A fines de mes, el pleno de la Convención Constituyente debiera comenzar a votar y a despejar la incertidumbre en torno a las polémicas normas aprobadas por sus diferentes comisiones y que han gatillado la alerta del sector privado y de muchos convencionales por las señales a la inversión, a la propiedad privada y a la economía de mercado.

Para el economista y constituyente Bernardo Fontaine, quien integra la polémica Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, la Convención hoy es un “barco a la deriva y con un riesgo de naufragio”, debido a las “extremas” normas aprobadas en general por las diferentes comisiones. Es por ello que Fontaine hace un llamado a la “cordura” al pleno de la Convención y reclama por la ausencia en el debate público del presidente electo, Gabriel Boric, y su base de apoyo político.

Durante la última semana se han aprobado en general una serie de normas que han despertado la inquietud en diversos sectores, como estatizar las empresas mineras, caducar todos los derechos de agua y rechazar los tratados de libre comercio, entre otros.

¿Cómo evalúa los siete meses de la Convención Constituyente?

-En estos meses se pudo haber trabajado mucho más rápido, gastando menos tiempo en política y en todos los reglamentos. La Convención tiene una estructura difícil, es una colección de grupos de intereses particulares. Están los del Frente Amplio, que tienen la motivación fundamental de cambiar el sistema político y el sistema judicial. Están los ambientalistas, muchos de ellos muy talibanes. También los indígenas, que quieren un poder político y una compensación económica muy ambiciosa; y están las disidencias de género, las feministas. Entonces, cuesta encontrar a quienes les interese una buena y eficaz Constitución para el país.

¿Eso es lo que ha impedido, de alguna forma, el diálogo al interior de la Convención?

-Así es. También la intolerancia y el exceso de ideología. La búsqueda de una identidad totalitaria, al decir “solo lo mío es lo verdadero”. Hoy la foto es que la discusión constitucional parece un barco a la deriva y con riesgo de naufragio. Se está aprobando tramitar malas normas, sin sentido común ni apego a la realidad.

Quiero decir, no obstante que la nueva mesa de Convención no es responsable de esto, por el contrario, es más dialogante, equilibrada y democrática que la anterior. Los responsables son las fuerzas políticas establecidas. No puede ser que se apruebe en general la estatización de la minería, los bosques nativos, los derechos de agua, anular todo tipo de concesiones y autorizaciones de proyectos productivos en zonas que eventualmente pueden ser indígenas y ni el Frente Amplio ni el Partido Socialista u otros sectores, con excepción de la presidenta del PPD (Natalia Piergentili), no digan nada. ¿El que calla, otorga? ¿Están de acuerdo Gabriel Boric y su flamante ministro de Hacienda (Mario Marcel) con todo esto?

¿Ellos deberían tener más participación?

-Por supuesto, el 70% de los constituyentes son del mundo de Gabriel Boric. Él debe movilizar a los suyos para lograr un proyecto de Constitución de todos, si quiere tener éxito. Pero vemos que ese 70% está enclaustrado en el Boric de la primera vuelta. El único que parece tener el liderazgo sobre la ultraizquierda y la izquierda dura es Gabriel Boric.

¿A qué atribuye ese silencio del futuro gobierno?

-Uno echa de menos esa participación y ese liderazgo. Pregunto dónde están todos los políticos, académicos, comentaristas que aplaudieron a rabiar este proceso de creación de una nueva Constitución. No los veo participando activamente en tratar de encauzar en un camino de sentido común y de una Constitución racional.

¿Cuáles son las normas que se han mandado a tramitar que más le preocupan?

-Son muchas. Está la expropiación sin pagar indemnización de los derechos de agua, la estatización de toda la minería sin pagar la indemnización pertinente, el rechazo a que la economía chilena se base en la economía social de mercado. También el establecer el derecho de la naturaleza y bienes naturales, en los cuales no puede haber propiedad, incluyendo bosque nativo, las fuentes de energía renovables convencionales y no convencionales. Asimismo, una norma sobre soberanía alimentaria que bajo un disfraz de norma medioambiental posibilita una reforma agraria, porque le da exclusividad de la tierra, el agua, las semillas y los animales de crianza a los indígenas y a los campesinos.

La otra norma importante es la que busca rechazar los tratados de libre comercio. Eso no tiene lógica, porque es decirles a todos los chilenos que ahora van a comprar sus alimentos o vestuario, electrodomésticos, televisores, celulares y autos, más caros. ¿Para qué sirven los tratados de libre comercio? La respuesta es: para comprar barato.

¿Cuáles serían las consecuencias económicas de este tipo de normas si se aprueban finalmente?

-Estas normas cambian radicalmente las reglas del juego y debilitan la propiedad y, por consiguiente, van a ahuyentar la inversión que hoy es más necesaria que nunca para que Chile vuelva a crecer y existan recursos para derechos sociales.

Hoy deberíamos estar haciendo una campaña de atracción de inversión minera, aprovechando que el cobre está a buen precio, para generar actividad económica que beneficie a las personas. Pero, por el contrario, la estamos ahuyentando al decir que eventualmente toda la minería y toda la industria relacionada se van a estatizar. ¿A quién le va a cobrar el royalty Boric si va a estatizar la minería?

Por otra parte, quién va a poder hoy día plantar frutales tranquilo si no tiene certeza de que va a poder contar con algún derecho de agua. Esto ya tiene un efecto de incertidumbre enorme.

¿Qué ha pasado con el tema de la propiedad privada?

-En materia económica, la discusión más medular es cuán aguada va a quedar la propiedad privada en la nueva Constitución. Ahí los sectores del Frente Amplio y de la izquierda quieren eliminar la indemnización a valor de mercado y al contado que está establecida en la Constitución en caso de expropiación. Hay sectores que quieren poner una función ecológica, lo que significaría una limitación a la propiedad mucho mayor a la que hay hoy día en cuanto a normas ambientales.

¿Son malas señales aún cuando estas normas todavía no son aprobadas por el pleno de la Convención?

-Claro. Solamente haber aprobado su tramitación ya produce una incertidumbre enorme y es una pésima señal que rompe con toda la credibilidad que ha ido construyendo paso a paso por muchos años Chile.

Sumo a las normas mencionadas antes, el rechazo a una economía social de mercado. No hay ningún país exitoso en el mundo que no tenga una economía social de mercado, de la cual hay muchas variantes desde luego. Pero no se puede creer que la Convención haya escogido imitar a Corea del Norte, que tiene una economía estatal, versus Corea del Sur, que un país desarrollado y tiene una economía social de mercado. Hay un exceso de ideología en todo esto.

Pienso, efectivamente, que esta Constitución tiene que ser ambientalista. El calentamiento global nos obliga a poner como primera prioridad el cuidado del medioambiente. Pero en la Convención hay fuerzas ambientalistas talibanes que quieren que los derechos de la naturaleza estén por sobre, incluso, los derechos de las personas.

Nos están hablando de que, por ejemplo, la primera prioridad del agua sea la naturaleza y después el consumo humano. Hay mucha radicalidad, hay un exceso de ideología y desconocimiento de cómo funciona el país y cómo funciona toda la economía.

¿Cómo avizora los pasos futuros que debe dar la Convención en este contexto?

-Quiero decir primero que estoy comprometido en el éxito de esto. Estamos a tiempo de dar un golpe de timón y que este barco no siga a la deriva. Por eso es fundamental que el pleno rechace todas estas normas radicales que no tienen sentido común y busque una Constitución que sea buena, que le dé más poder a las personas, que haga que Chile despegue social y económicamente, y nos una. Pero va a ser difícil, porque veo muy pasivos a los sectores de izquierda y muy activa a la ultraizquierda.

Esta Constitución va a depender también de lo que digan los ciudadanos y es hora de que los ciudadanos digamos fuerte y claro que refundar Chile, que es la tentación mayoritaria en la Convención, no traerá más justicia ni más progreso, que pongamos sentido común.

Dejar todo como está tampoco es una opción. Necesitamos cambios, pero cambios en libertad. A su vez, el que Chile se desarrolle social y económicamente también depende del sistema político y ahí tampoco tenemos buenas noticias. Se aprobó eliminar el Senado, cuando el Senado aprueba el 65% de los proyectos de ley contra 30% que ha aprobado la Cámara. Es más rápido que la Cámara de Diputados y eliminarlo tampoco significa ningún ahorro porque lo que están planteando es aumentar el número de diputados.