Gabriel Boric anuncia pacto fiscal con 6 ejes que buscará recaudar US$ 8.000 millones

Finalmente este martes el Presidente Gabriel Boric entregó los detalles del pacto fiscal que busca impulsar el gobierno luego de que su proyecto de reforma tributaria fuera rechazado en la Cámara. Y el anuncio lo hizo desde la comuna de Independencia. El Mandatario confirmó que no se insistirá con la propuesta impositiva en el Senado, y que la nueva iniciativa del Ejecutivo está estructura en torno a seis lineamientos. En su conjunto, las propuestas buscan recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen a 2,7% del PIB.

Y tal como lo adelantó Pulso, el Presidente dijo que buscarán “en el corto plazo iniciar la discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento y elevar la calidad del gasto, así como para fortalecer la fiscalización tributaria”. Y sostuvo que “no insistiremos en el Senado con el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados, pues hubo quienes nunca quisieron sentarse a la mesa, lo que impide poner en votación un proyecto que sabemos será rechazado”.

Luego agregó que “desde acá quiero asegurarles que mi gobierno no va a renunciar a mejorar las pensiones de miles de jubilados que viven en condiciones indignas. Pensiones bajo el sueldo mínimo. No hay tiempo que perder”.

El gobierno detalló en una minuta que “las prioridades de gasto público y los componentes destinados a incrementar los ingresos fiscales no pueden ser mirados de manera aislada”. Y por ello, se solicitará una opinión técnica independiente sobre el espacio fiscal disponible a partir de los dividendos de crecimiento y eficiencia. El primero estará a cargo de un Comité de Expertos mientras que el segundo, será realizado por el grupo de presupuestos de la OCDE. “La diferencia entre el costo fiscal de las prioridades identificadas, y los dividendos de crecimiento y eficiencia, serán financiados por medio de una reforma tributaria, que contendrá una mejora de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una reforma de la tributación a la renta, que incorpore aumentos de impuestos y beneficios tributarios”, sostiene el texto.

Este ejercicio será desarrollado con un horizonte de 10 años que considerará una gradualidad consistente entre el mayor gasto y el espacio de financiamiento.

En el desglose de los lineamiento que dio a conocer el Mandatario son principios para un sistema tributario moderno en Chile, y sostuvo que “queremos un sistema moderno, justo, eficiente, que entregue garantías a todos sobre cómo se usan los impuestos”.

En el detalle de cómo se distribuirán los recursos, Boric dijo que el mayor porcentaje se destinará a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) con 1,2% del PIB; luego 0,9% del PIB irá para salud, principalmente destinado a la reducción de las listas de espera, fortalecimiento en la atención en consultorios; otro 0,3% del PIB para seguridad pública y 0,3% del PIB para protección social, donde se incluyen las políticas de cuidado y sala cuna universal.

En el desglose de este gasto mencionó como una de las prioridades el aumento de las pensiones en la reforma previsional, elevar la PGU a $250 mil y reducir las listas de espera en salud.

También apuntó como necesidad de gasto el compromiso de incrementar en US$1.500 millones la inversión en seguridad ciudadana. Esto abarca “el mejoramiento de las condiciones y eficacia de las policías y de la administración de justicia. Vivir mejor también es combatir la delincuencia y por eso queremos hacer esta inversión histórica”.

Dentro de los gastos incluyó también el avanzar en “la reducción de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de la atención en consultorios, así como el desarrollo de un sistema universal de cuidados de niños, adultos mayores, salud mental y personas con discapacidad, por dar algunos ejemplos”.

En cuanto a las vías por las cuales se buscará recaudar, el Mandatario explicó que la reforma tributaria propiamente tal, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, se dividirá en dos iniciativas.

Por un lado estará el mejoramiento de la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este eje, dijo, habrá modificaciones que buscan incrementar la recaudación fiscal sin que necesariamente conlleven un aumento de impuestos, “como ocurre con todas aquellas medidas que modernizan la administración tributaria para lograr una mejor justicia y equidad tributaria” . Y también un segundo grupo de modificaciones tributarias que “producen una menor recaudación mediante la introducción de beneficios tributarios o reducciones de impuestos”.

Se estima que estas medidas elevarían la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB en términos netos.

El otro eje es una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de los contribuyentes de mayores ingresos.

Resaltó que la segunda iniciativa “incluirá incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño, para que la dueña del almacén, de la ferretería o el dueño de la panadería tengan una nueva normativa. Se estima que estos incentivos tendrán un costo fiscal de 0,5% del PIB”.

En el gobierno explican que para determinar los incrementos de impuestos necesarios para compensar esta menor recaudación y aportar al financiamiento de los gastos prioritarios, “se tomará en cuenta el aporte del crecimiento y los compromisos de reforma para fortalecer la eficiencia del Estado para generar espacio fiscal, de acuerdo con las magnitudes estimadas por los procesos de consulta técnica ya citados”.

El proyecto de reforma a la tributación se elaborará durante todo el segundo semestre.

Entre las medidas que incluirá este proyecto, el Ejecutivo informó que estarán presentes temas como el régimen de impuesto a la renta, impuestos personales, reducción de exenciones y la incorporación de normas OCDE sobre tributación mínima a nivel global de empresas multinacionales.

Se especificó que dentro de la reforma a la tributación a la renta estará la estructuración de un nuevo marco normativo aplicable a las empresas de menor tamaño. Este incluye un aumento del límite del actual régimen tributario pymes por volumen de ventas; la creación de un sistema ultrasimplificado de monotributo para empresas nacientes o en proceso de formalización; un mecanismo de rebaja total y parcial de IVA durante dos años para extender los incentivos a nuevas empresas formales; la eliminación de requisitos y ampliación de estímulos al régimen de tributación transparente, y la incorporación de normas para una transición más gradual al régimen general a las empresas que crecen. “La magnitud de estas modificaciones conduce al desarrollo de una nueva ruta del emprendimiento, que facilitará la formalización, gestión, financiamiento y crecimiento de empresas de menor tamaño”, señaló el gobierno.

Otro de los ejes apunta al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía. El Ejecutivo va a presentar 38 iniciativas ligadas a esta materia. Y se incluyen 17 iniciativas para reducir la informalidad.

El quinto punto abordado por el Ejecutivo apunta a la transparencia, la eficiencia y la calidad de la entrega de servicios que ofrece el Estado.

Para avanzar en estas materias se detalló que “se requiere también realizar el diagnóstico sobre cuál es el espacio real de eficiencia y potenciales ahorros, considerando que no todas las acciones de mejor gestión pública producen necesariamente un ahorro fiscal ni tampoco cualquier ahorro es sinónimo de una buena gestión pública, para ello se ha encargado un estudio al grupo de presupuestos de la OCDE con el propósito de determinar sobre bases objetivas lo que hemos denominado dividendo de eficiencia”, se detalla en una minuta de Hacienda.

Sin perjuicio del resultado del estudio encargado, puntualizan que “el diálogo con diversos actores ha permitido identificar 20 iniciativas sustantivas que van el sentido de reforzar la eficiencia, calidad y transparencia del gasto público. Estas iniciativas están distribuidas en cuatro áreas: calidad y eficiencia del gasto, calidad del servicio e innovación, transparencia e integridad, y disciplina y responsabilidad fiscal”.

Por último, el presidente dijo que “el Pacto Fiscal incluye un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los compromisos que se asuman, de modo de tener la seguridad de que las cosas se hagan a tiempo, se hagan bien, y den los resultados esperados”.

Sobre este punto, se establecerá una Comisión de Seguimiento que tendrá como objeto resguardar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del pacto fiscal. Luego, al cabo de tres años, el Consejo Nacional para la Evaluación y la Productividad efectuará una evaluación de la implementación del pacto fiscal, identificando el grado de cumplimiento de compromisos y resultados esperados. Y a ello se sumará que al cabo de cinco años “se encomendará a un organismo internacional la evaluación del impacto económico, fiscal y social del pacto fiscal”.