Bancos dicen que colusión en transporte de valores es grave y que evaluarán si corresponden acciones legales

Un fuerte rechazo suscitó entre los bancos la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto a la colusión de tres empresas que participan en el mercado del transporte de valores.

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, señaló que el gremio “rechaza cualquier acción de colusión, tanto por el daño que generan a la competencia leal en cualquier tipo de industria, como por el impacto que tienen finalmente sobre las personas”:

En esa línea, apuntó que “para la banca es fundamental que opere siempre plenamente la Ley y que todos sus actores promuevan el respeto a las normativas que fomentan un mercado competitivo, sano y transparente. En este caso, estaremos atentos a la investigación, y esperamos que sea resuelto por las instituciones pertinentes”.

Por su parte, desde Santander señalaron que “lo que ha dado a conocer la Fiscalía Nacional Económica es una situación grave. Banco Santander seguirá atento la evolución de este caso y si corresponde, y se comprueban los hechos, evaluaremos ejercer acciones legales”.

En esa línea, indicó que “Banco Santander debe proteger el patrimonio de la institución y el interés de sus clientes y si eso supone ejercer sus derechos y acciones legales, lo hará”.

Desde Itaú, dijeron que “lo denunciado por la FNE constituyen hechos de gravedad. De comprobarse éstos, ejerceremos las acciones judiciales que correspondan para resguardar el patrimonio de nuestros clientes, accionistas y del banco”.

La FNE acusó a las tres empresas y seis ejecutivos de haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018 y pidió multas para todos ellos que suman US$ 63 millones (81.585 Unidades Tributarias Anuales, UTA). El requerimiento fue presentado por la FNE el pasado 7 de octubre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Las mayores multas solicitadas corresponden a Brink’s Chile S.A., con US$ 30,5 millones (39.325 UTA), y Juncadella Prosegur Group Andina S.A., con US$ 25,8 millones (33.253 UTA). Ambas son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en un caso de colusión. Para Wagner Seguridad Custodia y Transportes SpA, la razón social de Loomis, pidió US$ 6,4 millones (8.314 UTA).

En Chile, según la FNE, las tres empresas facturaron unos $ 144 mil millones en 2019 (unos US$ 187 millones de ese año).

Mediante un comunicado, desde Brink’s señalaron que “nos encontramos analizando el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pero desde ya nos ponemos a total disposición de la autoridad y vamos a recabar toda la información necesaria para que esta situación se aclare lo más rápidamente posible”.

Por su parte, en Prosegur indicaron que “Prosegur Cash ha colaborado con la Fiscalía Nacional Económica desde el inicio de la investigación que se llevó a cabo en este proceso”, y que continúan “profundizando sus políticas y protocolos de cumplimiento de la libre competencia, que son esenciales para la compañía en el marco de su programa de cumplimiento”.

“En adelante, la compañía presentará su defensa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en cumplimiento de la ley chilena”, dijeron desde la firma.