Uno de los capítulos del proyecto que reforma el sistema impositivo presentado por el gobierno aborda una corrección a la Norma General Antielusión incorporada en la ley aprobada en el régimen previo, lo que era muy esperado por el sector privado dado que alegan falta de certeza respecto de qué es considerado elusión.

Así, el objetivo es terminar con algunas incertidumbres, indefiniciones y faltas de certezas que mantienen en ascuas a las empresas, finalidad que conversa con el relativo consenso del sector privado en que se requiere una simplificación tributaria, así como también terminar con las incertidumbres que deja la legislación vigente.

Sin embargo, los detractores al proyecto son categóricos: este es el fin de la norma. "Lo que se hace es mantener el nombre, pero en los hechos se elimina la cláusula.

La certeza que se pretende dar es certeza para que lo que los contribuyentes hagan para evitar el pago de impuestos, sea legal. Se hace primar la intención de eludir", afirmó en PULSO el ideólogo de esta norma, Francisco Saffie. En el otro frente, la abogada Soledad Recabarren dijo que el gasto rechazado -a raíz de la falta de certeza- se había vuelto un nuevo impuesto. Un ejemplo: la recaudación en IVA y en renta subió en los últimos 5 años un 240%; el gasto rechazado, en el mismo periodo, aumentó 1.200%. La intransigente posición adoptada por Saffie y los que defienden la vigente norma actual, solo muestran su incapacidad para reconocer que su proyecto no funcionó e incumplió sus propias expectativas.

El redefinir el concepto de gasto es un avance, así como también lo es la intención del gobierno de tener una distinta aproximación hacia el contribuyente, para cambiar la actual mirada en que supone una mala intención y es el contribuyente el que está obligado a demostrar lo contrario. La intención del Ejecutivo, entonces, es poner el peso de la prueba del otro lado. La tarea no será fácil, y así lo muestra la experiencia internacional.

Dicho lo anterior, sería un avance aún mayor si existiera más claridad o definición sobre la persecución penal realizada por el SII y cómo puede lograrse un mayor equilibrio entre el contribuyente y el SII, que es juez y parte.