El conflicto entre dos gigantes de la banca volvió a tomar fuerza en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ayer jueves, Banco Santander y BancoEstado presentaron a sus testigos en la disputa que los enfrenta por las tarifas interbancarias.

La controversia se inició el 8 de abril de 2024, cuando Santander demandó a BancoEstado por abuso de posición dominante en el mercado de transferencias electrónicas, acusándolo de aplicar tarifas 4,55 veces más altas que las consideradas eficientes por el resto de la industria.

BancoEstado respondió el 8 de octubre, rechazando de plano las acusaciones. Defendió sus cobros como esenciales para mantener productos como la CuentaRUT, destacó que la relación con Santander ha sido recíproca y estable desde 1996, y acusó a la entidad española de querer imponer nuevas condiciones de forma unilateral.

El banco de capitales españoles, asesorado por el abogado Ignacio Larraín, socio de VLF, presentó un listado con 17 personas para que sean citados a declarar en el juicio, en el que figuran ejecutivos de la banca y entre ellos en particular los gerentes generales de Banco Scotiabank y Banco Consorcio, Diego Masola y Gonzalo Ferrer, respectivamente.

El listado de testigos se incluye a ejecutivos bancarios, abogados y economistas con experiencia en medios de pago, regulación y libre competencia. Entre ellos figuran profesionales de Banco Santander, BancoEstado, Itaú, Banco de Chile, Scotiabank, Banco Falabella y Consorcio, además de académicos de la Universidad de Chile y consultores de Econsult.

El banco privado pidió que testifiquen sus propios ejecutivos, como María Teresa Jottar, gerente del área legal, negocios e innovación; Ángel García, jefe de medios de pago; y Sergio Ávila, ex director de administración y costos; y profesionales de BancoEstado como Sergio Zavala, gerente de Control de Gestión y Presupuestos, y Álvaro Larraín, subgerente Legal Corporativo y de Estudios.

El Santander incluyó en su lista de testigos a Cristián Toro, gerente corporativo legal y secretario del directorio del Banco Itaú; Francisco Torm, abogado de seguros y Claudio Otto, gerente de medios de pago del Banco de Chile. Por el lado de Banco Falabella citan a Gustavo Alcalde, gerente de marketing y productos bancarios, y Josefina Tocornal, ex gerente de legal y cumplimiento.

También pidió convocar a Vicente Sabatini, abogado de litigios y gobierno corporativo, por Scotiabank, e incluyó a los economistas y académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Claudio Raddatz y Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda; Gonzalo Sanhueza, socio director de Econsult RS Capital y presidente del directorio de Empresas Iansa; y Andrés Osorio, socio de Econsult Capital.

Por su parte, BancoEstado también presentó un listado, pero a diferencia de los nombres del demandante, sólo se centró en cinco ejecutivos internos y una economista externa, quien habría realizado un estudio para avalar la posición del banco.

La nómina de testigos presentada por BancoEstado, representado por el abogado José Miguel Gana socio de Gana & Urrutia, ante el TDLC está conformada por Carlos Hermosilla, gerente de Operaciones de Banca Minorista; Guillermo Hevia, jefe del área de Procesos, Sistemas y Tecnología; Gonzalo Collarte, gerente de Productos y Desarrollo de Canal Digital; Sergio Zavala, gerente de Control de Gestión y Presupuestos; Álvaro Larraín, subgerente Legal Corporativo y de Estudios; y Andrea Butelmann, economista, ex ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y socia de Butelmann Consultores.

Avances y retrocesos

El juicio entró a la etapa de prueba, luego que fracasaran los intentos de conciliación.

El 14 de octubre de 2024, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) citó a las partes a una primera audiencia de conciliación, fijada para el 19 de noviembre de ese año. Sin embargo, esa jornada la audiencia duró apenas 15 minutos. La ministra Silvia Retamales resolvió entonces convocar a una nueva sesión para el martes 26 de noviembre.

Según el acta de esa fecha, “los apoderados de las partes manifiestan sus posturas e indican que están recopilando información para evaluar un potencial acuerdo, dando cuenta de un cronograma preliminar de trabajo. Por tanto, solicitan que el Tribunal cite a una nueva audiencia de continuación de conciliación en tres semanas más”.

La última instancia se desarrolló el 19 de diciembre. En esa ocasión, la ministra Retamales tomó la palabra y consultó si existían avances desde la audiencia anterior. Los abogados de ambas partes indicaron que, tras evaluarlo, no habían alcanzado bases para un acuerdo. En consecuencia, el Tribunal declaró frustrada la conciliación.

Pese a ello, las partes no cerraron la puerta a un entendimiento. Ignacio Larraín, en representación de Banco Santander, y Rubén Urrutia, por BancoEstado, solicitaron de común acuerdo la suspensión del procedimiento por 40 días hábiles —desde el 28 de enero hasta el 14 de marzo de 2025— con el fin de seguir explorando un posible acuerdo. El proceso se reanudó el 15 de marzo.

Sin embargo, esta última parte no ha estado exenta de diferencias.

En el último tiempo, la discrepancia principal entre Banco Santander y BancoEstado radica en cómo debe estructurarse la etapa probatoria del juicio. Santander pide que se precise mejor el servicio cuestionado —la recepción de transferencias electrónicas interbancarias— y que se incluya explícitamente un análisis sobre los costos y elementos que justifican la tarifa cobrada, así como los efectos en la competencia como un punto de prueba separado. A su juicio, esto es esencial para demostrar que BancoEstado ha impuesto una tarifa arbitraria y desproporcionada.

Por su parte, BancoEstado argumenta que el punto de prueba actual invierte la carga probatoria, la cual corresponde a Santander como demandante. Solicita que se reformule el punto incluyendo expresamente que es Santander quien debe probar que la tarifa es injustificada y que hubo incumplimiento de una sentencia anterior de la Corte Suprema. Además, pide agregar un nuevo punto sobre la excepción de cosa juzgada, dado que ya hubo un juicio previo sobre estas materias.