Banmédica y Vida Tres envían carta a ministros de Hacienda y Salud pidiendo hacer cambios a ley corta de isapres para evitar “una crisis sistémica”
"El futuro del sistema de salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del gobierno evitar un colapso del sistema sanitario”, señala la misiva, donde el gerente general de ambas isapres enseña su visión sobre los temas que se podrían mejorar en el proyecto.
El gerente general de isapres Banmédica y Vida Tres, Aldo Gaggero, envió una carta este jueves al ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y a los senadores de la Comisión de Hacienda y Salud, manifestando su visión sobre la ley corta de isapres que se está tramitando actualmente en el Senado.
Ahí señala que “la Ley Corta, en su estado actual, requiere cambios que permitan evitar que la implementación de los fallos de la Corte Suprema genere una crisis sistémica. El futuro del sistema de salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del gobierno evitar un colapso del sistema sanitario”.
Agrega que valoran “enormemente los consensos alcanzados unánimemente por los expertos en la Comisión convocada por la Comisión de Salud del Senado, que entregó su informe en octubre de 2023; y es precisamente en esos consensos donde están las fórmulas que deben considerarse para lograr la correcta implementación de los fallos de la Corte Suprema, evitando una crisis sistémica”.
En particular, Gaggero dice que “estimamos fundamental reevaluar la incorporación de fórmulas adicionales de solidaridad, tal como lo propuso el informe final del Comité de Expertos, u otro mecanismo de ponderación que evite distorsiones en el necesario equilibrio entre ingresos y gastos de la cartera de contratos afectados por el recálculo ordenado por la Corte Suprema en sus fallos”.
Asimismo, explicó que “se requiere incorporar los necesarios cambios en la institucionalidad al Consejo Consultivo, creando un Panel de Expertos autónomo y vinculante, en línea con el modelo existente en otros sectores regulados, lo que permitiría evitar la futura judicialización del sistema”.
Por otro lado, comentó que “adicional al reajuste extraordinario al precio base de los planes que actualmente contempla la Ley Corta, se sugiere reconsiderar la aplicación de un reajuste extraordinario a la prima GES, de tal modo de contemplar lo señalado por la misma Corte Suprema en el fallo, respecto a que la prima del Estudio de Verificación de Costos no considera todos los costos que implica para las Isapres el cumplimiento de las garantías GES”.
Finaliza señalando que “de conformidad con lo anterior, solo entregándole sostenibilidad y certezas al sistema privado de salud es que lograremos avanzar hacia su necesaria reforma con lógica de seguridad social, como la sugerida en noviembre de 2023 en el informe final del Comité de Técnico de Reforma al Sector”.
Ley corta, la última carta
El gerente general de las isapres Banmédica y Vida Tres, dice en la misiva que “lo que el Congreso aprobó en la ley de reajuste del mes de diciembre de 2023 no va a estabilizar al sistema tras la aplicación del fallo por primas GES. La supuesta solución consiste en adelantar el proceso de reajuste de precio base de los planes de salud, pero considerando el promedio de los costos de la industria como un techo, lo que perjudica a las Isapres más eficientes, las que solo podrán reajustar por debajo del promedio de la industria”.
Por eso, cree que “la llamada Ley Corta es el último instrumento disponible para evitar una crisis sistémica y permitir darle viabilidad al sistema de salud en Chile”.
Por otra parte, la carta afirma que comparten “la visión de una serie de expertos jurídicos que señalan que el fallo no es una ´camisa de fuerza´ u obstáculo que impida el debate legislativo más amplio y técnico posible; que la Corte Suprema no ha definido un único modo de cálculo ni metodología de aplicación de éstos; y que buscar la mejor forma de aplicarlo fue el mandato que el máximo tribunal le dio a la Superintendencia de Salud, luego de reconocer que no tenía las competencias para definir cómo materializar lo instruido en su sentencia”.
Así, añade que “estamos convencidos que, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso cuentan con las atribuciones para diseñar la fórmula que más les parezca y que permita cumplir con los fallos de la Corte Suprema, sin poner en riesgo la continuidad de los tratamientos y coberturas de las personas, ni provocar un efecto sistémico”.
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