Buena gobernabilidad: ni caballo de Troya ni torre de Babel

Comienza un nuevo gobierno con su esperanza a cuestas. Pues en el último tiempo la conflictividad política ha ido en ascenso mientras el progreso económico va en dirección contraria. Sería ciego no relacionar ambos fenómenos; ha sido cada vez más difícil consensuar un camino común y el proceso legislativo está estancado en las grandes definiciones.

Coincidentemente la Convención Constitucional ha entrado en tierra derecha. El pleno parece moderar la polarización de las comisiones, pero aún queda paño por cortar. Es previsible, y creo conveniente, que las definiciones más precisas sean reenviadas a la ley y que los preceptos constitucionales puedan interpretar a la mayoría, mientras el proceso legislativo define sus contornos más precisos. Así, un gobierno de centroderecha podría orientar las leyes hacia sus propuestas para el país, al igual que uno progresista. Eso es lo que no se logra en el actual ordenamiento, con definiciones pendientes y reformas trabadas.

El proceso de formación de la ley, pilar de la gobernabilidad, debiera por tanto adquirir un rol central. Dos temas asoman claves: las atribuciones de las dos cámaras y el modo de postulación a ellas.

La convención se ha inclinado por la bicameralidad, aunque resta precisar las atribuciones de cada una. Ha propuesto el reemplazo del actual Senado por una cámara territorial, con igual representación de cada una de las regiones. Me parece una idea adecuada. La existencia de una Cámara Alta es natural en los países federales, donde la identidad de cada región es fuerte y exige un lugar donde relacionarse con las otras en un plano de mayor equidad, sin que las menos pobladas se subordinen a las más densas. Pero, para no distorsionar el principio de igualdad del voto, las cámaras altas se abocan principalmente a materias de carácter regional (Alemania, por ejemplo). Esto ha ocurrido así en los países con regímenes parlamentarios. Más problemático ha sido empero en los países con sistema presidencial, donde se ha planteado la bicameralidad como un contrapeso al Poder Ejecutivo.

El problema con esa postura es que la desigualdad del voto, característica de la Cámara Alta, la convierte en una institución conservadora, habida cuenta de que son las zonas más pobladas, con grandes ciudades, las que tienden a favorecer posturas progresistas. Esa ha sido la tónica en el senado francés y en el de Estados Unidos (EE.UU.); pero mientras en Francia (estado unitario descentralizado) se han concedido mayores poderes a la Cámara Baja, en EE.UU. se continúa con un senado espejo. Excede este espacio analizar las razones, pero cabe recordar que ha sido exigencia de los estados más conservadores.

América Latina, que siguió a EE.UU., tiene -salvo pocos como Costa Rica, Ecuador y Perú- esquemas bicamerales espejo. Y esto, en países tanto federales como unitarios. Los senados han sido por regla general una reserva contra mayoritaria de la élite (apoyada en su forma de elección). Un caballo de Troya. Europa avanzó durante el siglo XX en eliminar ese rasgo, pero también en descentralizar, aún en estados unitarios, y dar en la Cámara Alta efectivo poder a las regiones. Es hora que nos pongamos a tono.

Pero las primeras propuestas sobre el modo de postulación a la Cámara Baja son preocupantes. Si bien es de celebrar la paridad y los escaños para los pueblos originarios, la idea de que los movimientos sociales, por región, puedan postular candidaturas generaría una total segmentación. Desde 2015 se exige a los partidos ser programáticos, nacionales, traspasar un umbral de votos, tener propuestas país conocidos por lo(a)s votantes y poseer una organización interna democrática (en lo que aún falta avanzar). La ciudadanía delega su soberanía en el Parlamento y los representantes legislan sobre aspectos que afectan a la nación toda, en las más múltiples dimensiones. Por lo mismo, quien vota tiene el derecho a saber cuáles son las posturas de sus candidatos en todos estos ámbitos, a objeto de que el voto sea informado. Aún más, debe ser el caso que el representante se ajuste al referente que lo postula durante su ejercicio. Por ello el requisito de democracia interna, pues deberá ser el conjunto del partido el que asegure que sus parlamentarios tengan una conducta acorde con los principios que suscribieron. ¿Cómo puede ser eso posible en referentes solo regionales, de los que desconocemos sus propuestas país? ¿Cómo se daría eso en estructuras donde la democracia interna no esté garantizada y cada parlamentario se rija únicamente por su voluntad?

Por último, pero no menos importante, ¿cómo podría llegar a acuerdos una cámara política con una multiplicidad de referentes, muchos con vocación identitaria o solo local? Los partidos cumplen una función insustituible de mediación pues, al tener un carácter programático y nacional, priorizan entre los múltiples aspectos que serán objeto de examen, relevando algunos y postergando otros. Es cierto que su democracia interna ha dejado bastante que desear. Pero entonces forcemos su apertura, transparencia y rendición de cuentas, internas y externas, en lugar de reemplazarlos por una miríada de referentes, caudillos y liderazgos locales sobre los que la ciudadanía no tendrá control alguno. No construyamos una torre de Babel.