Bono clase media: reparticiones públicas abrirán sumarios para determinar responsabilidades

Molestia causó en el gobierno y en particular en el Ministerio de Hacienda la información que reveló el Servicio de Impuestos Internos (SII) el viernes: 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que auto declararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de solicitar ese beneficio y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido, pero más molesta el hecho de que 37.100 de ellos fueran funcionarios públicos.

Por ello, es que el mismo viernes 2 de octubre Hacienda entregó los antecedentes a la Contraloría General de la República para que iniciara una investigación.

Fuentes conocedoras del proceso afirman que dado el volumen de funcionarios, la fórmula más eficiente para investigar los hechos es que las distintas reparticiones lleven a cabo procedimientos administrativos internos para determinar qué pasó en cada caso y luego enviar el resultado de los sumarios a la Contraloría para que analice dicha investigación y las respectivas sanciones.

Personeros de gobierno señalan que para iniciar la investigación, los jefes de servicio de cada repartición tomaron contacto con el SII para conocer el detalle de cada caso y así comenzar el proceso.

Los funcionarios públicos que hayan cobrado bono sin merecerlo faltan al principio de probidad y arriesgan una pena que va desde una sanción hasta la destitución. Todo dependerá del caso a caso que se resuelva en la investigación.

Cabe recordar, además, que desde el 26 de agosto la Contraloría inició una auditoría en el SII y en la Tesorería debido a eventuales problemas en postulación y pago del bono. De acuerdo con lo informado se indaga la disponibilidad de los sistemas utilizados, incumplimiento en fecha de pago y depósito en cuentas no informadas por beneficiarios.

Para restituir los recursos, el SII dijo que estableció un procedimiento, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, hasta el 30 de noviembre. De acuerdo con el SII, “estamos en una primera etapa en la que buscamos generar las facilidades para que los trabajadores que deban realizar la restitución del bono lo hagan sin ningún tipo de reajustes, multas ni intereses”. El Servicio precisa que además de contactarlos, “existe la posibilidad de que puedan entregar antecedentes fundados que demuestren que sí cumplían con los requisitos legales. Lo que buscamos acá es resguardar el correcto uso de los recursos públicos. Una vez terminado este proceso, se impulsarán distintas acciones contempladas en nuestro modelo de gestión, que son proporcionales al incumplimiento”.

Consultados sobre si existe un tratamiento diferenciado entre trabajadores del sector privado con el público, afirmaron que “como Servicio, y de acuerdo al principio de equidad tributaria, no hacemos diferencias entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Para nosotros son todos contribuyentes que deben cumplir correctamente con sus obligaciones con el país y sus habitantes”.

El tema no se quedó solo en la arista administrativa, sino que también en lo político. Si el martes, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), pidió al gobierno un “perdonazo”, este martes los jefes de bancada de los partidos de Chile Vamos le pidieron al fiscal nacional, Jorge Abbott, iniciar de oficio una investigación, que permita concluir con el esclarecimiento de eventuales delitos de fraude de subvenciones o perjurio. La fiscalía había señalado el viernes que estaba evaluando abrir una investigación.

Asimismo, los legisladores le pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, realizar una sesión especial para el martes 20 de octubre, con el fin de abordar los casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el bono clase media.