Este lunes, el presidente Gabriel Boric, promulgó la ley que sanciona los delitos económicos y ambientales. El Mandatario aseguró que la normativa ayudará a recuperar las confianzas.

“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar. Estoy seguro que esta ley contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años”, sostuvo el Mandatario.

Y agregó que “por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia como los delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos. Hay una percepción en la ciudadanía de que a veces pareciera existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente, y para que no sea real. La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección, y en la recuperación de la confianza en las instituciones”.

Insistió en que cuando la opinión pública no ve sanciones, se debilitan las confianzas.

“El sistema de penas no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad, o la condena consistía en vergonzosas clases de ética. Recordamos el caso farmacias y otros casos de colusión. La señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibía un trato distinto. El problema es que cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o una vara distinta para juzgar a unos o a otros, se debilita la confianza pública y la cohesión social”, aseveró Boric.

Asimismo, sostuvo que “no debemos olvidar la importancia de la cohesión social para que un país avance, se genera malestar y sensación de abuso e injusticia, y eso tenemos que tratar de recuperar. Las innovaciones de esta ley es que se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activo, y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse el libertad. Todo delito económico será sancionado con una multa, además de la sanción penal”.

Por último, el Mandatario destacó la transversalidad en el apoyo parlamentario a la iniciativa, y dijo que el requerimiento presentado por la CPC ante el TC terminó fortaleciendo la normativa.

“Contó con la participación y trabajo de un grupo de académicos. No debe haber espacio para cometer delitos ni defraudar la fe pública. Es cierto que el haber recurrido por parte de gremios empresariales a todas las instancias, termina por fortalecer esta legislación. Lamento que a la hora de avanzar en justamente legislaciones de estas características no nos sumemos todos. Hoy estamos promulgando una legislación, moderna, adecuada y muy positiva. Tenemos un sistema más sólido para tener un Chile más justo”, concluyó.

Tras participar en la ceremonia de promulgación, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, dijo que no hay que generalizar y cuestionar a todo el sector empresarial.

“El nuevo estatuto ayudará a transparentar con mayor claridad las diferencias que existan entre quienes hacen el trabajo como debe ejecutarse bien hecho, de manera responsable y con apego a la legalidad, y quienes en su accionar transgreden la ley, y con ello afectan el medio ambiente, compiten de manera desleal, falsean información, abusan de su posición, defraudan a personas, al Estado o a otras empresas, o se enriquecen de manera ilícita”, sostuvo la dirigente gremial.

Y por otro lado, aclaró que el sector comercio tiene legítimas aprensiones respecto de algunos aspectos de la nueva ley.

“No podemos dejar de mencionar nuestras legítimas inquietudes relacionadas con el tratamiento más severo que se da a las causas económicas, incluyendo personas naturales y personas jurídicas en comparación con otros delitos de alta connotación pública en nuestro derecho penal, que deberán irse resolviendo bien por la jurisprudencia, bien por futuras modificaciones legales si aquello es necesario”, indicó.

La recién promulgada normativa establece cuatro categorías de delitos, para tipificarlos como delitos económicos. La ley establece que, determinados delitos, por su naturaleza, deberán siempre ser considerados económicos, y otros delitos, en principio comunes, tendrán esa calidad cuando sean realizados por determinadas personas bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, establece modificaciones en la determinación de la pena, un sistema especial de cumplimiento sustitutivo, determinación y cuantía de la multa, e inhabilitaciones especiales, como por ejemplo para ejercer un cargo público.

Además, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. De hecho, establece un párrafo denominado “atentados contra el medio ambiente”. Las penas para estos delitos pueden llegar, en los casos más graves, hasta el presidio mayor en su grado mínimo.

La legislación considera además que las condenas por delitos económicos consideran el comiso de ganancias.

Por último, la ley realiza modificaciones de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ampliando el catálogo de delitos base que pueden dar lugar a responsabilidad por incumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión de la compañía.

El senador Matías Walker, autor de la iniciativa, destacó que se haya promulgado la ley.

“Estoy muy contento que por fin se ha promulgado nuestro proyecto de ley que sanciona todos los delitos económicos y que sistematiza también los atentados contra el medio ambiente –como la contaminación de las aguas- y aumenta la responsabilidad de las personas jurídicas, no sólo de las empresas sino también la de los partidos políticos y de las corporaciones”, señaló Walker.

Y luego agregó que “esta ley contempla penas privativas de la libertad a delitos tan grandes como la colusión; pensemos en la colusión de las farmacias, de los pollos, de los medicamentos. Además, contempla una agravante de responsabilidad penal cuando los delitos afectan a los grupos más vulnerables de la población”.

Susana Sierra, CEO de BH Compliance, indicó que “aunque la Ley de Delitos Económicos incorpora nuevos delitos, no todos son aplicables a una misma empresa, sino que cada una deberá analizar cuáles les son aplicables según su giro e incorporarlos en sus matrices de riesgo, aplicando los controles respectivos. Además, aquellas que han trabajado la prevención de delitos a través de programas de compliance sólidos tienen gran parte del camino avanzado. Precisamente, con esta ley los programas de compliance cobran más relevancia que nunca, ya que protegen a la compañía y a sus directivos, convirtiéndose en un verdadero seguro al generar la evidencia que demuestra que estas han cumplido con su deber de prevención, supervisión y dirección”.

El abogado Héctor Hernández, del estudio Colombara, indicó que la recién promulgada iniciativa trae importantes desafíos.

“La nueva ley de delitos económicos trae aparejado importantes desafíos, tanto para la profesión legal como para la judicatura. Se requiere más sintonía fina a la hora de valorar las responsabilidades penales. Lo mismo a la hora de enjuiciar y al momento de determinar las penas, pues la pena de cárcel estará ahora más presente”, señaló.

Verónica Benedetti, Socia de Forensic en Deloitte, señaló que “si bien existen puntos relevantes y críticas respecto a la redacción de algunos delitos en particular, en el fondo la nueva ley apunta a la prevención efectiva de delitos económicos, las negativas consecuencias sociales de este tipo de delito y a enfrentar la percepción de impunidad que existe respecto de los llamados delitos de cuello y corbata. Las empresas que logren diseñar e implementar las medidas efectivas de prevención que dispone la Ley podrán reducir la probabilidad de comisión de delitos, eximirse o atenuar la responsabilidad de las personas jurídica, lo cual termina siendo positivo para las empresas y el funcionamiento del mercado en general”.