“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”. El popular refrán resume, como pocas veces, la realidad que enfrenta el sector eléctrico en Chile, además de sus efectos en la estabilidad general de los precios que enfrenta la economía a nivel local.

El largo proceso de congelamiento de las tarifas en las cuentas de la luz, iniciado en noviembre de 2019 -en medio del estallido social- y que luego se extendió en agosto de 2022 -bajo un contexto de alta inflación para un gobierno que llevaba sólo cinco meses en el poder-, ha puesto de relieve los costos de mantener virtualmente estabilizada la tarifa durante casi cinco años.

Si bien en el intertanto el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), creado por la segunda de las dos leyes de congelamiento, alcanzó a ser aplicado en abril de 2023 -en esa ocasión, los clientes de bajo consumo vieron alzas de 2,5%, pero para los dos segmentos que más gastan energía eléctrica fue de entre 10% y 16%-, las fuertes alzas se fueron acumulando para los clientes de mayor consumo a medida que los meses y los decretos tarifarios no llegaban. Así, la deuda con las empresas de generación creció, llegando a rondar los US$6.000 millones.

El problema tarifario, de hecho, enredó otras iniciativas. Fue en el contexto de la tramitación del proyecto de transición energética, durante su discusión en la comisión de Minería y Energía del Senado, cuando el Ejecutivo creó una instancia junto a los parlamentarios para llegar a una fórmula que se hiciera cargo del tercer segmento de mayor consumo eléctrico. Este no tenía la protección que el MPC entregaba a los dos primeros. Pero ahí se concentraban clientes como pymes y hogares de alto consumo, por lo que el temor a afectar al empleo y el emprendimiento empujó el Ejecutivo a tramitar una tercera ley, para ahora hacerse cargo del segmento que sobrepasa los 500 KWh en su consumo mensual.

Un aspecto que consultoras como Systep cuestionaron en su momento.

“Disminuir las cuentas del grupo de usuarios con mayor consumo es el principal objetivo del proyecto de Normalización Tarifaria, el cual representa sólo un 7% de los clientes regulados según los datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Sin embargo, este segmento explica el 58% del consumo de energía regulado, razón por la que no se estabilizó en la Ley MPC, ya que implicaría más del doble de recursos”, dijo la consultora en su boletín de febrero pasado.

Carlos Suazo, director ejecutivo de la consultora Spec, plantea que tras la aprobación de la normativa en abril, “si bien el ajuste será gradual, comenzará a internalizar rápidamente la variación de precios de los principales commodities utilizados para la producción de electricidad, como también las variaciones en el tipo de cambio (que también ha mostrado incrementos cercanos a 30% en el mismo periodo de análisis)”.

En esa línea, remarca que el mecanismo de “ha logrado mitigar parcialmente el impacto del alza en los precios de la electricidad para los clientes regulados en Chile”, donde el indexador ligado a los índices de inflación en USA acumula un alza de 20% desde 2019, mientras que los de combustibles “han alcanzado en el mismo periodo variaciones cercanas al 130% en algunos casos”.

“Dado el diseño regulatorio ideado para el suministro a clientes regulados hace cerca de 20 años, en vista de las condiciones de mercado observadas a nivel internacional, el aumento de tarifas era inevitable. No obstante, si bien la Ley de Estabilización será una herramienta útil para contener el alza en los precios de la electricidad, no logrará eliminarla por completo”, indicó.

Con todo, la ley de estabilización está ad portas de ser implementada. Este viernes, la Comisión Nacional de Energía (CNE) alistaba la publicación del Informe Técnico Definitivo de Precio de Nudo Promedio (PNP), documento que dejará a firme el nuevo escenario tarifario a nivel nacional. Este estará sujeto a los últimos comentarios de la industria, y el decreto que fija dichos nuevos niveles será publicado durante la primera semana de julio.

Así, el primero de tres incrementos en las cuentas de la luz -en octubre y enero suben de nuevo- afectará los consumos del séptimo mes del año.

En el intertanto, el Ejecutivo sinceró el nuevo escenario de precios. Fue en una presentación realizada por el ministro Diego Pardow, ante la comisión de Energía de la Cámara, donde exhibió el precio al público, región por región.

Allí, se revela que son los clientes del segundo grupo de mayor consumo residencial, particularmente entre los 180 y 400 KWh mensual, el que sufrirá los mayores ajustes. De hecho, en la regiones de Valparaíso y Atacama, el segundo segmento verá alzas sobre el 40% en la boleta final. Tarapacá (con 27%), Arica y Parinacota (31%), y Los Lagos (30%), serán los menos afectados en ese segmento, pero con aumentos igualmente significativos. La Región Metropolitana, en tanto, tendrá un aumento de 36% en su cuenta tipo para ese segmento de consumidores.

El segmento de menor consumo, de hasta 180 KWh, registrará variaciones de entre 10%, la menor, para Tarapacá, y 25%, en cuatro regiones: Valparaíso, Ñuble, Bio Bio y La Araucanía. Según estimaciones de Empresas Eléctricas AG, que agrupa a las principales distribuidoras del país, el 90% de los hogares está por debajo de los 350 KWh.

El segmento de mayor consumo, en tanto, tendrá alzas de entre 24%, en Los Lagos, y llegará a un aumento máximo en las mismas regiones del consumo medio: Valparaíso (36%) y Atacama (37%).