Aunque por varios meses se extendió la conciliación entre la concesionaria Autopista Central y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las partes no llegaron a acuerdo. Ahora será una comisión arbitral la que deberá zanjar el conflicto, que se originó luego que la autoridad acusara que las operadoras no estaban aplicando correctamente una cláusula que obliga a bajar el valor de los TAG en horarios punta y saturación, si es que la velocidad de circulación en el período anterior baja de determinado nivel.

En conversación con PULSO, Marcelo Montero, socio del estudio Budasis, a cargo de la defensa de Autopista Central, ahondó en los detalles de la conciliación y en los argumentos que presentarán en el arbitraje.

Fracasa conciliación entre el MOP y Autopista Central y se inicia arbitraje por revisión de tarifas

“Sabíamos desde el día 1 que no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo, porque el conflicto en nuestra opinión es artificial”, dice. “Hemos sostenido con mucha claridad que la tesis del MOP no tiene ninguna legitimidad, es una intervención arbitraria en el contenido del contrato”, añade.

La defensa de la compañía argumenta que el contrato otorga una opción adicional a la concesionaria para modificar cada tres meses la estructura tarifaria vigente para un determinado año calendario. Y que solo si la empresa ejerce esa facultad, de cambiar de un sistema anual -el que siempre han aplicado- a uno trimestral, estaría obligada a bajar las tarifas bajo ciertas condiciones.

“El contrato en la cláusula 1.14.4.4 dice que la concesionaria podrá, y subrayo el podrá, acogerse a una sistema trimestral y si se acoge al sistema trimestral, entonces está facultada a subir las tarifas si se dan ciertas condiciones, no es obligación, y tiene el deber de bajar las tarifas si se dan ciertas condiciones”, explica.

Por otra parte, dice que si bien la concesionaria accedió a rebajar las tarifas, señala que “hicimos reserva de acción en contra del MOP, porque es muy grave la imputación que nos está haciendo y confiamos en que cuando ganemos el juicio, vamos a ir a cobrarle al MOP la indemnización de perjuicio por el daño que nos causó”.

Montero dice que si bien no puede hacer una conjetura de cual es la motivación que hay detrás del MOP, “mi impresión es que la concesionaria se siente víctima de un acto abusivo del MOP”.

“Uno tiende a pensar que cuando un conflicto jurídico es artificial como este, probablemente hay algún tipo de motivación política detrás. Eso es súper razonable pensarlo, porque cuando las cosas son tan absurdas como esta, tiene que haber otro tipo de motivaciones, pero yo no puedo dar cuenta de cuáles son, las ignoro. A mí lo que me interesa es que el contrato que se fracturó y que se incumplió sea respetado, está no solo la reputación de la sociedad concesionaria en juego acá, sino que también está la reputación del país, porque al final del día un país tiene que respetar este tipo de contratos si quiere atraer este tipo de inversiones”, dice.