Banmédica manifiesta “preocupación y molestia” a la Super de Salud por rechazo de alza de planes y su controlador pide reunión a embajador de Chile en EEUU

Una carta fue lo que envió este lunes el gerente general de Empresas Banmédica, Fernando Matthews, al superintendente de Salud, Víctor Torres, para manifestar su “real preocupación y molestia” frente a los fallos de primera instancia que ha emitido la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de dicho organismo, acogiendo las demandas arbitrales interpuestas por los afiliados de las isapres Banmédica y Vida Tres respecto al alza de los precios base de sus planes de salud.

En la carta, a la que tuvo acceso Pulso, Matthews recuerda que dicha Intendencia argumentó para su decisión que las isapres no habrían justificado debidamente el alza de precios, “señalando que no sería suficiente, para ese efecto, que el porcentaje de aumento se haya ajustado al Indicador de Costos de la Salud calculado por esa propia Superintendencia”.

En esa línea, dice que ese criterio “resulta absolutamente contrario” a lo que estableció la Ley 21.350, “norma que de manera expresa faculta a las isapres para efectuar ajustes de precio en los términos en que ello fue realizado. Ese, de hecho, fue justamente el objetivo del legislador al aprobar esa ley, la que contó con el voto favorable no solo de la unanimidad de los senadores, sino también de los parlamentarios de la actual coalición de gobierno”.

La misiva agrega que la decisión que tomó la Intendencia además va en contra del “propio criterio jurídico que ha sostenido esta autoridad, ya que sin ir más lejos fue la propia Superintendencia de Salud la que, al resolver los recursos de reposición interpuestos por las isapres en contra de la Circular IF/N°401, eliminó expresamente la obligación de justificación que ahora utiliza como argumento para acoger las demandas arbitrales”.

Así, Matthews señala que requerir una justificación adicional a las isapres por el alza, “no solo contraviene el ordenamiento jurídico vigente, generando una discriminación entre los distintos afiliados de una isapre, sino que, además, priva completamente de la certeza jurídica que debe existir para el adecuado funcionamiento de la industria”.

Es más, advierte que “llama profundamente la atención el mensaje que está transmitiendo la autoridad al emitir estas sentencias, sobre todo en un momento en que el señor Presidente de la República ha declarado abiertamente en reuniones sostenidas con ejecutivos de nuestra compañía en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, su intención de generar confianza en los inversionistas, respetando la institucionalidad vigente. Señales como las que representan estas sentencias arbitrales, van en un sentido totalmente contrario a lo expresado”.

La carta califica esta medida de la Intendencia como una “abierta ilegalidad”, y transmite que el efecto que traerá de ratificarse estas sentencias, será “la insostenibilidad financiera de la industria y su inviabilidad en el corto plazo. Lo anterior implicará graves consecuencias, no solo para las instituciones de salud previsional, sino también para los prestadores de salud, quienes verán seriamente comprometido el pago de sus cuentas, enfrentarán una paralización de proyectos de inversión en infraestructura clínica y, eventualmente, tendrán serias dificultades para subsistir y dar servicio a sus pacientes”.

Por último, la misiva pide a la Superintendencia que “en las instancias de revisión de las referidas sentencias, resuelva conforma a derecho y se ajuste a sus propios criterios en la materia, revocándolas y estableciendo que las alzas de precio efectuadas por las isapres se ajustan a lo establecido en la normativa vigente”.

La carta también fue enviada con copia a las ministras de Salud y Relaciones Exteriores, Begoña Yarza y Antonia Urrejola, respectivamente; así como al ministro de Hacienda, Mario Marcel, entre otros.

Tras consultar a Banmédica por esta carta, desde la compañía comentaron que están tomando todas las acciones legales que correspondan, como por ejemplo, interponer recursos de reposición contra los fallos de la Intendencia que acogieron las demandas de los afiliados, y agotar las vías de impugnación ante el regulador.

Tal es la preocupación, que también señalan que el controlador de la compañía, UnitedHealth Group (UHG), ya pidió una reunión al embajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés, para transmitir sus inquietudes por este tema y poder preguntarle cómo sugiere proceder, dada la situación financiera de la industria. En particular, la reunión la solicitó Joel Velasco, vicepresidente senior de relaciones internacional de UHG, y todavía no se concreta.

Por su parte, la carta finaliza diciendo que se reservan el derecho de recurrir a las instancias judiciales y administrativas “que en derecho correspondan para revertir esta situación, así como para perseguir las responsabilidades personales o institucionales que pudieran tener lugar”.

El resto de las isapres tampoco está feliz con estos fallos. En Cruz Blanca señalaron que “la situación del sector es apremiante y urgente, por lo que es responsable y oportuno evaluar todas las alternativas posibles con las que contamos”.

Cabe recordar que Cruz Blanca activó en marzo el procedimiento de resolución de controversias establecido por los tratados internacionales entre Chile y Reino Unido, para generar de manera urgente una instancias de diálogo con el Estado chileno.