La concesionaria del Hospital Félix Bulnes, Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud, controlada por el fondo francés Meridiam, puso término al contrato con la constructora italiana Astaldi, encargada de las obras de este emblemático proyecto, y cuya matriz se encuentra en problemas financieros.

La decisión fue aprobada de manera unánime por el sindicato de bancos acreedores de la concesionaria y se tomó en consideración a una serie de incumplimientos por parte de Astaldi al contrato de construcción y de su incapacidad para subsanarlos, lo que según dice la concesionaria, "ha afectado significativamente el ritmo de ejecución de los trabajos objeto del contrato, comprometiendo la obtención oportuna de la puesta en servicio de las obras".

Acusa que Astaldi no pagó a sus subcontratistas durante varios meses, generando con ello serios daños financieros a estas empresas, y un impacto en la construcción, pese a que, según la concesionaria, ellos siempre cumplieron con sus obligaciones financieras con la constructora. Es por ello, indicó, que "ejercerá todas las acciones necesarias para obtener las indemnizaciones que correspondan de la constructora, garantes y empresas relacionadas, y que hará sus mejores esfuerzos para mantener en el proyecto a los proveedores perjudicados".

Ahora será la empresa chilena Constructora LyD, la encargada de finalizar la hospital en los próximos meses.

Esta decisión llevó a Astaldi, representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, de Baker & Mckenzie, a presentar el pasado 21 de diciembre una solicitud de arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) contra la sociedad concesionaria del hospital, que quedó oficialmente ingresada ayer. En la controversia, la empresa italiana reclama que la terminación anticipada del contrato fue de manera ilegal e injustificada por parte de la concesionaria.

Además, acusa el cobro indebido de boletas de garantía, el cobro de pagos pendientes por ejecución y avance de obras y una serie de indemnizaciones. Con esto, Astaldi espera obtener una compensación de unos US$80 millones en total.