Un largo debate generó el proyecto que entrega más responsabilidades a la banca frente a fraudes con tarjetas, debido a que la industria argumentaba que tenía ciertos puntos inconstitucionales. Sin embargo, hoy el Tribunal Constitucional (TC) zanjó la disputa al emitir una sentencia que respalda la constitucionalidad del proyecto, por lo que ahora sólo falta que la iniciativa sea publicada en el Diario Oficial para que entre en régimen.

En concreto, el TC definió que “es conforme a la constitución política” lo que plantea el proyecto cuando dice que todas las acciones de esa ley podrán verse ante el Juez de Policía Local. En tanto, el TC definió que no emitiría pronunciamiento respecto al resto de los planteamientos del proyecto, “por no versar sobre materias propias de la ley orgánica constitucional”.

La causa fue vista por la presidenta del TC, María Luisa Brahm, y los ministros Iván Aróstica, Cristián Letelier, Miguel Ángel Fernández, Gonzalo García, Nelson Pozo y María Pía Silva.

Fue un largo camino el que tuvo que recorrer el proyecto, pero finalmente fue despachado por el Congreso este año. ¿Qué establece? Cuando ocurre un fraude, el usuario debe informar de ello al banco, y la institución deberá restituir en los 5 días hábiles siguientes hasta 35 UF, equivalente a $1.000.000.

Si el monto “extraído” fuera superior a las UF 35, la entidad financiera tendrá 7 días para revisar los antecedentes y determinar si hubo dolo o culpa grave, y si ese fuera el caso, podrá iniciar un proceso judicial ante los Juzgados de Policía Local.

La denuncia se realizará en los juzgados de la localidad en que vive la persona, lo cual debe ser notificado por los bancos a sus clientes.

Respecto de los tiempos, si bien el usuario debe informar de inmediato al banco cuando se percata de un fraude, se estableció un límite de 120 días como plazo máximo para que el cliente se entere de aquello y haga el reclamo a su institución financiera tras el conocimiento de su cartola.

El proyecto también prohibe que los bancos obliguen a sus clientes a contratar seguros para resguardar su dinero durante los 120 días previstos por la ley; de ahí en adelante funcionaría para aquellas personas que, por ejemplo, no revisan periódicamente sus cuentas.