A un año de la modificación de la Ley de Insolvencia: 63% de procesos corresponde a quiebra de personas y con plazo de 5 meses

El 11 de agosto de 2023 entró en vigencia un cambio relevante a los procedimientos de quiebras y renegociación de personas y empresas.

Entre las principales modificaciones estuvo la reducción de los tiempos de los procedimientos de liquidación simplificados para personas y pymes, además de la disminución de los costos en las reorganizaciones simplificadas para las empresas de menor tamaño, facilitando así su reestructuración.

Otra de las medidas apuntó a cambiar la forma en que las personas que trabajaban con boletas de honorarios accedían a este procedimiento de renegociación, pasando de ser consideradas empresa, a realizar el proceso como persona propiamente tal. En este caso, además, la renegociación comenzó a ser gratuita.

Esta modificación en la legislación, que simplificó los requisitos para iniciar los procesos de liquidación y renegociación de quienes tienen deudas, generó una fuerte alza de las personas en estado de insolvencia, que se reflejó en las cifras totales del 2023.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, el año pasado los procesos de renegociación de deuda de personas registraron un fuerte salto de 182%, al pasar de 287 en 2022 a 810 en 2023. Este registro, además, es el más alto desde 2019, cuando hubo 1.314 solicitudes.

Esa misma tendencia se mantuvo entre enero y abril de este año, cuando hubo 1.256 peticiones, lo que constituye el mayor número para ese cuatrimestre desde 2021, cuando en el mismo período hubo 1.437 procedimientos. También representa un incremento anual de 6,9%.

En tanto, entre enero y abril de 2024, las solicitudes de liquidación de personas sumaron 602, un 201% mayor a lo registrado en el mismo lapso de 2023.

A un año de entrada en vigencia, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento realizó su primer balance de la nueva normativa en los últimos 12 meses. Si bien esta también mejoró los procedimientos para las pymes, el mayor impacto se generó en las personas.

Entre agosto de 2023 y julio de 2024 se iniciaron 4.627 procedimientos concursales bajo la ley modificada, divididos en 2.908 procesos de quiebras de personas; 1.527 de renegociación de personas; 182 de liquidación de empresas, y 10 de reorganización de empresas.

El mayor porcentaje de procedimientos concursales proviene de las liquidaciones simplificadas de personas que equivalen al 63% del total, seguido por las renegociaciones de personas con un 33% y las liquidaciones simplificadas de pymes con 4%.

De acuerdo al análisis realizado por la superintendencia, se destaca que el tiempo de tramitación promedio alcanza los 3 meses contados desde la dictación de la resolución de admisibilidad hasta la de la que declara finalizado el procedimiento, para la reorganización de personas, y de 5 meses para la quiebra de personas.

“Uno de los puntos más relevante de la Ley N° 21.563, corresponde a la posibilidad de que, a las personas naturales que hayan emitido boletas de honorarios durante los últimos 24 meses anterior al procedimiento puedan solicitar una renegociación, a diferencia de lo que ocurría con la antigua ley, en la que el ámbito de aplicación no alcanzaba a estos contribuyentes. A la fecha del total de procedimientos desde la vigencia de la Ley, 66% corresponde a deudores con boletas honorarios”, puntualizan desde esa repartición.

En materia de empresas, el balance muestra que en este año de vigencia de las modificaciones se han iniciado 10 reorganizaciones, lo que representa una disminución del 16% frente a igual periodo anterior. Al respecto, una cambio que resaltan desde la superintendencia es que el pago de honorarios de los veedores bajó considerablemente: “Si consideramos que un veedor cobraba por su servicio $10.554.579 en las microempresas antes de la Ley, y con la entrada en vigencia de la Ley N°21.563 está cobrando $2.394.769, en promedio”, subrayan.

En cuanto a las quiebras, entre agosto de 2023 y julio de 2024 se iniciaron 182 liquidaciones simplificadas de empresas, lo que representa una disminución del 34% versus los 12 meses previos.

El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, explica que, “a un año de la implementación de la Ley N°21.563, se ha observado un impacto significativo en los procedimientos concursales simplificados. Los datos de procedimientos terminados indicarían una reducción en los tiempos de tramitación de las liquidaciones simplificadas para personas y pymes, cumpliendo así con uno de los principales objetivos de la modificación legal”.

Sánchez resalta como un principal avance el hecho de que las personas bajo la modalidad de honorarios pasaran de ser consideradas empresa, a persona. Además de que es un proceso gratuito para la negociación. También enfatiza que los plazos son mucho más acotados, “en promedio de 3 a 5 meses, antes era entre 2 a 3 años. ( A lo más ) En cinco meses la persona que entra a este proceso, tanto de renegociación como de liquidación, está con el proceso finalizado”, asevera.

Entre los expertos hay, en general, una mirada favorable de la implementación de los cambios a la ley, aunque con algunos matices.

Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de GrupoDefensa.cl, comenta que “el balance de la nueva iniciativa para acelerar estos procesos es positivo. Hoy tenemos procedimientos de liquidación simplificada, tanto de empresas como de personas, que no tardan más de 4 o 6 meses en concluirse. No pasa lo mismo con los procedimientos de reorganización simplificada, los que a pesar de las facilidades que da la ley, no han visto la luz en un escenario deprimido económicamente, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas”.

Diego Messen, socio de Moraga y CIA, señala que, “sin duda, el haber simplificado los procesos concursales y haber establecido condiciones más accesibles a las personas en insolvencia -especialmente a las deudoras- ha permitido la mayor utilización de esta normativa. Esto, unido a que hay mayor información respecto a su utilización y la posibilidad de acceder a ella, ha incentivado de manera relevante la solicitud de liquidación y renegociación de los distintos actores del mercado que se encuentran en un estado financiero difícil de sobrellevar”.

En cambio, Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, menciona que s i bien “la modificación a la Ley 20.720 ha sido buena para las personas naturales, ha sido muy deficiente y amenazante para las personas jurídicas, a las que con frecuencia les conviene más dejar la empresa botada que hacer un cierre ordenado de ella, para poder empezar de nuevo. A la ley le falta mucho para estar en sintonía con la actual sociedad, con las pymes y con los trabajadores de estas, entre otros cambios”.

En julio las solicitudes de quiebra de las personas deudoras fueron 427, subiendo 111% anual y manteniendo una tendencia al alza en todo lo que va del 2024. Si se considera enero-julio, estas alcanzaron las 2.425, un 80,5% más si se compara con el mismo período de 2023. En tanto, las renegociaciones subieron 191%, registrando 189. Entre enero y julio se contabilizaron 1.122, frente a 374 del año pasado.

Para Ricardo Ibáñez “el aumento de las quiebras de personas se debe, por un lado, a la difícil situación económica que se vive en nuestro país, que tiene nulos signos de recuperación”. Pero también dice que “en el último año diversos actores han difundido bastante la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, producto de lo cual las personas naturales se han dado cuenta que no solo las empresas pueden acceder a este tipo de procesos”.

Eguiguren también lo ve como una consecuencia del cambio de la ley. “En agosto de 2023, los requisitos para que una persona natural renegociara sus deudas cambiaron, abriendo el espectro de personas que podían renegociar y cumplir con sus acreedores, lo que se empezó a reflejar con fuerza en octubre del mismo año”. Asimismo, indica que “la situación país está complicada, esto hace que el empleo informal crezca, no haya nuevas contrataciones ni puestos de trabajo disponibles, lo que ha provocado que muchas más personas se acojan a la Ley 20.720″.