Bancada UDI solicita a Contraloría iniciar juicio de cuentas tras millonarias pérdidas del plan “Gas a Precio Justo”

Millonarias pérdidas son las que reclama la bancada de diputados de la UDI producto de la implementación del plan piloto impulsado por el gobierno, “Gas a Precio Justo”.

El hecho será llevado a la Contraloría General de la República por el diputado y actual presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, quien solicitará el lunes al organismo iniciar un juicio de cuentas contra las autoridades que tengan responsabilidad en la implementación de la iniciativa.

Cabe destacar que en enero pasado, un informe dio a conocer que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) gastó un total de $517 millones en la implementación del piloto, cifra que hasta ahora no ha sido restituida por la Subsecretaría de Energía.

Es por ese mismo motivo que se inició un sumario en la cartera y que el plan fue suspendido, luego de que una solicitud realizada por Sulantay revelara que cada cilindro tuvo un costo de $117 mil para el Estado.

A esta información se sumó que esta semana el gerente general de Enap, Julio Friedman, revelara que desde el organismo le advirtieron al gobierno antes de ejecutar el plan que este “iba, muy probablemente, a generar una pérdida” y un “daño patrimonial a la compañía”.

En esa línea, la investigación de Contraloría impulsada por los parlamentarios gremialistas tendrá como objetivo perseguir las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos que hayan participado en el proyecto y que llevó a causar un daño al patrimonio fiscal.

“Las autoridades tienen la obligación de velar por el eficiente uso de los recursos públicos, pero aquí pareciera que muchos lo ignoraron sólo por un interés político y electoral, impulsando un proyecto que terminó siendo un rotundo fracaso y cuyos costos para el Estado nunca estimaron”, cuestionó el diputado.

En esa misma línea, Sulantay señaló que solicitará a la Contraloría General de la República investigar si también existió una eventual infracción al principio de legalidad del gasto público, considerando que, a dos años de la iniciativa, la Subsecretaría de Energía aún no restituye a Enap los $517 millones.

Según explicó el parlamentario, el compromiso de restituir los gastos asociados al programa se hizo sin contar con un presupuesto o financiamiento que los respaldara, lo que infringiría la normativa.