El gobierno no quería dar cifras públicas sobre los eventuales montos que tendrían que devolver las isapres por el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores, por lo que en la reunión que sostuvieron con los parlamentarios este lunes para dar a conocer el proyecto que están preparando para evitar la caída del sistema, les solicitaron que guardaran reserva de los montos estimados que allí revelaron, porque además, señalaron que podrían variar, dependiendo de cómo se implemente el fallo.

Sin embargo, las cifras se hicieron públicas: serían hasta US$1.400 millones los que el gobierno dijo a los parlamentarios que, bajo algunos escenarios estimados que estudiaron, tendrían que desembolsar las isapres para dar cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal.

Y este martes llegó la respuesta de la industria. En una declaración por escrito, la Asociación de Isapres no se tomó nada bien la envergadura del monto. Allí señalaron que “se han conocido públicamente los lineamientos de la propuesta del gobierno para cumplir el fallo de la Corte Suprema, de la cual han trascendido cifras de eventuales devoluciones. Dichos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias”.

En ese sentido, advirtieron que “lo presentado no da viabilidad a las isapres; al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos ´cobros indebidos´, cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales”.

Agregaron que “el proyecto que el gobierno presente al Parlamento debe ser factible, pues lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de tres millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año. No tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema”.

Desde el gremio también alertaron que “ha transcurrido más de la mitad del plazo que otorgó el máximo tribunal. Lo que corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales. Estamos disponibles para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados, entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas”.

El proyecto que el gobierno está ideando contempla, por ahora, que las isapres empiecen a devolver mes a mes los montos que correspondan, mediante excedentes. La idea es que el día cero sea el momento en que inicien las devoluciones, y el plazo para restituir los montos será de al menos 36 meses, dependiendo de cuándo inicien las devoluciones.

En el día cero también las isapres dejarán de cobrar el importe de los menores de dos años, excepto su prima GES. Pero donde sí se otorgará un mayor plazo, será para la aplicación de la nueva tabla de factores. Este último plazo aún no está definido, pero preliminarmente se ha hablado de 24 meses.

En la presentación que hizo el gobierno a los parlamentarios, se señala que “para resguardar las garantías generales, los pasivos generados se contabilizarán de manera independiente, de forma que no las afecten las garantías” a las isapres. Ello, en cuento a la devolución de los montos. Además, “se impedirá el retiro de utilidades mientras no se pague la deuda”. También se planea hacer una “mayor fiscalización a la emisión, autorización y pago de las licencias médicas”.

El proyecto que está armando el gobierno también buscará que haya medidas de contención de costos de las isapres. La presentación dice que habrá un “plan de contención de costos en los 30 primeros días”, “nuevos mecanismos de pago a prestadores”; y “diferenciar trato con prestadores relacionados y no relacionados”.

Por otro lado, la iniciativa también propondrá que haya una mejora en las atribuciones de la Superintendencia de Salud, y “fortalecer y modernizar la protección financiera y sanitaria (en prestadores públicos y privados) para beneficiarios del Fonasa”.