Asociaciones industriales de la Macrozona Norte advierten que proyecto de royalty debilitaría a la industria minera y afectaría su competitividad

Luego del anuncio del Gobierno de la inclusión de un nuevo royalty a la minería en el marco de la reforma tributaria, las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo) se mostraron en alerta y llamaron a “moderar” la iniciativa.

En particular, la visión de las asociaciones es abogar por un royalty mayor “que aporte a la agenda social, pero que sea aplicado de forma razonable, para no afectar la competitividad y el desarrollo de su principal pilar económico: la minería”, señalaron a través de un comunicado.

El nuevo royalty presentado por el Ejecutivo operará en una modalidad híbrida, con un componente “ad valorem” que oscilará en tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMF), y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000 TMF, y un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y seis dólares la libra.

Dichas medidas son consideradas “desproporcionadas” por parte de los representantes regionales ya que, dijeron, dejaría a Chile como uno de los países con mayor carga tributaria del mundo. “Tenemos que cuidar a esta industria, no ahogarla. Debemos seguir siendo competitivos y no espantar la inversión”, aseveraron.

Además, advirtieron que el proyecto propone que los componentes a pagar sean adicionales, con independencia de la rentabilidad, “y no indica si será diferenciado según el tipo de explotador minero: castiga al que produce más solo por producir, sin considerar etapas previas como inversiones, los factores geológicos que son diferente para cada yacimiento, entre otras”.

“El proyecto hay que analizarlo en conjunto con todos los demás impuestos que paga la minería, con lo cual la tasa final que se pagará será elevada, afectando la competitividad y el desarrollo minero. En este contexto, hacemos un llamado a que la discusión legislativa considere la voz y la realidad de las regiones”, plantearon.

Añadieron que ven necesario avanzar en un mayor aporte tributario para apoyar la agenda social, pero que es su deber “alertar que la forma en que está planteado este royalty no contribuye al desarrollo sostenible de la minería y nuestras regiones”.

“Apelamos a que en la discusión legislativa esto se modifique y, por medio del diálogo, se acuerde una fórmula que permita que Chile siga teniendo un sector minero competitivo que aporte al crecimiento del país, las regiones y comunidades”, manifestaron los líderes gremiales.

A su vez, Marko Razmilic, presidente de la AIA, comentó que “nos preocupa la aplicación de un gravamen sobre las ventas de minería, y más aún que este crezca fuertemente en relación con los precios del cobre, de un 1% hasta un 4% en su tasa efectiva”. El dirigente agregó que este componente no consideraría las distintas estructuras de costos que tienen las empresas mineras, poniendo en especial riesgo a aquellas de costos más altos. Según Razmilic, “esto significa un golpe muy duro de asimilar por buena parte de la minería que opera en nuestras regiones”.

El presidente de Corproa, Juan José Ronsecco, por su parte afirmó que “la idea es apostar por una industria sólida y robusta que permita una mayor recaudación para la agenda social, no aplastarla con impuestos regresivos”.

Las críticas se suman a las emitidas días atrás por el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, quien señaló que “este cambio tributario considera un componente de royalty ad valorem que no distingue entre las distintas realidades de cada operación ni cómo influyen los cambios en el precio del cobre en sus resultados. Hay operaciones que con este nuevo impuesto van a perder plata si el precio vuelve a valores históricos y, por lo tanto, no tendrá sentido mantener su funcionamiento”.