El presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso este lunes ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en una sesión que tuvo por objeto continuar con la tramitación de los proyectos refundidos de Reforma Constitucional, para determinar las rentas de autoridades públicas.
En su presentación, el presidente del BC valoró el propósito de la norma de darle mayor transparencia y objetividad a la fijación de las remuneraciones de las autoridades. Para estos efectos, el texto despachado por la Cámara de Diputados contempla que dichas remuneraciones sean fijadas por una Comisión Técnica con cinco integrantes, dos de los cuales serían nombrados por el Consejo del Banco Central.
Con el objeto de perfeccionar dicha norma, propuso que el propio texto constitucional estableciera los objetivos que se deberían seguir al fijar dichas remuneraciones. Asimismo, sugirió radicar el rol de Secretaría Ejecutiva de la Comisión en una entidad técnica idónea, como el Servicio Civil, la Dirección de Presupuestos, o bien en una universidad de prestigio, seleccionada por la propia Comisión a partir de un proceso público y transparente.
También recomendó acotar el universo de autoridades y cargos cuyas remuneraciones quedarán sujetas a la determinación de la Comisión, con el objeto de no afectar toda la estructura de remuneraciones del sector público, en particular, de ejecutivos y funcionarios cuyo nombramiento no tiene un origen político y cuya labor es fundamental para garantizar profesionalismo en el desempeño de la función pública.
En la misma línea, propuso acotar el recorte temporal de remuneraciones contemplado en el articulado transitorio, para evitar un impacto inmediato sobre las remuneraciones de un amplio espectro de funcionarios y prefigurar el trabajo de la Comisión Técnica en su primera convocatoria.
Considerando el impacto en las finanzas públicas de la determinación de remuneraciones, sugirió que la Comisión realice una propuesta al Presidente de la República, quien podría acogerla o reducirla, lo que aseguraría flexibilidad para ajustarse a shocks internos o externos, precaviendo mantener la disciplina fiscal.