Auditoría identifica irregularidades y gastos sin financiamiento en la Conaf por $26.114 millones
Cifra incluye un contrato de $8.000 millones por el arriendo de aeronaves, pagos de indemnizaciones, mejoras de grado y contrataciones que se hicieron hasta el 10 de marzo. Además, hay $2.800 millones sin acreditar en gastos de emergencia. La cartera enviará los antecedentes a Contraloría.
Desorden, desprolijidad y falta de claridad son algunos de los adjetivos que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, utiliza al referirse a los resultados de una auditoría interna, que arrojó irregularidades y gastos sin financiamiento en el presupuesto de Conaf.
La autoridad detalló que se trata de $26.114 millones comprometidos para este año, pero que no están en el presupuesto. "Esto es un arrastre que viene de la administración anterior, que no estábamos preparados para hacernos cargo", indicó.
En este monto incluye diversos compromisos adoptados en la administración anterior, específicamente en 2017, entre los que se encuentran:
*Pago de indemnizaciones a 78 funcionarios y mejora de grado a otros 366 por un total de $6.400 millones.
* Contrataciones de última hora. Se trata de 75 incorporaciones realizadas entre enero y el 10 de marzo de 2018 (un día antes del cambio de mando), que totalizan $477 millones.
* Contrato con la empresa Calquín (perteneciente a Grupo Faasa) por $8.000 millones anuales, a tres años, para el arriendo de tres aeronaves para combate de incendios.
"En el fondo, tenemos gastos comprometidos por 30% más allá del presupuesto, que es bastante grave", indicó Walker.
Sin respaldo y rechazados
A los más de $26.000 millones en gastos comprometidos, la auditoría de Agricultura reveló que existen $2.800 millones sin respaldo y que corresponden a gastos incurridos por Conaf durante los últimos incendios.
Dicho monto forma parte de los gastos de emergencia, que una vez superados los episodios, Conaf debe rendir a la subsecretaría de Interior. "No tenemos respaldo, todavía no podemos acreditar esos $2.800 millones", afirmó el ministro.
Por otro lado, también se contabiliza un reembolso rechazado, que corresponde a un postgrado en cambio climático realizado por 20 funcionarios, con recursos del Banco Mundial por un total de $220 millones.
La devolución por parte del Banco Mundial fue rechazada ya que existía un conflicto de interés, dado que unos de los profesores que guió el postgrado era funcionario de Conaf.
Problemas de caja
Toda esta situación, señaló el ministro de Agricultura, ha derivado en un fuerte problema de caja en Conaf.
"Tenemos, por ejemplo, en cuentas por pagar, $9.000 millones. Nosotros debemos pagar por ley a 60 días y ya tenemos vencimientos de 120 días y muchos de estos acreedores son pequeños y medianos y a muchos de ellos los vamos a necesitar para este año. ¿Y cómo vamos a pedir sus servicios si no hemos podido pagarles las facturas?", expresó.
Incluso, el servicio se encuentra en Dicom y bloqueado por varios de sus proveedores, sentenció el ministro.
Conaf es unos de los 12 servicios que operan al alero del Ministerio de Agricultura. Es, además, el tercero más importante en cuanto a asignación presupuestaria, la que para este años alcanza los $90.000 millones. Del presupuesto general, explicó el ministro, "el 50% es para control de incendios, que es una de las principales funciones de Conaf".
Por eso la preocupación de la autoridad respecto de todos los gastos extra que no tenían contemplados, que podrían dejar al organismo sin caja para enfrentar una temporada más propicia para los incendios forestales, dado los pronósticos que indican un veranos 2019 mucho más caluroso.
Tras la auditoría interna, el Ministerio de Agricultura llevará todos los antecedentes a la Contraloría y, además, instruirán una auditoría externa, con el fin de obtener un detalle mucho mayor de la situación real del organismo. "Todas las semanas nos hemos ido encontrando con algo nuevo, por eso queremos declarar esta situación con la Contraloría", expresó el ministro, agregando que Conaf tiene que ser repensada muy bien, aunque con el resguardo de los trabajadores, que "no pueden sufrir las consecuencias de una mala administración".
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