La pandemia provocada por el Covid-19 ha durado más de lo esperado, y si bien los bancos centrales del mundo han implementado medidas no convencionales que hasta ahora han mitigado los efectos en los mercados, su utilización tiene un límite. Así al menos lo planteó el Banco Central en su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre, el que analizó los riesgos que se vislumbran hacia futuro para el sector en el país.
La entidad presidida por Mario Marcel, recordó que a nivel global los bancos centrales han proveído medidas de liquidez que han reducido la volatilidad de los instrumentos, pero advirtió que “estas políticas, cuya magnitud supera lo observado en la Crisis Financiera Global, reducen la capacidad de acción de las distintas instituciones en el futuro. Así, por ejemplo, el BCCh a agosto de este año ha destinado cerca del 40% de sus activos a la implementación de estas políticas. A su vez, una prolongación del shock real disminuiría la efectividad de dichas medidas, que fueron diseñadas para afrontar problemas de liquidez de forma transitoria”.
Sin embargo, la entidad advirtió que una recuperación aún más lenta de la actividad, representa “un importante factor de riesgo, ya que, además de sus efectos directos, limitaría la efectividad de las políticas de mitigación implementadas desde el inicio de la pandemia.”.
Consultado sobre si se están agotando sus herramientas, Marcel explicó que “el Banco Central tiene capacidad para actuar, tiene instrumentos para hacerlo, lo seguirá haciendo, y en la medida que así lo demande la situación de la economía, pero la respuesta de la economía frente a ese tipo de estímulos y ese tipo de medidas, puede ir siendo diferente con el paso del tiempo y a medida que estas holguras se van ocupando”.
“Los márgenes de acción del BC con el instrumental y facultades con que cuenta en el ámbito en el cual éste puede actuar, que es en el corto plazo, no ha cambiado significativamente, pero la capacidad de respuesta de la economía sí lo ha hecho, y al igual hoy día que antes, la capacidad para incidir sobre factores o cambios de más largo plazo, de más largo aliento, o más estructurales, es también mucho más limitada”, puntalizó.
Junto con esto, el IEF también hizo hincapié en factores locales que también aumentan los riesgos para el sector, como son reformas legales que pudieran “tener efectos no deseados en un momento de particular sensibilidad”.
Entre las medidas que se encuentran en discusión, mencionó la suspensión de remates y embargos ante impagos, o eliminar información de impagos en el registro de crédito. “Este tipo de iniciativa, junto con aquellas que involucran reprogramaciones universales de créditos, buscan disminuir la tensión financiera de los deudores en el corto plazo, pero involucran elevados costos directos e indirectos sobre todo el sistema”, precisó.
“Lo que se necesita es que las medidas que se pretendan adoptar sean debidamente formuladas y calibradas, para no incurrir en costos o consecuencias no deseadas. El diálogo y la cooperación entre los distintos actores que intervienen en las acciones de política - Ejecutivo, reguladores, Congreso Nacional y Banco Central-es fundamental para asegurar este propósito”, enfatizó.
Por último, la entidad también alertó sobre el aumento de la frecuencia de las recomendaciones de asesores privados en los últimos meses eleva la volatilidad.
Consultado sobre la reunión de funcionarios de la división de política financiera con representantes de esta empresa (FyF), Marcel señaló que “lo que ellos plantearon fue establecer una suerte de mesa a través de la cual el BC tendría que ponerse de acuerdo con estos asesores en relación a las recomendaciones que ellos efectúan sobre traspasos de fondos. La respuesta del Banco fue que tratándose de una institución responsable de la estabilidad financiera, y que tiene algunas funciones de supervisión, no corresponde que el BC establezca mesas de diálogo o de negociación de carácter privado con actores del sistema”.