Bloomberg analiza agenda legislativa del gobierno: Legado presidencial del multimillonario azotado por disturbios

Suman y siguen los medios internacionales que analizan la actual situación que vive Chile. Al Financial Times, New York Times, The Economist, El País, Bloomberg y EFE y Reuters, entre muchos otros, ahora se suma nuevamente la agencia de noticias económicas estadounidense Bloomberg.

Ahora la agencia centra su atención en el impacto del estallido social en la agenda legislativa del gobierno, con especial énfasis en el área económica.

Asimismo analiza la influencia del nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, frente a la que tenía su antecesor Felipe Larraín.

A continuación, la nota completa:

A medida que estallaban los disturbios en todo Chile en octubre, el presidente Sebastián Piñera observaba cómo su agenda política se esfumaba.

Solo 18 meses después de asumir el cargo con la promesa de expandir el sistema de pensiones privadas, recortar los impuestos a los ricos y frenar el crimen, Piñera vio sus planes legislativos arrasados por las protestas y disturbios callejeros más grandes desde el regreso de la democracia en 1990.

Cada una de sus políticas emblemáticas está siendo desechada, revocada o modificada. Bajo un nuevo ministro de Hacienda, los esfuerzos del gobierno se centran en aplacar a los manifestantes a través de aumentos de gastos, un cambio drástico de las promesas electorales para reducir el déficit fiscal. La mayor concesión de Piñera, un plan para volver a redactar la constitución, fue negociada por legisladores de casi todos los partidos principales. El presidente, que se ha resistido a los llamados a renunciar, recién respaldó el plan dos días después.

"Su manifiesto y sus políticas se han ido, se agotaron, terminaron", dijo Javier Sajuria, profesor titular de Chile en la Universidad Queen Mary de Londres. "Puede que se convierta en administrador de una agenda política establecida por los partidos en el Congreso".

A falta de dos años y medio de terminar su mandato, el índice de aprobación de Piñera se desplomó al 12%, según la última encuesta de Cadem. Incluso algunos legisladores de la oposición iniciaron un proceso de juicio político en su contra, aunque es poco probable que tenga éxito.

Es una situación difícil para un multimillonario acostumbrado al éxito. Fue elegido a fines de 2017 por un segundo período no consecutivo porque se lo consideraba eficiente, alguien que podía traducir sus habilidades comerciales en un crecimiento económico más rápido para el país.

Durante el primer año, todo pareció ir bien. El crecimiento se recuperó a 5,3% en el segundo trimestre de 2018 —sus primeros tres meses en el cargo— y la inversión se disparó. Pero para 2019, las cosas empezaban a deteriorarse.

La economía estaba perdiendo fuerza, expandiéndose solo 1,5% en el primer trimestre, y las reformas de pensiones e impuestos de Piñera se estancaron en el Congreso. Peor aún, un proyecto de ley diseñado para hacer que el mercado laboral fuera más flexible fue desestimado por la oposición, que quería recortar la semana laboral a 40 horas.

Y luego, aparentemente de la nada, estallaron las protestas y el paquete de reformas de Piñera pasó a la historia de la noche a la mañana.

Los manifestantes quieren mejores pensiones, educación y atención médica, así como una nueva constitución. Pero no quieren el tipo de aumentos fragmentados en el gasto que propuso Piñera, quieren un estado de bienestar adecuado. Después de 30 años de haberles dicho que viven en la economía milagrosa de América Latina, quieren ver los beneficios.

El presidente ahora está evitando los llamados de la extrema derecha para reprimir las protestas y la extrema izquierda exige su renuncia.

"Este ya no es el gobierno de Piñera, porque su agenda desapareció", dijo Robert Funk, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chile. "El gobierno ahora es reactivo, cambia constantemente dependiendo de las demandas en las calles".

Desde el comienzo de las protestas antigubernamentales, Piñera se ha esforzado por responder adecuadamente.

Después de llamar al ejército la primera noche, el presidente pasó a declarar la guerra a los manifestantes Fue un error. A los pocos días cambiaba de opinión, disculpándose y considerando legítimas las demandas de los manifestantes.

"Me ha sorprendido su constante incapacidad para interpretar la situación y dar respuestas", dijo Funk. "Pero, en definitiva, el gobierno debe ofrecer las respuestas".

Ahora otros se hacen cargo. Era una broma común en el pasado que el ministro de Hacienda de Piñera era el mismo Piñera. Ya no. Menos de dos semanas después del estallido de ira social, el presidente despidió a ocho ministros, incluido a su ministro de Hacienda de muchos años, Felipe Larraín. En su lugar entró Ignacio Briones, un economista afable y de voz suave.

Más que nadie, es Briones quien está estableciendo la agenda económica. Él fue quien acordó con los legisladores de la oposición aumentar la pensión mínima en un 50% en tres años.

El movimiento de protesta ahora está en su sexta semana y en muchas áreas más pobres del país ha empeorado en una ola de saqueos e incendios provocados. Los hoteles han sido asaltados, los edificios públicos quemados, las tiendas saqueadas y los semáforos destruidos.

Si bien las áreas ricas de Santiago continúan de manera normal, la vida en las zonas de bajos ingresos se ve gravemente afectada.

Ahora Piñera intenta reunir apoyo para una establecer una nueva agenda de ley y orden, al impulsar proyectos de ley para prohibir los encapuchados en las manifestaciones, facilitar la convocatoria del ejército para defender la infraestructura y aumentar el número de policías en las calles. Algunos en la oposición están empezando a alinearse.

"¡Llegó el momento de decir basta!", dijo Piñera en una conferencia de prensa el miércoles. "Llegó el momento de que todos, todos unamos en forma categórica nuestros compromisos y voluntades para combatir la violencia".

Sin embargo, cada vez que ha intentado establecer la ley en el pasado, Amnistía Internacional, Human Rights Watch u otra organización ha salido diciendo que la policía ha empleado sistemáticamente una fuerza excesiva.

Algunos legisladores de la oposición presentaron una acusación constitucional contra Piñera por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Si bien es poco probable que el juicio político obtenga los dos tercios de los senadores requeridos, la violenta reacción contra Piñera a menudo lo ha obligado a cambiar de tono y a prometer investigar los casos de abuso.

"Podría haber sido el presidente que dirigió la transición", dijo Sajuria. "Pero no tiene la credibilidad para lograrlo".

Pase lo que pase, es probable que Piñera llegue cojeando al final de su mandato.

"No creo que renuncie", dijo Sajuria. "No está en su personalidad hacer eso. Tenemos un sistema muy presidencial y cuando ese presidente es débil, no existe un camino fácil para solucionar ese vacío de poder".