El proyecto de ley de pago oportuno para las pequeñas empresas fue aprobado, en general por unanimidad, en la Cámara de Diputados. El texto contempla una reducción en el plazo de pago de las facturas que emiten las pequeñas y medianas empresas, hasta 30 días.
El gobierno decidió dar el punto a las pequeñas empresas que pedían bajar los 60 días de plazo que establecía el Proyecto original a 30 días. Esto, en todo caso, será de manera gradual de 60 días, luego 44 días hasta llegar a 30 días.
Es una buena estrategia política intentar destrabar el proyecto que tiene un objetivo claro y positivo para las empresas de menor tamaño. Estimaciones indican que con esta iniciativa las pymes podrían valorizarse en 30%, dado que podrían destinar más recursos a inversión, en lugar de financiar capital de trabajo.
Como destacó el ministro de Economía, José Ramón Valente, el Ejecutivo busca "emparejar la cancha", lo que siempre será bienvenido cuando existen asimetrías entre los actores del mercado.
Pese ello, hay dos puntos que son susceptibles de mejorar. Uno de ellos es que el sector público tendrá que cumplir con ese requerimiento en tres años. Ese plazo parece excesivo, al tiempo que no resulta defendible que la exigencia sea mayor para un sector que otro. Que el Estado necesite más tiempo para ponerse a tono, en el fondo es un reconocimiento de que hoy existe un problema.
También es conveniente que para que el proyecto sea efectivo, se reconsidere que con el "acuerdo entre las partes" se puede postergar el pago, dado que, en la práctica, deja menos espacio para concretar el objetivo.
Las indicaciones deberán ser revisadas por las comisiones de Economía y Hacienda, por lo que es una buena instancia para mejorar el proyecto.
