El banco panameño ASB Bank Corp y tres inversionistas individuales –Camilo González , Joaquín Aguirre y Manuel José Correa– presentaron la semana pasada ante la Corte de Apelaciones de Santiago dos reclamos de ilegalidad contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los reclamos de ilegalidad presentados por ASB Bank Corp y por tres aportantes del Fondo Sartor Leasing apuntan contra la misma resolución de la CMF que ordenó su liquidación, pero difieren en los intereses que defienden. El banco panameño, como acreedor, cuestiona que se haya vuelto a ordenar la liquidación de un fondo que, a su juicio, ya estaba en ese estado desde diciembre de 2024. Además, impugna que se le equipare con los aportantes, argumentando que estos no son acreedores del fondo y, por tanto, no tienen prioridad en el cobro. También critica que se haya designado como liquidadora a Sartor AGF, entidad que ya había sido disuelta por la propia CMF.

Por su parte, los aportantes reclaman que la CMF actuó de forma arbitraria y sin fundamentos técnicos al decidir la liquidación, omitiendo alternativas legales menos gravosas como el traspaso del fondo a otra administradora. Acusan que no se les consideró, pese a haber manifestado formalmente su preferencia por evitar la liquidación, y que la designación de Sartor AGF como liquidadora vulnera la normativa, al tratarse de una entidad ya inhabilitada. Ambos recursos denuncian irregularidades, pero desde perspectivas contrapuestas: el banco busca cobrar su deuda; los aportantes, proteger su inversión.

El 13 de marzo de 2025, la CMF ordenó la liquidación del Fondo Sartor Leasing, tras detectar graves riesgos financieros y operativos que comprometían los intereses de los aportantes y una gestión que destinó recursos del fondo a entidades relacionadas con los controladores de Sartor AGF.

Los reclamos apuntan a la supuesta ilegalidad e improcedencia de la decisión de la CMF, la que –a juicio de los recurrentes– no solo vulnera normas específicas de la Ley Única de Fondos (LUF), sino que además afecta gravemente los derechos patrimoniales de los aportantes del fondo. Las presentaciones judiciales también cuestionan la motivación y el procedimiento seguido por la autoridad.

ASB Bank presentó su reclamo a través del abogado Javier San Martín, del estudio Barros & Errázuriz. En su presentación, el banco sostiene que su actuación judicial –la presentación de una demanda ejecutiva por más de $8.999 millones contra el fondo– fue un acto legítimo como acreedor y no representa amenaza alguna para la estabilidad del vehículo de inversión.

El escrito sostiene que “la acción judicial en cuestión no genera ningún riesgo adicional en los derechos de los aportantes”, ya que, en cualquier proceso de liquidación, los acreedores tienen prioridad respecto de los partícipes, quienes no son acreedores, sino propietarios de cuotas representativas del fondo.

Por su parte, los tres aportantes –todos ingenieros y personas naturales– están representados por los abogados Jorge Bofill y Vanessa Facuse, del estudio Bofill, Escobar & Silva. Su presentación critica la actuación de la CMF: “La CMF ha actuado con ilegalidad manifiesta, tanto en el fondo como en la forma de sus decisiones, quebrantando los estándares mínimos de juridicidad que le impone su propio estatuto orgánico y la legislación aplicable al mercado de fondos”.

González, Aguirre y Correa son aportantes del mismo vehículo de inversión que se encuentra hoy en disputa: el Fondo de Inversión Sartor Leasing.

Sartor Leasing era un fondo rescatable administrado por Sartor AGF. En diciembre de 2024, la CMF revocó la autorización de existencia de esta administradora, iniciando así su disolución y posterior liquidación. A partir de esa fecha, según argumenta ASB Bank, el fondo entró también automáticamente en fase de liquidación, dado que la ley solo permite dos caminos para los fondos sin asamblea de aportantes: su liquidación o el traspaso a otra administradora, lo cual no ocurrió.

“La CMF cometió un error jurídico grave al ordenar la liquidación del Fondo Leasing, ya que éste está en liquidación desde el 20 de diciembre de 2024″, señala el escrito del banco, que además subraya que la propia normativa impide seguir pagando remuneraciones de administración a Sartor AGF una vez disuelta, lo que –afirman– ha seguido ocurriendo.

Transparencia

El reclamo presentado por González, Aguirre y Correa se centra en la falta de motivación técnica y jurídica de la resolución adoptada por la CMF. Denuncian que la decisión se basó únicamente en una “comunicación reservada” del liquidador, Ricardo Budinich, sin informes de valorización, sin auditorías, y sin considerar alternativas legales menos perjudiciales como el traspaso del fondo a otra AGF autorizada.

“La resolución impugnada no solo omite toda consideración del interés de los partícipes, sino que lo contradice expresamente, provocando una afectación directa y previsible al valor de sus inversiones”, sostiene el reclamo.

También apuntan a una supuesta contradicción grave: que la CMF designó como liquidadora del fondo a la misma sociedad cuya existencia acababa de revocar, es decir, Sartor AGF. “Esta decisión resulta no solo arbitraria, sino también jurídicamente insostenible”, advierten, ya que confía funciones fiduciarias a una entidad disuelta, sin estructura operativa ni controles internos.