El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso este miércoles ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en una sesión que tuvo por objeto continuar con la tramitación de los proyectos refundidos de reforma constitucional, para determinar las rentas de autoridades públicas.
En su intervención Marcel planteó propuestas alternativas que permiten abordar esta materia, como acotar el universo de autoridades cuyos salarios deban determinarse; definir criterios y/o una estructura inicial de remuneraciones; definir mecanismos de reajustabilidad anual, y establecer un mecanismo de revisión de la estructura y nivel de las rentas.
Además sugirió considerar la creación de un Consejo o Comisión Técnica ad hoc con facultades para recomendar al Presidente de la República la revisión cada cierto tiempo de los montos y/o las formas de determinación de las remuneraciones, utilizando criterios técnicos. En este caso, el Presidente de la República sólo debería poder acoger o reducir la propuesta de la Comisión.
Marcel abordó los sistemas de remuneración vigentes en el sector público del país, así como otros proyectos relacionados con esta materia actualmente en discusión parlamentaria. En este contexto, abordó los desafíos técnicos y normativos que implica la iniciativa, así como los potenciales conflictos
jurídicos que podrían configurarse.
De manera complementaria, expuso sobre experiencias comparadas internacionales a través de casos específicos como Estados Unidos, Nueva Zelanda y México. Indicó que en diversos países pertenecientes a la OCDE existen órganos externos que proponen o determinan cambios en las dietas parlamentarias y rentas de otras autoridades públicas.
Agregó que no hay ningún Banco Central en el mundo que tenga como función determinar las rentas de autoridades de otros organismos del Estado.
Marcel abordó los sistemas de remuneración vigentes en el sector público del país, así como otros proyectos relacionados con esta materia actualmente en discusión parlamentaria. En este contexto, abordó los desafíos técnicos y normativos que implica la iniciativa, así como los potenciales conflictos
jurídicos que podrían configurarse.
