La constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) pidió su proceso de liquidación acusando un mal momento para la empresa, condiciones del mercado desfavorables y apuntado al gobierno como uno de los responsables. La firma con 65 años de historia, que está detrás de proyectos emblemáticos como el Estadio de Playa Ancha en la Región de Valparaíso y el Centro Cultural Gabriela Mistral en la Región Metropolitana, entre otros, dijo sentirse frustrada y dolida tras anunciar su quiebra.

Desde CVV justifican su situación por “problemas estructurales de la industria de la construcción” y “burocracia de los mandantes públicos para gestionar pagos”.

“En términos prácticos se desmovilizarán 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, serán desvinculadas más 2.500 personas y habrá impacto sobre productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño. El volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a los $58 mil millones”, precisaron por medio de un comunicado.

El golpe no solamente repercute al sector de la construcción, también al Estado, ya que ambos tenían acuerdos para impulsar obras públicas ya en desarrollo. En esa línea, la firma arremetió contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric y ante la cartera del Ministerio de Obras Públicas que encabeza el secretario de Estado, Juan Carlos García.

“La decisión del Ministerio de Obras Públicas, de reajustar retroactivamente sus contratos; medida solicitada hace meses por la compañía; es tardía para Claro Vicuña Valenzuela. Obras que estaba desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el Bypass de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras”, disparó la empresa por medio de un comunicado.

Finalmente, la constructora fundada por Gustavo Vicuña Salas en 1957, junto a sus amigos Jorge Claro Lira y Andrés Valenzuela Vial, terminó sus palabras afirmando que hicieron todos sus esfuerzos para evitar este momento, pero “la autoridad no sopesó la gravedad de la situación y hoy llegamos al punto de no continuar con nuestras operaciones”. No obstante, CVV también reiteró que los problemas de la industria y situación la firma en particular fueron factores que jugaron en contra.

CVV a lo largo de su historia se concentró principalmente en la infraestructura pública, pero también cuenta con obras en el sector de la minería, concesiones, inmobiliario, energía y forestal, según recopila un trabajo académico de postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

La constructora detalló su mal momento ante un escenario de aumento de precio de los materiales; menor disponibilidad de mano de obra; inflación e interrupciones en la cadena logística que bajó los stocks de disponibilidad de materiales.

“Todos estos factores afectaron la continuidad de las operaciones, la productividad de los proyectos y la eficiencia en el uso de recursos, teniendo como consecuencia de todos estos factores, un impacto relevante en los costos y plazos de las obras”, agregó la firma.

Mientras que, por el lado de la causal de la burocracia, la empresa criticó el “atraso en el curso de los estados de pago mensuales con su respectivo incumplimiento de la ley de pago a 30 días y retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar. A esto se sumó la no recepción y finiquito de obras terminadas. Con implicancias en retención de estados de pago, así como la no devolución de boletas de garantía”.

CVV en su solicitud de liquidación ante el 9º Juzgado Civil de Santiago ocupó de ejemplo lo sucedido en la obra de “bypass de Castro”. En el texto se explica que la empresa tomó el proyecto con el compromiso de que los problemas que obligaron a la firma anterior a dar un término anticipado del proyecto no se repetirían.

“No se cumplió y las paralizaciones originadas en hallazgos arqueológicos impidieron la continuidad operacional de la obra generando retrasos y mayores costos que hasta la fecha no han sido pagados a la empresa (...) no se obtuvo ninguna solución para la empresa que igualmente dio avance al desarrollo de la obra que presenta hoy un 73%”, puntualizó, y agregó que por este proyecto se espera un pago atrasado de $3.196 millones por parte del MOP.

Otro ejemplo que se da es el del proyecto “Puente Ciruelo”, en la Región de Los Ríos: “Esta obra se encuentra terminada y entregada desde principios de 2022 (...) Sin embargo, a la fecha existe una liquidación pendiente del Ministerio de Obras Públicas por $1.378 millones, que no se le han pagado a la empresa”.

CVV también señala que existen otras siete obras ya terminadas y en funcionamiento, que no han podido ser facturadas “por retrasos en el cierre administrativo del mandante. El monto adeudado de estas obras es de $1.166 millones. Algunas de ellas datan de 2018″. También existirían problemas con otros proyectos terminados, entregados y en uso, que se encuentran judicializadas en sus pagos finales.

“Estas situaciones, que se han repetido en los últimos años, han provocado un impacto relevante frente a la imposibilidad de contar con ingresos, afectando el capital de trabajo disponible para la ejecución de nuevos contratos”, agregó.

Entre los proyectos que hoy son un dolor de cabeza para la firma y que les significa estar en un proceso judicial pendiente son la construcción del Complejo Fronterizo Chungará, el estadio Ester Roa de Concepción, el Hospital de Puerto Aysén y el Hospital de Hanga Roa.

“En el caso de algunas de las obras mencionadas, los mandantes tienen retenidas boletas de garantía, negándose a poner término o finiquito a los contratos. Esto ha obligado a CVV a mantener vigentes estas boletas con el enorme costo financiero que ello involucra. Lo que para un mandante puede ser un simple papel, para la empresa ha tenido una carga financiera que asciende a $3.442 millones”, complementó.

La firma nacida en Concepción ya venía mostrando señales de estar pasando malos momentos antes del anuncio. Según informó Bío-Bío días atrás, el puente Bicentenario sobre el Bío Bío en el Gran Concepción, los arreglos en Colón en Talcahuano y un by pass en Los Lagos estaban paralizadas.

En tanto, su página web aparece como un sitio en mantención y su última actividad en Linkedin está relacionada con ofertas de trabajos de hace un mes para sus obras en desarrollo.

Ante eso, la constructora se suma a la crisis que vive Sencorp, la empresa ícono de “Sanhattan” que se encuentra en medio de un proceso de reorganización judicial.

CVV explicó en su solicitud de liquidación que trataron de revertir el mal momento: “inyectando importantes recursos por parte de los accionistas, reducir los gastos fijos, reducir sus ingresos y su actividad y negociar con los proveedores sus plazos de pago, pero estas acciones no han sido suficientes”.

En consecuencia, desde la firma dijeron que la compañía tiene un estado de baja liquidez que los empujó al proceso de liquidación voluntaria.

Ahora la CVV comenzará un proceso que les permita la liquidación de sus activos, obtener el pago de lo adeudado por sus mandantes, continuar la tramitación de reclamaciones a ciertos mandantes, de juicios vigentes y propender al pago de los acreedores.