuentes, “no hay una receta fácil”. En su presentación explica que “es muy complejo analizar la conveniencia o no de determinadas disposiciones, el resultado se produce por la interacción de todos los elementos en conjunto, modificar una norma afecta el resultado de otras”.

A la luz de las dificultades, llama a que se parta por “señalar qué resultados no parecen apropiados, y tratar de dilucidar cuáles son las normas que lo producen, tarea muy compleja”.

Así, considera que la Constitución Política de la República (CPR) “es perfectible, pero en una comparación histórica, ha permitido (no generado) resultados razonablemente buenos, lo que hace ser muy cuidadoso con los ajustes que se hagan finalmente. No estamos arreglando una CPR fallida en materia fiscal, la estamos perfeccionando, es más difícil de hacer”. Según detalla, “el período de vigencia de la actual Constitución muestra resultados en materia fiscal superiores a los registrados en forma previa”.

De todas maneras, recalca que “considerando que la actual Constitución mantiene en general las disposiciones de la del 25 en materia presupuestaria, la disciplina fiscal que hemos mantenido en las últimas décadas va más allá de las disposiciones constitucionales, la voluntad política es clave, porque también bajo esta misma Constitución, la sostenibilidad fiscal lleva una década de deterioro”.

Con todo, desde el punto de vista de Cifuentes “parece necesario incorporar límites al endeudamiento público, que debe establecerse en términos netos”. Asimismo, llama a avanzar a una “mayor descentralización fiscal, aunque manteniendo entonces el principio de sostenibilidad también a nivel descentralizado”.