El viernes pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informaba que 437.703 trabajadores dependientes accedieron al bono clase media sin cumplir con los requisitos. De ellos, 37.100 son funcionarios del Estado.
Junto con ese anuncio, el SII dijo que estableció un procedimiento para que los trabajadores restituyan los montos percibidos indebidamente, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, hasta el 30 de noviembre. Una vez concluido este proceso, se determinarán las acciones respecto de quienes no realicen esta devolución.
Consultado el SII, señaló que desde el sábado se han restituido unos 15 mil bonos mal adjudicados. El monto, incluye parte de los reintegros que se realizaron este jueves.
De acuerdo con el servicio fiscalizador, los movimientos en el sitio comenzaron con mayor frecuencia una vez que el SII difundió la información y empezó a notificar a los contribuyentes que estaban en esa situación, es decir, desde el sábado.
La arista penal
El Ministerio Público tomó la decisión de abrir una investigación penal por el caso de obtención fraudulenta del Bono de Clase Media. Esto, luego de que el SII informara que unos 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de solicitar ese beneficio y el real, calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido. El organismo precisó que respecto de todos ellos no se cumplió con el requisito legal de tener una disminución de 30% o más en sus remuneraciones de dicho mes, respecto del promedio de ingresos totales de 2019.
Por eso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ofició a inicios de octubre al director del SII, Fernando Barraza, pidiendo el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones. Esa vez, el Ministerio Público informó que la indagatoria podría ser por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros ilícitos.
La decisión se tomó este jueves y se designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, a cargo del caso. La persecutora deberá tomar decisiones respecto de cómo será la persecución penal de las casi 440 mil personas involucradas. Esto, debido a que conocedores del asunto aseguran que el primer objetivo será conseguir que las personas a quienes no les correspondía el beneficio puedan devolverlo.
De hecho, luego de que se diera a conocer la información del SII algunas personas se han autodenunciado, algunos ya iniciaron el proceso de devolución y otros también han pedido al SII que reconsidere sus datos de las remuneraciones. Esto, debido a que las casi 500 mil personas fueron notificadas por correo electrónico.
Fuentes conocedores del caso aseguran que la investigación de la fiscal Wittwer incluirá los tipos penales especiales que se incluyeron en la ley de este bono. Se trata de los artículos 11 de la Ley 21.242 y el artículo 12 de Ley 21.252. Estas normas establecen que “las personas que obtuvieren el beneficio establecido en esta ley mediante simulación o engaño y quienes, de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en su grado mínimo a medio”.
“(Se investigarán) todos los hechos relacionados a la obtención fraudulenta del bono Clase Media, hechos ocurridos a lo largo de todo el país que dicen relación con personas que hubieran solicitado este bono no teniendo derecho a hacerlo”, aseguró ayer Wittwer.
Cercanos a la indagatoria aseguran que el SII aún no responde el oficio de Abbott entregando la nómina de los casi 440 mil involucrados. A su vez, las mismas fuentes señalan que se está analizando el escenario respecto de quienes siendo funcionarios públicos solicitaron el bono ya que respecto de ellos no hubo disminución en sus rentas.
