El Reino Unido acaba de unirse a un número creciente de países que le dicen a las grandes tecnológicas: es hora de pagar.
El ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Philip Hammond, anunció el martes un impuesto a las empresas de internet más grandes del mundo a contar de abril de 2020. El gravamen, que recaudará 400 millones de libras (US$510 millones) al año, afectará a motores de búsqueda, redes sociales y mercados en línea que sean rentables y reporten ventas anuales de al menos 500 millones de libras.
Facebook, Google e incluso Amazon pueden absorber el golpe, pero lo que quizá les cueste asimilar sea la avalancha de impuestos más allá del Reino Unido. Reguladores y ciudades son cada vez más audaces a la hora de pedir a las empresas tecnológicas que entreguen una parte de sus utilidades. Coordinar un sistema tributario global ya no es la prioridad.
"No existe un consenso global", señaló Paul Miller, socio fiscal del bufete de abogados Ashurst. "Varios países están diciendo 'ya es suficiente, no podemos esperar un acuerdo internacional sobre este tema'". No fue posible contactarse con representantes de Facebook para conocer sus impresiones. Un vocero de Google declinó comentar.
Europa contempla nuevas políticas fiscales digitales que se aplicarían en las 27 naciones del bloque. Países como Corea del Sur, Singapur y Australia proponen sus propias estrategias.
Hammond aclaró que el Reino Unido seguirá trabajando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20 para buscar una solución global y, si surge alguna, esta se podría adoptar en lugar del impuesto a nivel local.
Sin embargo, la UE también presiona para que se tomen medidas de emergencia mientras se desarrolla una solución global. La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, busca un impuesto intermedio de 3% a los ingresos de áreas como anuncios y datos digitales, que se aplicaría a empresas de tecnología con ventas de al menos 750 millones de euros (US$852 millones). A diferencia de Gran Bretaña, esto se aplicaría a dichas empresas sean rentables o no.
Las propuestas tributarias requieren aprobación unánime de los miembros de la UE antes de convertirse en ley y algunos países no están de acuerdo con algunos detalles. Pese a eso Austria, que ocupa la presidencia rotativa de la UE, aún tiene como objetivo llegar a un acuerdo sobre el impuesto antes de una reunión de ministros de finanzas que se celebrará en diciembre.
A las empresas tecnológicas, grandes y pequeñas, no les gusta este tema. En una carta enviada hace poco a los ministros de finanzas de la UE, los jefes de algunas de las empresas tecnológicas más exitosas de Europa como Spotify, Supercell y Zalando instaron al bloque a no adoptar el impuesto.
Argumentaron que perjudicará a la innovación y la inversión, en especial en lo que respecta a las empresas emergentes. El impuesto "privaría a estas mismas empresas de una fuente esencial de capital para reinvertir en su crecimiento, debilitando su capacidad para competir globalmente", escribieron los ejecutivos.
En Asia, los gobiernos envían un mensaje similar. Singapur pretende gravar servicios digitales a partir de 2020 y tratar a los gigantes de la tecnología global como Netflix y Spotify de la misma manera que lo hacen con los proveedores locales. En Corea del Sur los videojuegos, el contenido de entretenimiento y el software pagan un impuesto al valor agregado.
Australia introdujo el año pasado el impuesto a las ganancias desviadas, que apunta a las multinacionales que trasladan sus ingresos nacionales a otras jurisdicciones. Las empresas con ingresos globales de más de A$1.000 millones (US$711 millones) y ventas en Australia de al menos US$25 millones pagan un arancel de 40%.
