Este miércoles la sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric con el que buscan evitar y combatir el sobreendeudamiento. Con 37 votos a favor y ninguno en contra, se abre ahora el plazo para ingresar indicaciones, para luego comenzar con su votación en particular en la Comisión de Hacienda.
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En la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó a que “por un lado, este proyecto propone medidas para facilitar el acceso al crédito, particularmente en el sector de la construcción y de la vivienda mediante ajustes a los programas de garantías vigentes a los Fogaes, por otro lado, contempla un programa de garantías para refinanciar deudas de consumo y comerciales también dentro del Fogaes apuntando a sectores altamente endeudados, y por último, contiene un conjunto de medidas para regular de mejor la aplicación de la ley sobre fraudes con tarjeta de crédito, dada la evidencia de un abuso de esta norma que va creciendo en el tiempo”.
Entre otras cosas, el proyecto busca aliviar las deudas de 76 mil deudores, que tenían una carga financiera mensual entre el 31,7% y 76,7% de sus ingresos a marzo de 2023.
En resumen, la iniciativa contempla la modificación de los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), Vivienda y Construcción; establecer un nuevo programa de garantías para permitir el refinanciamiento de deudas comerciales y de consumo de personas sobreendeudadas; trasladar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito; y modificar la Ley de Fraudes.
Con la creación de un Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento se busca que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento, con lo que se espera que las condiciones de pago sean más favorables, reduciendo la carga financiera.
La modificación de la ley de fraudes, en tanto, responde a un aumento de las cifras de fraudes, que alcanzan los US$300 millones anuales.
“El número de personas que conscientemente desconocen operaciones que ellas mismas han realizado es abrumadora. Desde que entró en vigor la ley de fraudes, las denuncias se han multiplicado varias veces, y al mismo tiempo se ha dado lugar a una verdadera escuela, por así decirlo, a través de la cual se difunde entre distintas personas lo que tienen que hacer para reclamar fondos simplemente desconociendo una operación que efectivamente han realizado”, expresó Marcel.
Así, la ley buscará que la CMF tenga facultades para dictar estándares mínimos de seguridad, autenticación y registro y propone que las instituciones puedan suspender la restitución de los montos desconocidos, y ejercer acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario.
