Durante los primeros seis meses del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 108 reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos.
Esta cifra representa un incremento de casi 32% en comparación a igual lapso del año pasado. De estos, 66 correspondieron a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 20 por los casinos de juego, seis por las instituciones públicas y cuatro por las empresas de transferencia de dinero.
Esto da cuenta de que los sujetos obligados están más atentos a las operaciones sospechosas y más preparados para informarlas a la UAF, así como también una consolidación de la entidad.
El balance también dio cuenta que durante el período analizado se iniciaron 145 procesos sancionatorios contra personas naturales y jurídicas por incumplimiento normativo de la ley sobre lavado de dinero.
El sector que lideró en este ámbito fueron los usuarios de zonas francas, con 52 procesos sancionatorios, secundados de las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, con 22, las corredoras de propiedades (18), las administradoras de fondos de inversión (18), las empresas de factoring (siete) y las notarías (siete).
Esto refleja que si bien ciertos sectores lograron internalizar la normativa, hay otros que aún muestran algún rezago en la incorporación de la normativa, como es el sector inmobiliario. Al respecto, sería importante que las asociaciones gremiales a las que pertenecen estas entidades adopten las medidas necesarias para minimizar las falencias detectadas.
Con todo, este es un proceso que debe apuntar a la permanente mejora en la fiscalización, con el objetivo de que la UAF pueda realizar un efectivo y exhaustivo análisis de toda la información recibida por los múltiples actores que están obligados a reportar operaciones sospechosas.
