Juan Andrés Fontaine y José De Gregorio han sido, con matices, guardianes de la economía de libre mercado de Chile durante más de tres décadas desde sus posiciones de banqueros centrales, ministros de Economía y académicos.
Es por eso que, al igual que muchos de la vieja escuela en Santiago, han observado con preocupación cómo las protestas generalizadas han llevado a un ataque contra el sistema de fondos de pensiones de Chile, a la redacción de una nueva Constitución y a la posible elección del primer presidente de izquierda “dura” desde Salvador Allende en la década de 1970. La economía más rica de América Latina, dice Fontaine, “atraviesa un campo minado, hacia donde uno mire hay posibilidades de una explosión peligrosa que dañe al modelo”.
A pesar de todo, lo que les da esperanza es que el modelo económico chileno es tan abierto y tan orientado al libre mercado que debería actuar como una salvaguardia. Cualquier cambio radical, como ellos lo ven, provocará una reacción negativa tan intensa en los mercados que los costos obligarán al Gobierno a moderar sus políticas.
“Una economía abierta, tanto en lo comercial como en lo financiero, castiga muy rápidamente las aventuras en las cuales se puedan embarcar los políticos”, dice Fontaine. El mercado, cuando se enoja, “patea muy fuerte”.
Algunas señales de esto ya se están haciendo evidentes. Este año, el peso chileno se encuentra entre las monedas con peor desempeño del mundo. Si bien el mercado de bonos local ha repuntado en las últimas semanas, los rendimientos de referencia siguen registrando un alza de 120 puntos base en los últimos tres meses. Los swaps de tasas alcanzaron un máximo de nueve años en octubre.
Los dos provienen de diferentes sectores políticos, uno del lado conservador, y el otro más de la centroizquierda. Fontaine, quien trabajó en la Administración de centroderecha del presidente Sebastián Piñera y como director de investigación del banco central, y De Gregorio, que fue ministro de Economía del expresidente socialista Ricardo Lagos y expresidente del banco central, conversaron con reporteros de Bloomberg News a través de Zoom sobre lo que se viene para Chile.
No están de acuerdo en todo, pero una cosa en la que sí lo están es en que las quejas que resuenan en barrios de ingresos más bajos del país tienen cierto asidero. Si bien el marco establecido por el exdictador Augusto Pinochet y el grupo de economistas conocidos como los “Chicago Boys” en los años setenta y ochenta (que incluía a Fontaine) colocó a Chile en una senda de crecimiento y progreso extraordinario, los políticos no lograron hacer —en las décadas siguientes— los ajustes que podrían haber fortalecido la red de seguridad social. Ese fracaso político es el responsable de los disturbios y el malestar de la gente, dijeron.
“Lo que pasó fue que durante años se siguió el precepto de ‘if it ain’t broke, why fix it’, que fue un gran error”, dijo De Gregorio, quien ahora es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. La estrategia nos llevó a “un grado de polarización impresionante porque lo que ha dominado son los populistas”, dijo.
La popularidad del sistema se pondrá a prueba en la votación presidencial programada para el 21 de noviembre. Los dos favoritos, el izquierdista Gabriel Boric y el conservador José Antonio Kast, están en extremos opuestos del espectro político. Kast promete reducir los impuestos corporativos y patrimoniales, así como imponer políticas migratorias más estrictas. Boric, promete enterrar el modelo “neoliberal” de Chile.
Uno de los temas más polémicos son las pensiones privadas, que algunos lo consideran entre los aspectos más venerados del sistema financiero de Chile y un modelo para los países de todo el mundo. Por ley, todo trabajador chileno debe aportar una parte de su salario a una cuenta individual. Pero muchos chilenos dicen que los retornos han sido mediocres e insuficientes para brindarles una jubilación segura. Y desconfían de las empresas financieras que administran su dinero.
Los legisladores han permitido tres rondas de retiros extraordinarios de fondos de pensiones desde que comenzó la pandemia, por un total de aproximadamente US$49.000 millones. La medida demostró ser popular entre los chilenos que necesitaban efectivo para sobrevivir a las cuarentenas por el covid, pero ha socavado los mercados locales y ha ayudado a elevar la inflación mucho más allá del objetivo del banco central.
Mientras que Kast aboga por que el sistema continúe como está, Boric propone eliminarlo a favor de un administrador estatal. Fontaine dice que es la propuesta que más le preocupa, tanto por el riesgo para los ahorradores como por el daño potencial a los mercados de capitales de Chile, que dependen de los flujos de las pensiones privadas.
“La solución que están sugiriendo agrava el problema”, dijo. “Tengo serias dudas respecto de la capacidad del Estado para responder con buenas pensiones en el futuro, además del problema de los malos incentivos que tendría el Estado para manejar esos recursos”.
Mientras economistas como De Gregorio y Fontaine contemplan lo que depara el futuro, adivinar a qué país latinoamericano se parecerá más Chile dentro de algunos años se ha convertido en una práctica popular en el país.
De Gregorio dice que es posible que Chile, después de algunas reformas para aliviar la presión sobre la Administración entrante, termine pareciéndose a Perú. Allí, la intervención estatal ha producido una economía relativamente estable, pero con un crecimiento sistemáticamente mediocre.
Fontaine dice que su opinión más optimista sería que Chile termine como México, con bastante intervención del Estado, pero con una economía muy abierta.
Pero no descarta un futuro en el que el Gobierno comience a cerrar la economía, en un intento por apuntalar la red de seguridad y proporcionar trabajo a una población inquieta. Si eso sucede, dijo, Chile podría terminar pareciéndose a Argentina, un país constantemente acosado por una moneda débil, una fuerte inflación y un crecimiento lento.
De Gregorio no cree que se llegue a eso.
“Lo que me da esperanza es que cuando un ideario llega a un momento en que no produce progreso, a ese Gobierno no le queda otra que retrasar su programa”, dijo el decano.
