Era un tema que ya estaba instalado: el gobierno preparaba algún nuevo plan de ayuda complementario al recientemente lanzado Chile Ayuda y ante el rechazo que sufrió el proyecto de retiro acotado de fondos de pensiones, el Ejecutivo buscaba alternativas, en especial para hacer frente al alza de los precios de los alimentos.
Y este jueves, en una actividad en La Serena, el Presidente Gabriel Boric, lo anunció directamente. “La angustia que vive la gente por el alza en el costo de la vida es algo de lo que el gobierno se va a hacer cargo”, señaló.
En ese sentido, dijo que “estamos estudiando diferentes alternativas, en conjunto con parlamentarios de gobierno y oposición. Hemos recibido diferentes propuestas. También con organizaciones de trabajadores y trabajadores para hacernos cargos en particular de la situación del alza de precios de la canasta básica. Sabemos que a los sectores más vulnerables les está apretando el bolsillo y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo el primer mandatario.
No obstante, enfatizó que, si bien se entregarán ayudas, “no vamos a resolver los problemas estructurales de la desigualdad en Chile mediante transferencias directas o con los ahorros de los chilenos y chilenas”, y que, para ello, “tenemos que generar un nuevo sistema de desarrollo y eso es un cambio un poco más lento”.
Por ello, puntualizó que, para hacer frente a este complejo escenario se avanzará a dos velocidades. Primero, se harán “cargo de las urgencias, por ejemplo, el alza de precios de la canasta básica. Estamos trabajando en eso y en el aumento del sueldo mínimo. Las negociaciones con la CUT finalizan la otra semana y tenemos el deber legal de ingresar el proyecto. Y otro, de largo plazo, que es cambiar el modelo de desarrollo para que podamos superar esa desigualdad. Estamos trabajando”.
La escalada de los precios
El último registro de IPC, de 1,9% en marzo, llevó a que la inflación en un año alcanzará una variación de 9,4%, su mayor nivel desde 2008. Y una de las razones principales que provocó esta alza inesperada fueron, precisamente, los alimentos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC de los alimentos subió 3,9% en marzo, acumulando en el año un incremento de 7,7% y escalando hasta 13,6% en doce meses.
Es más, del 1,9% total del IPC del mes, el 37% fue solo alimentos y si se considera la división completa de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, llegó al 42,1%, correspondiente a 0,8 puntos porcentuales (pp) del total. Por eso está ahí el foco de preocupación del Ejecutivo, ante lo cual se comenzaron a buscar alternativas.
Los caminos que se exploran
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) incluyó dentro de su petitorio para la negociación de salario mínimo la idea de una canasta básica protegida. Por ello, las señales apuntan a que dentro de este proceso se anuncie la fórmula para aliviar el bolsillo de los sectores de menores recursos en materia de alimentos.
Si bien todavía no hay una decisión tomada sobre el mejor mecanismo, hay algunos puntos que ya están despejados. Cualquier medida que se tome no considerará ni una rebaja transitoria en el IVA, ni tampoco una fijación de precios. “Es importante aclarar que el gobierno no está pensando en fijar precios. Sí estamos preocupados por el alza de los alimentos que afectan a las familias”, dijo el miércoles la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.
Despejados esos puntos, las fórmulas que sí están presente en la negociación y se están explorando son por ahora dos: una es entregar un bono directo para las familias de menores recursos. Ahí todavía lo que falta por determinar es el universo de los beneficiados, ya que en la multisindical afirman que se debe ir más allá de la cantidad de personas que reciben el sueldo mínimo, que llegan a unos 800 mil trabajadores. En ese sentido, algunos conocedores del proceso mencionan que debería llegar, al menos, a unos 2 millones de beneficiados.
Si bien esta idea de entregar un bono es más directa para aliviar el alza de costo de la vida de las familias, no asegura que los recursos se destinen a comprar alimentos.
Dado lo anterior entonces, la otra opción que está en estudio es entregar una tarjeta a las familias para que puedan comprar los alimentos. Esta es una idea más focalizada y que permitiría que efectivamente esos recursos se destinen a comprar comida. Ambas fórmulas se siguen analizando.
El universo es uno de los temas que también se sigue evaluando. Esto, porque desde el gobierno transmiten que tiene que ser focalizado y, en ningún caso, repetir un escenario como el de los IFE universales, que llegó hasta el 90% de la población. El Registro Social de Hogares es un instrumento que se puede mirar, comentan en el Ejecutivo.
Los plazos se acortan y todo indica que la próxima semana la definición ya debería adoptarse, considerando que el 1 de mayo vence el actual ingreso básico. El lunes se reunirá nuevamente el gobierno con la CUT para comenzar a zanjar los distintos temas, con el objetivo de ingresar el proyecto de salario mínimo la primera semana de mayo.
De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el valor de la canasta básica de alimentos se ubicó en marzo en $54.101, lo que se traduce en un alza mensual de 4,2% y una variación de 13,4% en los últimos doce meses.
