Bancos endurecen críticas a proyecto sobre fraudes: "Vulnera el derecho constitucional al debido proceso"

Tras la aprobación la semana pasada por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que responsabiliza a la banca ante fraudes con medios de pago como tarjetas de crédito, débito y otras operaciones electrónicas, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) reiteró su rechazo a la iniciativa y afirmó que vulnera derechos constitucionales y rompe los equilibrios del sistema de pagos.

"La regulación de servicios financieros debiese velar por el principio de que el oferente provea servicios seguros y, el consumidor, sea responsable de usar adecuadamente dichos servicios. En este orden de ideas, los bancos debiesen ser responsables en aquellos casos en que sean negligentes en la prestación de los servicios, causando un menoscabo al consumidor y, los clientes, responsables cuando no los utilicen apropiadamente o cuando no sean diligentes en el cuidado de sus claves o dispositivos", señaló la ABIF mediante una declaración pública.

Sin embargo, según la ABIF, dicho principio no es recogido en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. Esto, "ya que se consagra una verdadera presunción de derecho de la responsabilidad en contra de los bancos, obligándolos a pagar los cargos o restituir los fondos correspondientes a fraudes dentro de los 7 días hábiles siguientes al reclamo, sin atender a las circunstancias que originaron dicho fraude, no distinguiendo la responsabilidad que le compete al cliente, al banco o a los demás intervinientes del sistema de pagos.

Al respecto enfatizaron "de este modo, el proyecto de ley vulnera el derecho constitucional al debido proceso, la presunción de inocencia y otras garantías constitucionales, ya que incorpora un régimen de responsabilidad objetiva que hace responsable a quien pudo haber actuado con la mayor diligencia, impidiendo que un conflicto legítimo pueda ser resuelto por los tribunales, afectando, de esta manera, el derecho a un procedimiento justo".

En síntesis, aseveraron "el proyecto de ley rompe los equilibrios en el sistema de pagos y establece un marco atípico a nivel internacional. Las consecuencias directas serán un retroceso en el desarrollo de la industria financiera y de los medios de pago hacia la provisión de servicios transaccionales que permitan avanzar hacia una economía sin efectivo, siendo estos cambios contrarios al marco constitucional del país y afectando en definitiva el desarrollo de los mercados financieros".

El texto establece que el usuario deberá dar aviso inmediato a su banco cuando detecte un movimiento fraudulento, por ejemplo, cuando su medio de pago es clonado producto de un robo o extravío, o bien sus claves para transferencias bancarias son vulneradas.

A partir de dicho aviso, la institución bancaria deberá bloquear la tarjeta u otro medio de pago involucrado y, una vez avisado, el banco u otro emisor será responsable de cualquier otro movimiento que ocurra con dicho instrumento.

Así, el banco deberá restituir los fondos al usuario en un plazo máximo de siete días hábiles. En caso de que el usuario desconozca una operación, será responsabilidad del emisor demostrar el origen de ésta.

La iniciativa considera una nueva figura penal que consiste en la suplantación de la identidad del titular o usuario frente al emisor u operador para obtener autorización para realizar transacciones.

Estos delitos se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa correspondiente al triple del monto defraudado, pena que aumentará en un grado en caso de perjuicio a terceros.

La iniciativa ahora deberá pasar al Senado para su último trámite legislativo.